La discusión generada tras el anuncio del nuevo esquema arancelario de Estados Unidos tuvo un eje predominante: determinar cuál sería el porcentaje aplicable a las exportaciones argentinas. Desde esa perspectiva, que el país haya quedado comprendido dentro del nivel arancelario más bajo constituye, sin dudas, un resultado favorable.

Sin embargo, limitar el análisis a la alícuota implica observar únicamente una parte del fenómeno. El cambio más relevante no reside en el porcentaje del arancel, sino en la transformación que está experimentando la política comercial internacional.

Durante décadas, la competitividad de una exportación podía analizarse principalmente a partir de variables relativamente conocidas: el arancel vigente, las reglas de origen, las preferencias derivadas de un acuerdo comercial, los costos logísticos o la evolución del tipo de cambio. Todos esos elementos continúan siendo determinantes, pero dejaron de ser suficientes para explicar las condiciones de acceso a los principales mercados.

Hoy, una misma operación puede quedar alcanzada simultáneamente por distintos instrumentos regulatorios, cada uno con fundamentos jurídicos, objetivos y mecanismos de aplicación propios. A la dimensión estrictamente arancelaria se incorporan exigencias relacionadas con la trazabilidad de la cadena de suministro, la debida diligencia empresarial, la verificación del origen de los insumos y el cumplimiento de estándares regulatorios más específicos.

La consecuencia práctica es que el acceso a un mercado ya no depende únicamente del arancel nominal que corresponde a una posición arancelaria. Depende, también, de la capacidad de la empresa para acreditar que cumple un conjunto de requisitos cuya importancia crece de manera sostenida en los principales bloques económicos.

Ese desplazamiento —del arancel hacia la arquitectura regulatoria que sostiene el acceso a los mercados— constituye uno de los cambios más profundos que atraviesa actualmente el comercio internacional.

 

Cuando distintos instrumentos regulan una misma operación

 

La evolución reciente de la política comercial muestra una tendencia clara: los Estados recurren cada vez con mayor frecuencia a instrumentos jurídicos diversos para alcanzar objetivos que exceden la protección tradicional de una industria o la negociación de preferencias arancelarias.

Por un lado, el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos suscripto entre Argentina y Estados Unidos responde a la lógica propia de un instrumento bilateral. Su finalidad consiste en ampliar el acceso recíproco a los mercados mediante concesiones negociadas entre ambos países, incorporando preferencias arancelarias para un conjunto determinado de productos.

Por otro lado, las medidas adoptadas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en el marco de la Section 301 tienen una naturaleza diferente. No derivan de una negociación bilateral ni constituyen un acuerdo comercial, sino que responden al ejercicio de facultades previstas por la legislación estadounidense para abordar determinadas prácticas consideradas incompatibles con su política comercial. En ese contexto, la administración estadounidense incorporó criterios vinculados con la trazabilidad y el control de determinadas cadenas de suministro, dentro de un proceso más amplio de reorganización del comercio internacional.

Ambos instrumentos pueden incidir sobre una misma operación de exportación, aunque respondan a fundamentos jurídicos completamente distintos. Mientras uno procura facilitar el acceso al mercado mediante preferencias negociadas, aunque aún no vigentes, el otro incorpora requisitos regulatorios adicionales cuya aplicación responde a objetivos diferentes.

Para el exportador, la consecuencia es evidente. El análisis deja de limitarse a identificar el arancel correspondiente a una posición arancelaria. Resulta igualmente necesario comprender qué otros instrumentos pueden condicionar el ingreso del producto y cuáles son las obligaciones específicas que cada uno incorpora.

La política comercial comienza así a organizarse sobre múltiples capas regulatorias que interactúan entre sí sin responder necesariamente a una única lógica jurídica.

 

Una tendencia que también se observa en Europa

El caso estadounidense no constituye un fenómeno aislado. La Unión Europea viene desarrollando, mediante instrumentos propios, una evolución que responde a una lógica similar: fortalecer los mecanismos de verificación asociados al origen de los productos, la transparencia de las cadenas de suministro y la responsabilidad empresarial.

En ese contexto debe analizarse también la implementación del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Aunque el acuerdo mantiene la estructura clásica de un tratado comercial preferencial —centrada en la reducción gradual de aranceles y en la aplicación de reglas de origen—, su puesta en marcha convive con un conjunto más amplio de regulaciones europeas vinculadas con la sostenibilidad, la debida diligencia empresarial y la trazabilidad de las cadenas globales de valor.

