Viernes, 14 de Noviembre de 2025 | 20:04
Existe una regla sencilla en ingeniería fluvial (y en economía, y en la vida) que dice que si la naturaleza te muestra un camino más barato y mejor para navegar, cualquier propuesta que lo ignore debería traer consigo una explicación técnica contundente y no un apremio por “equilibrios políticos” ni favores a proveedores con capacidad de capturar la licitación.
Analizar este escenario requiere entender que Argentina se encuentra en un mundo radicalmente diferente, con un nuevo orden geopolítico y económico. La "pérdida de la hegemonía del dólar" no significa su desaparición, sino su conversión en una moneda importante entre varias, en un sistema monetario multipolar.
En 2024, las exportaciones argentinas de bienes y servicios fueron de US$ 96,8 mil millones (*). En este contexto, la propiedad intelectual (IP) representa un recurso subexplotado que puede generar ingresos adicionales, abrir mercados internacionales y potenciar la rentabilidad del negocio. Esto plantea una pregunta clave para cualquier empresa: ¿cuánto más podrían crecer sus exportaciones aplicando monetización estratégica de su IP?
La economía argentina se ha caracterizado por un limitado horizonte de planeamiento y por las dificultades políticas para mantener el foco en las prioridades económicas del mediano y largo plazo. En efecto, las crisis macroeconómicas recurrentes son el efecto visible de la incapacidad del país para lograr consensos, abandonar cambios pendulares y avanzar en su desarrollo.
Se presenta un breve resumen de una parte del trabajo en curso presentado en Octubre 2025 en el Congreso de la Caribbean Shipping Association (CSA) en Paramaribo, Suriname y que está siendo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sabemos que aproximadamente el 80% del comercio exterior depende absolutamente del transporte marítimo, en este contexto, el derecho marítimo internacional se ha transformado en una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad de las operaciones y la protección ambiental, temas que se han tornado centrales en la agenda actual de los estados.
En un paso clave para impulsar la capacitación continua y la actualización técnica de los profesionales del sector marítimo, la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante firmaron un acuerdo de cooperación técnica y profesional.
El riesgo es inherente a todo proceso y actividad humana y está presente en todos los sistemas desde los más simples hasta los más complejos, pues en cualquier acción existe cierta incertidumbre debido a circunstancias que no es posible controlar anticipadamente. De acuerdo a una definición general de riesgo se puede entender como la proximidad o posibilidad de que suceda un daño o perjuicio. Claro está que el riesgo no es posible eliminarlo, sino lo que se busca en cualquier situación es identificarlo, evaluarlo y gestionarlo de manera tal de mitigar sus efectos.
Un estudio conjunto de IAE Business School e IDEA, realizado entre 165 empresas de diversos tamaños e industrias con operaciones en la Argentina, pone en evidencia un problema estructural: la oferta de talento no se corresponde con las demandas reales de las organizaciones.
Mientras el capital de la logística del camión de Argentina invierte año a año más de 2.000 millones de dólares en camiones, acoplados y semirremolques nuevos, y en cientos de inversiones logísticas, desde hace 20 años que el ferrocarril se autopromete volver a ser grande a partir de un modelo que es definitivamente deficitario: El open access.
En los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser un concepto futurista para convertirse en una herramienta práctica, al alcance de cualquier empresa. En comercio exterior, un sector históricamente cargado de trámites, normativas y procesos largos, la IA puede marcar la diferencia entre sobrevivir o crecer.
Ítalo D’Amico presentó las nuevas enmiendas al Convenio SOLAS que harán obligatorias las normas de seguridad para el transbordo de prácticos a partir de 2028
En medio de un reclamo popular que exige auditar organismos públicos y de una transformación impulsada por la Ley Bases que abarca a 58 empresas estatales -la mayoría salpicadas de corrupción- la Administración General de Puertos (AGP), ahora rebautizada como Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPYN), sorprendió a todos y auditó en tiempo récord al Puerto de Ushuaia.
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