La Argentina enfrentará, en las próximas semanas, una muy difícil situación con sus acreedores externos. Acaba de reunirse con los representantes del “Club de París” para intentar anudar un acuerdo, que contempla un pago de 430 millones de U$S en los próximos 8 meses, para poder prorrogar así el inminente vencimiento de 2.000 millones de U$S, que adeuda a este organismo. Un eventual incumplimiento actuaría como un obstáculo insalvable a entablar negociaciones serias con el Fondo Monetario Internacional. En las primeras semanas de Julio, el país necesita iniciar acuerdos concretos con este organismo, para establecer un cronograma de pagos de intereses y amortizaciones realista, por la deuda a vencer con el Fondo, que supera la totalidad de las reservas de divisas del Banco Central. ¿Qué efectos puede tener esto en la marcha de la economía privada? ¿Qué impacto ejercerá en las empresas y porque es importante una negociación sincera, responsable y concreta? ¿Por qué se habla de la necesidad de implementar un plan económico viable y serio?

La importancia de servir oportunamente las obligaciones que hacen al crédito público fue claramente puntualizada por Juan Bautista Alberdi:

”...Siendo el crédito del estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan, que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre...”[i]

El crédito estatal toma varias formas, y no se limita solamente a lo que se conoce como deuda externa. La misma circulación monetaria, al estar formada por papel moneda inconvertible, tiene características de crédito. Consideremos que los receptores de moneda la aceptan, en la convicción de que van a poder convertirla en bienes y servicios, o más concretamente en divisas, a su requerimiento. Toda la base monetaria nominada en pesos es un compromiso del estado de permitir, a sus tenedores, conseguir a su sola presentación, el canje por su equivalente en bienes o divisas extranjeras estables. El banco Central, como proveedor de medios de pago, tiene la obligación insoslayable de mantener el poder adquisitivo de la moneda local. Todo el comercio, esencial para la marcha del sistema productivo, descansa en un sistema de precios, cuya función es revelar a los agentes económicos las diferentes opciones que la economía ofrece para proveer a los consumidores de los bienes y servicios que estos demandan.

El proceso de asignación de recursos, los montos a invertir, las tecnologías a elegir, los plazos a asumir para implementar estas asignaciones de capital, la complejidad de los métodos de producción elegidos, la productividad de los mismos y la escala posible de implementar, son una función directa de la posibilidad de conseguir los capitales que financien toda esta estructura, a costos compatibles con los de los países que compiten con nuestras producciones en la escena mundial. El comercio internacional se realiza intercambiando divisas fuertes, estables, respetadas, entre las cuales, la nuestra no se ha ubicado nunca, precisamente por la poca confianza que genera. El crecimiento y la estabilidad de la economía depende de manera crucial en que exista esta confianza en el cumplimiento de los planes de negocios y en la marcha de las actividades del estado, y en la consecución de sus fines. Para que todo esto ocurra, es preciso que tengamos perfectamente en cuenta la necesidad de mantener las reglas de juego. Entre las que, las principales son las relaciones de precios, la protección de la capacidad de compra de los montos prestados, el cumplimiento estricto de los contratos. Y hacer previsible el costo del financiamiento, que debe mantenerse estable a lo largo de todo proceso de inversión, para que la capacidad de repago estimada se convierta en una realidad.

Un incumplimiento de los pagos de las obligaciones estatales hace pensar a los organismos internacionales que nuestro gobierno no podría, entonces, por falta de recursos, llevar adelante sus funciones esenciales. La utilización de un sistema financiero pequeño, aislado, que no puede captar fondos del extranjero, por la imprevisibilidad de la marcha de los principales indicadores macroeconómicos, deja a la banca cautiva de las decisiones del gobierno, que la podría utilizar como un títere, para financiar aquellos montos que no podría conseguir en los mercados de capitales en los que se financian las naciones competidoras. Esto dejaría sin posibilidades de financiamiento a las empresas medianas y pequeñas del mercado local. Impediría establecer relaciones de precios, de insumos producto y planes de negocios orientados a la exportación o integrando insumos y tecnologías importadas, de las que no disponemos aquí. La pérdida de competitividad internacional y la imposibilidad de competir en mercados remotos nos estaría impidiendo adoptar tecnologías y métodos de producción con las imprescindibles economías de escala que utilizan las naciones más competitivas.

Creer que una milagrosa corriente de crecimiento podrá aumentar la recaudación impositiva, hacer desaparecer el déficit fiscal, permitir un financiamiento competitivo a las empresas que todavía subsisten y son eficientes, aumentar las importaciones, generar divisas en exceso, para poder utilizarlas en la amortización de nuestras obligaciones y dotar a nuestra moneda de la estabilidad suficiente como para que pueda ser utilizada para diagramar planes de negocios realistas, ahorrar y financiar el crecimiento, no parece posible si antes no se dejan en claro ciertos extremos. ¿Cómo se va a actuar para disminuir el déficit fiscal? ¿Qué carga impositiva real van a tener que enfrentar los inversores? ¿Qué actividades estatales deficitarias se abandonarán y delegarán a la actividad privada? ¿En que plazos y a que costos, nuestra nación puede comprometerse a servir sus deudas, y comenzar a demostrar capacidad de repago?

Urge repensar, debatir y sincerar los roles del estado, las actividades privadas a desregular, para permitir su crecimiento y que puedan dar lugar a procesos de capitalización imprescindibles. Necesitamos asimismo desregular el sistema financiero, profesionalizar su gestión dotándole de la necesaria libertad para elegir las actividades a financiar, en función a su capacidad de repago y competitividad internacional, con criterios profesionales, dejando de lado favoritismos, amiguismos y mecanismos perversos propios del capitalismo de amigos, o caciquismo, tan característico de nuestra historia. Es imprescindible estabilizar nuestra moneda, liberar el mercado de cambios, remover todas las barreras al ingreso y salida de divisas, así como al pago de utilidades al capital extranjero y a la entrada y radicación de emprendimientos extranjeros que nos permitan integrar tecnologías y mercados. En un marco confiable y cierto, como el que nos otorga el cumplimiento de nuestra constitución, que claramente establece límites y controles a la acción del estado. Es esencial empezar ya a abandonar esta pesadilla de comportamiento adolescente, irresponsable, y cortoplacista que ha caracterizado a la política de las últimas décadas.

[i] ALBERDI, Juan Bautista “Sistema Económico y rentístico de la Confederación Argentina” en “Organización de la Confederación Argentina” Tomo II. El Ateneo. Buenos Aires. cap. XI “Aptitud de la Confederación para contraer empréstitos”. Págs. 278/279.

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Fuente: www.NetNews.com.ar