Esta coexistencia entre un acuerdo comercial y un entramado regulatorio más amplio constituye uno de los rasgos distintivos de la política comercial europea contemporánea. La reducción de aranceles prevista en el Acuerdo Mercosur–Unión Europea puede mejorar las condiciones de acceso para numerosos productos, pero ello no exime a las empresas de cumplir con las regulaciones horizontales que la Unión Europea aplica a todos los operadores que ingresan a su mercado. En consecuencia, la ventaja derivada de un acuerdo preferencial comienza a depender, en mayor medida que en el pasado, de la capacidad de las empresas para integrar el cumplimiento regulatorio como parte de su estrategia exportadora y no como una etapa posterior del proceso comercial. En otras palabras, la política comercial europea ya no puede analizarse únicamente a partir de sus acuerdos preferenciales, sino también a la luz del conjunto de regulaciones que condicionan el acceso efectivo a su mercado.

No se trata de regímenes equivalentes ni de instrumentos destinados a reemplazarse entre sí. Precisamente por ello, la gestión del comercio exterior se vuelve más compleja. Una empresa puede cumplir plenamente los requisitos necesarios para acceder a una preferencia arancelaria y, al mismo tiempo, verse obligada a acreditar condiciones adicionales derivadas de otros marcos regulatorios aplicables en ese mismo mercado.

La consecuencia es que el análisis de una exportación deja de agotarse en la clasificación arancelaria y comienza a extenderse hacia el conjunto de obligaciones regulatorias que acompañan el acceso comercial. Esta evolución modifica también la forma de entender la competitividad.

Durante muchos años, obtener una preferencia arancelaria representaba el principal objetivo de una negociación comercial. Hoy continúa siendo una herramienta fundamental, pero ya no garantiza por sí sola el acceso efectivo al mercado si la empresa no logra demostrar el cumplimiento de estándares regulatorios cuya importancia aumenta de manera sostenida.

Aunque Estados Unidos y la Unión Europea constituyen hoy los ejemplos más visibles, la incorporación de requisitos regulatorios vinculados con la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la sostenibilidad comienza a extenderse a otras economías relevantes, consolidando una tendencia de alcance global.

Un resultado favorable que merece ser valorado

Sería un error analizar este escenario exclusivamente desde la complejidad regulatoria. En términos comparados, la posición alcanzada por Argentina dentro del nuevo esquema estadounidense constituye un resultado favorable.

En un contexto internacional caracterizado por el incremento de medidas comerciales restrictivas, mantener condiciones de acceso relativamente más competitivas respecto de otras economías representa un activo importante para numerosos sectores exportadores.

Ese resultado refleja, además, que la política comercial continúa ofreciendo márgenes para la negociación y que las preferencias arancelarias conservan un papel relevante dentro de la inserción internacional de los países. Sin embargo, la principal enseñanza de este proceso no consiste únicamente en haber obtenido un tratamiento arancelario relativamente favorable. La verdadera novedad radica en comprender que esas ventajas deberán administrarse dentro de un entorno regulatorio significativamente más complejo que el existente apenas unos años atrás.

En adelante, la competitividad internacional dependerá tanto de la negociación de mejores condiciones de acceso como de la capacidad de las empresas para desenvolverse dentro de marcos regulatorios progresivamente más sofisticados y dinámicos.

 

El nuevo riesgo ya no es sólo macroeconómico

Durante gran parte de las últimas décadas, el análisis de una operación de comercio exterior estuvo condicionado por variables macroeconómicas. La estabilidad cambiaria, la disponibilidad de financiamiento, el costo del crédito, la presión tributaria o la evolución de las retenciones explicaban buena parte de la competitividad de una empresa exportadora.

Esas variables continúan siendo determinantes y siguen condicionando las decisiones de inversión y producción. Sin embargo, el escenario internacional comienza a incorporar un nuevo componente de riesgo que adquiere una relevancia creciente: el riesgo regulatorio.

A diferencia del riesgo macroeconómico, que afecta de manera relativamente homogénea a todas las empresas de un país, el riesgo regulatorio puede impactar de forma diferente sobre compañías que exportan un mismo producto, dependiendo de la calidad de su información, de la organización de su cadena de suministro o de su capacidad para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el mercado de destino. Esta evolución modifica la forma en que debe evaluarse la competitividad internacional.

Un país puede mejorar su perfil macroeconómico y, al mismo tiempo, enfrentar mayores exigencias regulatorias en los mercados donde coloca sus exportaciones. Del mismo modo, una empresa puede beneficiarse de un acuerdo comercial preferencial, pero encontrar dificultades para acceder efectivamente al mercado si no logra demostrar el cumplimiento de determinados estándares vinculados con el origen de sus insumos, la trazabilidad de su producción o la transparencia de su cadena de valor.

La consecuencia es que la gestión del riesgo regulatorio deja de ser una cuestión exclusivamente jurídica para convertirse en un componente estratégico de la competitividad internacional.

 

Friendshoring: cuando la confianza debe demostrarse

Pocos conceptos reflejan mejor esta transformación que el denominado friendshoring. Con frecuencia se presenta como una estrategia geopolítica mediante la cual los países procuran fortalecer sus cadenas de abastecimiento privilegiando socios considerados confiables. Esa explicación es correcta, aunque resulta insuficiente para comprender sus implicancias operativas.

