Miércoles, 16 de Octubre de 2024 | 01:31
PRODUCCIÓN 10.07.2023

Saqueo a mar abierto: Revelando los vínculos corruptos entre políticos y empresarios pesqueros

Roberto V. Maturana  Por Roberto V. Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador.

Los empresarios pesqueros son socios del estado, pero sólo participan de las ventajas que este les otorga a través de permisos de pesca. Estos permisos les dan acceso a recursos pesqueros del patrimonio alimentario del Mar Argentino, en cupos de capturas que pasan a ser millones de dólares en pescado, activo millonario de las empresas. Las empresas cotizan por los cupos de capturas y permisos de pesca que pueden transferir onerosamente sin ningún tipo de monitoreo a empresas propias, ajenas, seudo extranjeras.

La Ley

La Ley Federal de Pesca 24922, (LFP) estableció la creación de un Consejo Federal Pesquero conformado por un integrante de cada provincia con litoral marítimo. Pero de federal no tienen nada. Sus integrantes son lobistas de cada feudo pesquero marítimo que está allí para operar por mayores beneficios para sus empresas millonarias. Si el espíritu de la Ley se respetara debería haber en cada votación un integrante de cada provincia de la Nación para equilibrar votos y controlar a quienes siendo testaferros de sus grupos empresarios no defienden los recursos alimentarios soberanos y mucho menos al medioambiente.

Queda claro que la LFP está literalmente manejada desde Menem a la fecha por los empresarios para su beneficio porque no hay estado que defienda al estado "de sus socios": quienes deberían aplicar la Ley sancionando tal como la normativa establece, perjudicarían a sus grupos empresarios u otros armadores de sus feudos.

 

Recordemos el articulado de la LFP. ARTÍCULO 17.- La pesca en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, estará sujeta a las restricciones que establezca el Consejo Federal Pesquero con fundamento en la conservación de los recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañinos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico. ARTICULO 21.- La Autoridad de Aplicación determinará los métodos y técnicas, equipos y artes de pesca prohibidos. Quedan especialmente prohibidos en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, los siguientes actos: … m) Arrojar descartes y desechos al mar, en contra de las prácticas de pesca responsables; n) Realizar capturas de ejemplares de especies de talla inferior a la establecida por la normativa legal vigente o declarar volúmenes de captura distintos a los reales, así como falsear la declaración de las especies;  ñ) Superar la captura permitida por encima del volumen de la cuota individual de captura; o) Realizar toda práctica que atente contra la sustentabilidad del recurso pesquero y contra las prácticas de pesca responsable, de acuerdo con lo que determine la Autoridad de Aplicación en consenso con el Consejo Federal Pesquero. ARTICULO 49.- Las infracciones a las leyes, decretos o resoluciones que regulen las actividades vinculadas con los recursos vivos del mar y ríos bajo jurisdicción argentina, se trate de buques nacionales o extranjeros, serán sancionados por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley. ARTICULO 52.- Cuando la gravedad de la infracción así lo justificare, podrá aplicarse al armador del buque además de las sanciones previstas en el artículo anterior, la suspensión de su inscripción, la que podrá alcanzar a la totalidad de los buques que operen en la actividad pesquera.

 

La trampa

Habiendo transcrito algunos Artículos de la LFP demostraré la impunidad absoluta que gozan las empresas pesqueras. Según reveladores datos recopilados por la prestigiosa Fundación Vida Silvestre, solo de la codiciada especie merluza, más de 110 mil toneladas de pescado fresco y en óptimas condiciones son desechadas anualmente en el océano. Pero si consideramos todas las especies descartadas, esta cifra se dispararía hasta alcanzar un tercio del total de la pesca anual, acumulando un desorbitante montante de 250 mil toneladas de alimentos en perfecto estado, condenados a una muerte inútil en las aguas. Este no es un delito cualquiera. Esto es un crimen, sistemático y consciente contra el ambiente y quienes lo habitamos, seamos humanos o no humanos, que compromete a las generaciones actuales y futuras, porque se dilapida el patrimonio alimentario de la nación menoscabando su independencia económica, abroga un derecho fundamental como es alimentarse, y aniquila la seguridad de nuestras vidas. Tenemos de los pocos caladeros aun vivos y sus recursos pertenecen a los ciudadanos. Los funcionarios como meros administradores debieran cumplir la ley: no lo hacen, transfieren el patrimonio alimentario nacional a privados para su propio beneficio y continúan en sus puestos.

Frente a la abrumadora realidad de millones de personas sumidas en la pobreza e indigencia, el DESCARTECIDIO no puede ser considerado un crimen ordinario. Es un delito que engloba distintas figuras penales que el Estado pretende esquivar como una simple infracción. En distintas legislaciones nacionales e internacionales se tipifica como ECOCIDIO. No cabe duda que si se incorporara esta figura sería más difícil de esquivar, pero ante el historial de impunidad nacional las consecuencias las padecemos en nuestras vidas cada vez más indignas en una democracia devenida en cleptocracia.

 

¿Motivos?

Desde la perspectiva empresarial, se trata de una cuestión puramente numérica. El objetivo principal para los empresarios es capturar la especie deseada, como el langostino, por ejemplo. Todo lo que se atrape en las redes y no sea langostino, sin importar la especie ni su valor proteico, es desechado al mar. Esto incluye abadejos, merluzas, meros, congrios, pescadillas, gatuzos, rayas y cualquier otra criatura marina, sin considerar su tamaño o su potencial aprovechamiento. Simplemente se descarta porque es más barato que el langostino.

