De repente la hidrovía se transformó en foco de inusitado interés. Opinando como si supieran, los arribistas ideologizados de siempre vociferan en pose de experto consignas sin sentido con las que sólo pueden alinearse quienes conocen del tema aún menos que ellos.

Si hay una soberanía que cuidar y defender en nuestros ríos, ésta no pasa precisamente por quién realiza las tareas de mantenimiento y dragado sino por quien navega sus aguas (que, como venimos advirtiendo desde hace tiempo, no somos los argentinos). ¡Y claro que el Estado puede hacer mucho al respecto, pero esas funciones lejos están de tener que ponerse a escarbar por él mismo los sedimentos que se acumulan en el fondo del lecho!

Sólo un lego podría sugerir que, sin infraestructura ni experticia, el Estado Nacional asuma ese trabajo. Hacerlo, además, alegando cuestiones de soberanía, ya no sé si es de necios o de malos.

Poner en riesgo la circulación de esta vía podría representar pérdidas millonarias, tanto para las economías regionales como para el Estado. Ninguno de los 4500 buques que ingresan anualmente a cargar los 100 millones de toneladas de mercaderías que se movilizan por la vía troncal avanzará por ella si no están garantizadas las condiciones de navegabilidad. Esto supondría tener que trasladar la carga que por allí circula hasta los puertos de Montevideo (Uruguay) o de Brasil - más accesibles y seguros -, con el consiguiente sobrecosto logístico y pérdida de competitividad, además de comprometer la única fuente genuina de dólares que nuestro país posee en la actualidad. Cualquier incidente ocasionado por un mantenimiento deficiente de este canal navegable podría causar, asimismo, un serio perjuicio a todo el comercio internacional (recordemos, si no, el reciente episodio en el canal de Suez) y significaría tirar por la borda décadas de construcción en la materia.

Apelar discursivamente a la soberanía no hace más que embarrar el panorama. Así como el Estado no pierde jurisdicción ni capacidad de control en una carretera por concesionar el bacheo, tampoco las arriesga al licitar el dragado de una vía navegable troncal. El poder de policía, de fiscalización y normativo sigue intacto en manos de los organismos correspondientes (Prefectura Naval Argentina, Aduana, Dirección Nac. de Vías Navebles, etc.) y pretender mezclar los tantos de ningún modo es inocente, sino que responde a otro tipo de intereses ideológicos o personales ocultos.  

Si quisieran levantar las banderas de la causa nacional en torno a la hidrovía, hay una larga lista de pendientes de los que bien podrían ocuparse. Medidas que de verdad podrían significar un hito de soberanía sobre nuestras aguas, hoy inhabitadas por flota argentina alguna.

¿Qué les parece empezar por reactivar la industria naval nacional, desguazada a fuerza de condiciones imposibles? ¿Por qué no ocuparnos, mejor, de recomponer esa marina mercante que, habiendo sido de las más pujantes, hoy ha desaparecido a la sombra de flotas vecinas, como la paraguaya y la boliviana?

A medida que nuestro país fue maltratando al sector, desincentivando la inversión privada y gravándola con cargas fiscales inauditas y trabas burocráticas, Paraguay y Bolivia recorrían el camino inverso: promovieron la industria naval y la marina mercante e hicieron de ellas una política de estado. El resultado: hoy tienen la hegemonía en nuestros ríos.

¿De qué nos sirve tener una vía navegable dragada por el Estado si no tenemos buques argentinos con capitanes y marineros argentinos que los naveguen y transporten la mercadería que producimos y exportamos?

Hace mucho que desde el sector venimos bregando por ello, y nos ha quedado el sabor amargo de la última experiencia: las ansiadas leyes que venían a inyectar algo de estímulo a la actividad quedaron truncas por el ajuste macrista. Mesas (y meses) de trabajo, propuestas, consensos, malogrados por el veto absurdo de los artículos principales, los que habrían permitido empezar a desarticular esas asimetrías (fiscales, impositivas, administrativas, regulatorias…) que tanto nos han perjudicado frente a otros países de la región. Si queremos tener presencia y dominio en ríos y mares, un buen lugar para empezar sería la reglamentación de la Ley de Marina Mercante (27.419) y la restitución de las medidas de incentivo y fomento tan necesarias.

Cerca de 5000 millones de dólares se nos van por año en fletes, a manos de buques extranjeros que navegan nuestros ríos y cargan nuestra producción. También arrastran toneladas de oportunidades: miles de puestos laborales que no creamos, capitales que dejan de invertirse en el país, industrias conexas que no despegan, un potencial de desarrollo que permanece inactivo y se degrada.

Dejemos de perder el tiempo en consignas de dudosa épica y pongamos manos a la obra: la verdadera gesta heroica consiste en ponerse en marcha con decisión y políticas de largo plazo que ayuden a la marina mercante a desarrollarse. Ya vimos que los extremismos ideológicos no nos llevan a ninguna parte. Si queremos hacer PATRIA, pongámonos a trabajar. La soberanía de un país se defiende generando trabajo genuino para sus ciudadanos, disminuyendo la pobreza, eliminando la inflación, poseyendo una moneda fuerte y estable, garantizando un sistema de salud integral y una educación de excelencia para TODOS.

Revista Desafío Exportar

Fuente: www.NetNews.com.ar