Argentina no entrará en default el 31 de julio. De los USD 2.400 millones que debía pagar nuestro país antes del 31 de julio, se abonarán USD 430 millones y los aproximadamente USD 2.000 millones se negociaran en los próximos meses con marzo del 2022 como fecha límite. El Ministro Guzmán tuvo que sacar la billetera para acordar con el grupo de acreedores dado que Japón alzó la voz reclamando que Argentina atendía sus deudas con China mientras que a los países del Club de París los mandaba a la fila de espera diciéndoles que no tenía plata para pagarles. En el 2021 a China le vamos a pagar alrededor de USD 445 millones, similar al pago acordado con el Club de París. En otras palabras, Guzmán pagó el mínimo de la tarjeta de crédito, esperando poder refinanciar el saldo más intereses del 9% más adelante.

Sin embargo, el hecho de que todavía no se vean avances concretos en las negociaciones con el FMI es preocupante. El Ministro Guzmán seguramente tratará de mostrar que hay avances en las negociaciones con el FMI, pero no serán avances concretos ya que nada se puede negociar mientras que Argentina hace todo lo contrario a lo que pediría el Fondo. La misión de Guzmán es atrasar el acuerdo hasta después de las elecciones y firmarlo antes de marzo. Ni antes ni después.

De esta manera, Guzmán despejó por unos meses una de las tantas incertidumbres que invaden a nuestro país. El resto de la economía, mientras tanto, se mantiene en vilo por las elecciones.

Por el lado del tipo de cambio, el BCRA viene sacando el pie del acelerador. Hasta febrero, la inflación y el dólar venían caminando de la mano, lo que permitía que el tipo de cambio no se apreciara en gran medida. Pero marzo sorprendió a propios y extraños con el dato de inflación mensual del 4,8% y le sonó el teléfono al Presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, para que vaya más lento con la depreciación del dólar. Si vemos como fue la evolución del tipo de cambio y la inflación desde noviembre hasta mayo, vemos que el dólar subió un 21,3%, mientras que los precios lo hicieron en un 30,3%. Lo sorprendente de esta brecha es que de noviembre a febrero se movían a la par prácticamente y desde marzo se empezó a ver una divergencia entre ambas variables. La economía se empezaba a mover en clave electoral.

Por otro lado, las tarifas de servicios públicos prácticamente se congelaron. Es cierto que se aumentaron un 6% las tarifas de gas y un 9% las de electricidad, pero comparado con el retraso que vienen acumulando desde el 2019 es un aumento insignificante. Esto tiene como objetivo primordial incrementar el salario real del AMBA, particularmente en el conurbano que tiene gran peso electoral en la Provincia de Buenos Aires. Las tarifas es un tema sensible dentro del Ministerio de Economía. No hace falta más que recordar la interna entre Guzmán y el Subsecretario de Energía Eléctrica Basualdo. El Ministro tenía la intención de subir las tarifas para disminuir los subsidios del estado y, así, depender en menor medida de la asistencia del BCRA para financiar el déficit. El kirchnerismo lo impidió, dándole más poder a un subsecretario que al Ministro. La cuestión es que, como consecuencia de esta medida populista de no subir tarifas en un año electoral, los argentinos sufriremos una mayor inflación dado que es la única fuente de financiamiento que tiene a disposición y un peor servicio tanto de la energía eléctrica como del gas. Nada que no hayamos vivido los argentinos en el pasado.

Sin embargo, a pesar de tener al dólar y a las tarifas pisadas, la inflación sigue en niveles muy altos. En lo que va del año la inflación acumula un 21,5% y se espera que el 2021 termine con un alza del orden del 50%, muy lejos del 29% que se había autoimpuesto como meta el Ministro a principio de año. Frente a la fuerte suba de precios, el gobierno la ataca por el lado incorrecto. Controles de precios, de góndolas y cierres de exportaciones a la carne demuestran que el gobierno no entiende el problema inflacionario y ataca las consecuencias y no a las causas de la inflación. Mientras se conviva con un déficit fiscal enorme, financiado en gran medida con el BCRA, no va a haber control de precios que contenga a la inflación.

Argentina entonces convive con un dólar atrasado, tarifas pisadas prácticamente desde el 2019 y controles de precios. A esto se suma que la deuda remunerada del BCRA (LELIQs y Pases pasivos) representa una base monetaria y media, y que las reservas netas líquidas (sin DEGs ni oro) se ubican en torno a USD 3.000 millones. Si bien las reservas netas crecieron en estos últimos meses por la liquidación de divisas del campo, siguen siendo muy bajas ya que partíamos prácticamente de cero reservas.

Así, el diagnóstico de Argentina es muy malo. El hecho de procrastinar desde hace muchos años las reformas estructurales que necesita la economía, lleva al gobierno a poner parches para que la situación no se descontrole. Sin embargo, tarde o temprano, la realidad se impone y no hay parche que aguante y se producen saltos devaluatorios como los que vivimos en los últimos años. El “Plan Aguantar” del gobierno es un nuevo parche que tiene como meta llegar a las elecciones sin sobresaltos cueste lo que cueste. De esta manera, los ajustes de precios relativos que el gobierno debería estar llevando a cabo de manera gradual y ordenada (dólar, tarifas, alimentos, combustibles, etc.) se van a terminar realizando a la fuerza, metiendo a más gente por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿Vale la pena sacrificar exportaciones, atrasar el tipo de cambio y deteriorar la infraestructura energética por una elección?

Revista Desafío Exportar

Fuente: www.NetNews.com.ar