Hay gobiernos que creen que el Estado, o sea sus funcionarios, pueden decidir mejor que la gente cómo tiene que trabajar o manejar sus negocios; por lo tanto, intentan regular todo en la economía. La Argentina es un claro ejemplo de este tipo de gestiones, ya que la mayoría basaron sus políticas en esta idea; por ende, no debería extrañarnos que se hayan podido relevar más de 67.000 regulaciones, que siguen aumentando día a día. Lo más notable, es que esos mismos gobiernos cuando asumen siempre ponen como uno de sus principales objetivos tener un país exportador e, incluso, con ventas externas diversificadas. Sin embargo, cuando dejan el poder, el resultado siempre es el contrario al que anunciaron; lo que no debería extrañar, ya que repiten siempre los mismos errores. Un reciente ejemplo de este fracaso es la enorme y permanente caída de las ventas externas durante la presidencia de Cristina Fernández, US$26.000 millones, -32%, entre 2011 hasta 2015.

Hay una creencia generalizada entre los que opinan que es el Estado el que debe decidir todo en la economía e, incluso, también en la vida de los habitantes del país: “Si esas políticas fracasaron antes, es porque los otros las implementaron mal”. Pero ellos lo harán bien y obtendrán un resultado distinto. El problema es que, si adelante hay una pared y atrás hay una puerta, el que intente salir de la habitación hacia adelante, solo se romperá cabeza.  Lamentablemente, en general, nuestros funcionarios han sido y son cabezas dura; pero, lo peor, es que su terquedad termina “doliéndole” a la gente, en especial a los más pobres.

Esa es la historia de las retenciones impositivas o las restricciones a las exportaciones; que siempre han significado un desincentivo a producir el bien afectado; por lo tanto, terminan impactando negativamente en las ventas al exterior. Lo mismo pasa con los “cepos” que no son otra cosa que una retención cambiaria; ya que el que produce recibe un dólar oficial, artificialmente fijado, que no reconoce todo lo que perdió de poder adquisitivo el peso. Para saber qué porcentaje de quita a sus ingresos implica, habría que calcularlo viendo cuántos dólares menos podría comprar en el mercado paralelo con lo que le pagaron al valor “cepo” por US$100 exportados. En la actualidad, podría adquirir alrededor de US$60, o sea que cualquiera que produce un bien y servicio que se exporte perdió alrededor de 40%, que se los quedó el Banco Central (BCRA) si se vendió afuera, o el consumidor local si se colocó en el mercado doméstico. Esto es así porque el producto se puede vender afuera o adentro y siempre el valor interno tendrá un techo en lo que se podría recibir del exterior; porque, si no, se venderá localmente.

Ahora, como dijimos, están las retenciones impositivas que también disminuyen el valor de lo que se produce. Por ejemplo, si sumamos ambas retenciones, quien produce soja terminará recibiendo alrededor de un 40% de lo que verdaderamente debió ser su ingreso. El resto, por lo exportado, se lo repartieron entre el BCRA y el gobierno y, por lo vendido localmente, se lo embolsaron los que lo compraron para consumirlo en Argentina.

Un punto importante es que ambas retenciones son gravámenes que se aplican sobre el ingreso y no sobre la ganancia de alguien. Luego, con lo que recibe, el productor debe pagar todos sus costos, los mismos impuestos que su vecino que hace otra cosa e intentar sacar lo suficiente para vivir. Por lo tanto, esto es una verdadera, exuberante e injusta confiscación a los productores.

Las restricciones a exportar, como las impuestas sobre la carne, tienen el mismo efecto doméstico que una retención impositiva; ya que, al limitarse las exportaciones, lo que no se pudo vender afuera se colocará internamente haciendo bajar el precio local. En este caso, la pérdida de ingresos que harán los productores se la quedarán los exportadores, por lo vendido afuera, y el resto se lo quedarán los consumidores argentinos. Ambos, al poder comprar artificialmente barato, estarían recibiendo un subsidio que sale directo del bolsillo del que produjo el bien o servicio en cuestión y va al del que lo compró localmente. En este caso y en todos los subsidios analizados antes, ni siquiera se puede decir que el que lo recibe está peor que el que lo paga; lo que lo hace aún más injusto.

Las retenciones impositivas fueron una nefasta realidad argentinas la mayor parte del tiempo en las últimas décadas. Incluso, las cambiarias también lo fueron. En los últimos 80 años, hubo 25 controles de cambios o “cepos”, incluidos el actual. Todos los que se intentaron mantener en el tiempo, 23, terminaron mal o, incluso, en crisis. El impuesto por Cristina Fernández no terminó en desastre porque asumió un nuevo gobierno que se planteó salir rápidamente y pudo hacerlo con un costo moderado. Lamentablemente, no existe salida “gratis” de un control de cambio.

Sin embargo, en 2019 se volvió a imponer un “cepo” y la actual gestión considera que lo mejor es mantener en el tiempo la “administración de los dólares de la Argentina”. Interesante concepto, ¿alguien vio alguna vez a la Argentina generando divisas? Yo, nunca. Sí sé de gente que trabaja duramente para producir y exportar esos bienes; por los que recibe dólares que son de ellos. Así que deberían hablar apropiadamente. Ellos tienen que administrar los dólares que producen otros para poder quedarse con parte de su valor y, de esa forma, mantener un sector público excesivo.

El BCRA produce papeles pintados, sin valor en sí, y con eso financia los excesos de gasto del gobierno. ¿Magia? No, como los argentinos no demandamos esos pesos, baja su valor, al igual que con cualquier cosa que se produzca más de lo que la gente quiere. El problema es que esto implica que la moneda local que tenemos ahorrada o cobramos de sueldo pierde poder adquisitivo, que es el que se transfiere al Estado para que pueda gastar de más; por eso algunos lo llaman “impuesto inflacionario”.

Para evitar que esa pérdida de valor del peso se traslade al tipo de cambio, es que se imponen los “cepos”. Al permitirle al BCRA que decida a quién puede comprarle y quién no las divisas que obliga a todos a venderle, puede fijar el precio del dólar oficial artificialmente bajo, evitando mostrar todo lo que se depreció la moneda local. De esta forma, puede seguir financiando al gobierno y vendiéndole divisas baratas para pagar sus deudas. Claro, este esquema es adictivo para los políticos y, por eso, no lo quieren abandonar.

Sin embargo, quitarle poder adquisitivo a la gente para financiar al Estado implica empobrecerla. Por otro lado, al desincentivar la producción y la inversión en los sectores más eficientes de la economía, la creación de empleos productivos y los salarios son cada vez menores; por lo que también lleva a que todos los habitantes del país sean cada vez más pobres. Entonces, cuando ven que cada vez tienen más dificultades para comprar cosas, les ponen más retenciones o restricciones a las exportaciones. En el corto plazo, este parche logrará aliviar la situación; pero agrava la desinversión y la pérdida de producción, empobreciendo más a los argentinos y aumentando su dificultad para comprar lo que necesitan, no porque sea caro, sino porque son cada vez más pobres.

Está probado a lo largo de la historia de Argentina y del mundo, que estas políticas económicas llevan a una caída de la inversión, producción, las exportaciones y del bienestar de la gente. Siempre han fracasado. Lo trágico es que, en nuestro país, nuestros funcionarios siguen tropezando con la misma piedra, con el consecuente doloroso porrazo para todos los argentinos; mientras que otros países aprendieron a esquivarla para poder brindarles más oportunidades de progreso a su gente.

Revista Desafío Exportar

Fuente: www.NetNews.com.ar