Sin embargo, es importante destacar que todo este descarte podría tener un propósito significativo. Los pescados pequeños, espinosos o de bajo valor en el mercado internacional son utilizados para la elaboración de productos como la pasta de pescado (surimi), siendo los palitos de kanikama uno de los ejemplos más conocidos. Y por supuesto podría tener fines sociales: el estado podría comprar esa pesca para convertirla en hamburguesas de altísimo valor protéico para comedores escolares o comunitarios.

 

Los buques pesqueros deben llevar según las normas, mallas de redes que permitan escapar a peces más pequeños evitando así acciones depredatorias. No lo hacen porque los funcionarios han suspendido el uso de dispositivos de escape de juveniles. Quiénes debería controlar el cumplimiento de esta ley como así también la de descarte, la de tirar deshechos contaminantes (cajones plásticos u otras artes) a bordo de las embarcaciones son los "inspectores de pesca". A la vista está su inacción y se dice que 220 mil motivos por viaje que dura cinco días, los haría ciegos, sordos y mudos. Con o sin motivos a la vista está su inoperancia, basta ver las gaviotas volando y zambulléndose al lado del buque a buscar los pescados descartados o las playas con más plásticos que arena. Aun así, la Subsecretaría de Pesca acaba de informar la creación del “Sistema Nacional de Inspectores de Pesca” otra mentira más para seguir dilatando la única medida que podría ser efectiva: las cámaras con trasmisión online, en vivo las 24 hs.

Desde el año 2010 la secretaria de Pesca promulgó la Disposición 206/2010 una normativa para que todos los buques pesqueros de la flota pusieran en funcionamiento cámaras a bordo para evitar el descarte de pescado, la contaminación al mar por vertidos contaminantes de sala de máquinas, arrojar basuras al mar, plásticos, etc. Una norma de gran impacto económico/ ambiental. Desde el 2010 las autoridades pesqueras fueron prorrogando la reglamentación y luego su instalación sin poder fundamentar el por qué, aunque confirmando de manera irrefutable la existencia de esta sociedad político- empresario y los 360 millones de dólares al año, o más, para evitar ésta disposición y cualquier otro sistema de control que les limite las ganancias deseadas.

 

"la Subsecretaría de Pesca acaba de informar la creación del “Sistema Nacional de Inspectores de Pesca” otra mentira más para seguir dilatando la única medida que podría ser efectiva: las cámaras con trasmisión online, en vivo las 24 hs"

 

 

La aplicación efectiva de las cámaras revelaría las tropelías depredatorias de la flota pesquera. Se han implementado algunas cámaras, pero las excusas de su no funcionamiento son totalmente inverosímiles dado que en el mundo se usan desde hace décadas y se ha ido perfeccionando al punto de no ser necesario poner a “prueba” el sistema. Simplemente hay que comprarlo, colocarlo y fiscalizarlo.

Pero algunos buques tienen cámaras y los inspectores ¿no las ven? Bastaría usando la conexión satelital que tienen o deberían tener los buques, para trasmitir en vivo al Consejo corrompido, y por qué no, la transmisión en vivo podría ser abierta de forma tal que cualquier ciudadano podría hacer de manera gratuita la labor de contralor que el Estado no puede hacer.

Hagamos un cálculo simple. Desde el 2010 se arrojaron al mar aproximadamente 120 mil toneladas de merluza durante 13 años. Esto quiere decir que se descartaron 1.560.000 toneladas de ALIMENTO DE ALTO VALOR PROTEICO de proteínas que nadie comerá jamás, y de forma absolutamente ilegal (artículo 27 LFP). Solamente contabilizando las 120.000 toneladas de merluza a un promedio de 3.000 dólares la tonelada significa 360 millones de dólares al año en alimento, que multiplicado desde los 13 años da U$D 4.680.000.000,- de dólares arrojados al mar.

Las autoridades pesqueras no pueden aducir que los buques carecen de señal satelital, porque todos los buques pesqueros comerciales tienen sistema de navegación satelital, balsas salvavidas con señales de emergencia satelitales, solo un cable a las cámaras ya instaladas podrían hacer la diferencia de ahorrarnos 4.680.000.000 de dólares en un país que carece de DOLARES, en un país que carece de COMIDA, pero con funcionarios pesqueros y gobernadores de los feudos pesqueros, junto a los integrantes de las comisiones de pesca del Senado y Diputados, de todos sus asesores, de todos los ministros de Agricultura Ganadería y Pesca, de Ambiente, miles de secretarios, directores, en la cara de todos los funcionarios públicos de cada puerto.

La AGN ha auditado a los organismos responsables pero sus auditorias las ha leído Leandro Despouy, un prócer, yo y creo me sobran los dedos de la mano. Supongo que ningún congresista la ha leído porque habría hecho denuncias penales. ¿Los candidatos?

 

 

"nadie explica por qué no están disponibles las cámaras instaladas a bordo para monitorear en tiempo real la pesca, evitar descartes, depredación, contaminación"

 

Nadie explica por qué no están disponibles las cámaras instaladas a bordo para monitorear en tiempo real la pesca, evitar descartes, depredación, contaminación (se arroja además de hidrocarburos, basuras de todo tipo, cajones y plásticos. Por supuesto del impacto del micro plástico en los peces no se habla, menos en campaña. Nuestros científicos lo han estudiado y publican los resultados de sus investigaciones.

El estado es parte fundante de la gran corrupción estructural de la Pesca Argentina que nos condena al hambre, depredados y contaminados. Quedan muy pocos caladeros ricos en el mundo: el Mar Argentino es uno de ellos y de seguir con ésta política corrupta, nuestra Pampa Azul se convertirá en un desierto.

 

 

Video explicativo sobre el descarte de merluza en Argentina realizado por la Fundación Vida Silvestre

 

                         

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar

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