La confianza entre Estados no elimina la necesidad de verificación. Por el contrario, exige que las empresas puedan demostrar, mediante información objetiva, que sus procesos productivos cumplen los estándares requeridos por los mercados de destino.

En ese contexto, la trazabilidad adquiere una función distinta a la que tradicionalmente se le atribuía. Ya no constituye únicamente una herramienta de gestión o de control de calidad. Se convierte en un mecanismo que permite acreditar el origen de los productos, reconstruir la cadena de suministro, identificar los insumos incorporados al proceso productivo y respaldar documentalmente el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables.

En consecuencia, la ventaja competitiva comienza a construirse no sólo sobre la eficiencia productiva o el tratamiento arancelario obtenido, sino también sobre la capacidad para ofrecer información confiable, verificable y consistente. Este cambio explica por qué las discusiones actuales sobre política comercial incorporan, con creciente frecuencia, conceptos como debida diligencia, transparencia, sostenibilidad o cadenas de suministro resilientes. Más que reemplazar a los instrumentos tradicionales del comercio internacional, estos elementos amplían el conjunto de variables que determinan el acceso efectivo a los mercados.

Un nuevo perfil para el profesional de comercio exterior

La evolución del contexto regulatorio también modifica el perfil de quienes asesoran a las empresas en sus procesos de internacionalización. Durante muchos años, el conocimiento técnico se concentró principalmente en la clasificación arancelaria, la interpretación de la normativa aduanera, la gestión documental y la aplicación de los acuerdos comerciales. Esas competencias continúan siendo indispensables, pero el escenario actual exige incorporar nuevas capacidades.

El análisis regulatorio deja de limitarse a la interpretación de una norma específica para transformarse en un ejercicio permanente de seguimiento de tendencias internacionales. Comprender cómo evolucionan las políticas comerciales de los principales mercados, interpretar la interacción entre distintos instrumentos jurídicos, evaluar la exposición regulatoria de una empresa y anticipar posibles cambios normativos comienza a formar parte del trabajo cotidiano del profesional especializado.

En otras palabras, el asesoramiento deja de concentrarse exclusivamente en responder consultas operativas para asumir un rol crecientemente estratégico dentro de las decisiones empresariales. Este cambio también modifica la organización interna de las compañías.

La gestión del comercio exterior ya no puede desarrollarse de manera aislada respecto de las áreas de abastecimiento, producción, sustentabilidad, calidad o cumplimiento normativo. La información necesaria para responder a los nuevos requerimientos regulatorios atraviesa toda la organización y exige una coordinación mucho más estrecha entre distintas funciones empresariales.

 

La oportunidad para Argentina

Argentina enfrenta este escenario desde una posición que combina desafíos y oportunidades. La ampliación de acuerdos comerciales, la disponibilidad de recursos naturales estratégicos y una mayor estabilidad macroeconómica respecto de años anteriores configuran un contexto potencialmente favorable para fortalecer la inserción internacional del país.

Sin embargo, transformar esas condiciones en mayores exportaciones dependerá de la capacidad para adaptarse a un entorno regulatorio cuya complejidad continuará aumentando.

Las preferencias arancelarias seguirán siendo un instrumento fundamental. Pero la experiencia reciente demuestra que ya no bastan por sí solas para garantizar el acceso a los mercados.

La competitividad internacional comienza a construirse sobre dos pilares complementarios: la obtención de mejores condiciones comerciales y la capacidad para responder, de manera consistente, a las exigencias regulatorias que acompañan ese acceso preferencial.

 

La competitividad también se volvió regulatoria

La discusión sobre el nuevo esquema arancelario estadounidense dejó una enseñanza que trasciende ampliamente a una medida específica. El verdadero cambio no consiste únicamente en la modificación de una alícuota, sino en la consolidación de un modelo de política comercial donde los aranceles conviven con un número creciente de instrumentos regulatorios que condicionan el acceso efectivo a los mercados.

Esta evolución no implica el reemplazo de los acuerdos comerciales ni de las preferencias negociadas entre los Estados. Significa, más bien, que esos instrumentos comienzan a operar dentro de un entorno mucho más complejo, donde la trazabilidad, la transparencia, la debida diligencia y la capacidad de acreditar el cumplimiento regulatorio adquieren un protagonismo creciente.

En este contexto, la competitividad deja de medirse exclusivamente por el costo de producir o por el arancel que enfrenta un producto al cruzar una frontera. También depende de la capacidad para gestionar información, interpretar marcos regulatorios cada vez más sofisticados y adaptar las estrategias empresariales a un escenario internacional en permanente transformación.

Los aranceles seguirán formando parte de la política comercial internacional. Sin embargo, la verdadera ventaja competitiva dependerá crecientemente de la capacidad de los países y de las empresas para comprender, anticipar y gestionar una arquitectura regulatoria cada vez más compleja. Allí comenzará a definirse una parte creciente del comercio internacional de los próximos años.

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar