Días atrás se adjudicó a la empresa Horamar, subsidiaria de Navíos South American Logistics Inc., la licitación para el transporte de hidrocarburos de YPF. Dicha adjudicación, puso en alerta a la Cámara de la Industria Naval Argentina-CINA-, al denunciar, el pasado 12 de septiembre -Día en que se conmemora a la Industria-  que la empresa adjudicataria Horamar S.A “prioriza la conformación de su flota para el cumplimiento del contrato, con construcción de buques en el exterior, no priorizando la fabricación local”.

Desde la CINA  destacaron además “la hipocresía del Estado Argentino a través del slogan de YPF, donde hace mención que existen para “Transformar la vida de todos los argentinos” entregando a otro país el bienestar en perjuicio de los propios y al no defender la fabricación nacional, toda vez que Argentina cuenta con astilleros capaces de construir en tiempo y forma esas unidades, generando trabajo y, fortaleciendo industrias conexas”

Acerca de este punto, es preciso destacar que tanto desde el sector industrial como del de los operadores logísticos, se vienen denunciando desde hace más de 15 años, las asimetrías existentes frente al resto de los países del MERCOSUR, principalmente Paraguay, debido a las diferencias impositivas, que se presentan como principal y único obstáculo a la hora de competir. Mientras los empresarios paraguayos tributan un 10% de cargas sociales, 10% de IVA y 10% de ganancias, los empresarios argentinos deben tributar un 50%, 21% y 34% en el mismo orden. Esta disparidad impositiva ha provocado la expulsión de empresas argentinas hacia Paraguay y Bolivia, dónde pueden continuar transportando las cargas argentinas, con “bandera de conveniencia”, y bajo la modalidad de “waibers”, ”, que son permisos para el transporte de las cargas argentinas que otorga la Subsecretaría de Puertos, cuando no hay buques en posición de bandera argentina para la carga en puertos argentinos listos para el transporte, y estos sucede con la mayor frecuencia dado que la bandera argentina cuenta con apenas un 5% de buques en la bandera argentina. Cabe señalar que Argentina era casi monopólica en el río, que contaba con la mayor flota fluvial.

Estas políticas nefastas para el sector consiguieron que argentina haya perdido perdido cerca de 40 empresas a lo largo de 30 años, enriqueciendo a los países vecinos como Paraguay, que ahora es la tercera flota fluvial del mundo, y dejando cero dólares a las arcas del fisco nacional.

Sería lamentable por una lado y cuestionable por el otro, si la empresa Horamar efectivamente presentó la conformación de su flota con construcciones a realizarse en astilleros paraguayos, que YPF adjudique dicha licitación, ya que no solo estaría dándole la espalda a la industria naval argentina, negando fuetes de trabajo a argentinos, sino que además estaría incumpliendo con el artículo 15 de la Ley 27.418 “Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina” que establece que “Los organismos del Estado nacional o sociedades del Estado nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, se construirán en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine, cumpliendo con las características, costos y tiempos requeridos. En caso de que el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval establecida en la presente norma.”

Argentina cuenta con astilleros que pueden cumplir en tiempo y forma los requerimientos de la empresa beneficiaria de dicha licitación.

Otra situación anómala que destacan algunos empresarios del sector que prefieren guardar su anonimato, es la premura en el llamado a licitación y adjudicación, -teniendo en cuenta el además el contexto político electoral- donde si bien no existen tiempos legales establecidos, los antecedentes indican que podría haberse realizado más próximo a su vencimiento que tendrá lugar dentro de un año y medio. Seguramente este cuestionamiento sea refutado por la empresa baja la consideración que la conformación de la flota requiere de una cantidad importante de embarcaciones hecho que exige tiempo para sus construcciones.

Pero el punto más escabroso que se estaría dando entorno de esta licitación y que seguramente dará comienzo a una instancia judicial, es que la empresa adjudicataria habría presentado una propuesta económica por un valor superior al presentado por la actual empresa transportista, que es National Shipping.

Intentamos acceder a los datos de esta licitación, pero desde el año 2012 -fecha en la cual se produjo la expropiación y estatización de Repsol-  el artículo 16 de la ley 26.741 estableció que la empresa operaría bajo el sistema de Sociedad Anónima, -modalidad que eligió el gobierno de la ex Presidente Cristina Kirchner, al considerar que esa constitución societaria sería la manera más eficiente para “preservar los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos”- este hecho impide, en principio, el libre acceso a la información pública, pese a que la mayoría accionaria se encuentra en manos del Estado Argentino.

La historia, dado los intereses que están en juego, seguramente continuará en la justicia, como ocurrió en el 2013, cuando el Senador Nacional por el socialismo, Rubén Guistiniani, solicitó a la justicia el acceso al contrato celebrado entre YPF y Chevron. Si bien la justicia demoró tres largos, para acceder a lo solicitado, la nueva Ley “de libre acceso a la información pública”, -impulsada por el Presidente Mauricio Macri, (que alcanza a los tres poderes del Estado, partidos políticos y universidades, entre otros) fue decisiva para que la empresa YPF con mayoría de acciones estatales fuese obligada a hacer público su contrato celebrado con la petrolera Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta.   

Dado lo delicado del tema y las controversias que asoman, consultamos al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quién declaró haber “escuchado algunos comentarios al respecto” pero que no le correspondía a él emitir opinión sobre contrataciones de YPF. La declaración podríamos enmarcarla dentro de lo políticamente correcto, aunque en los hechos el Ministro y algunos funcionarios de su cartera, han participado activa y directamente, en temas relativos a YPF como el reemplazo de su CEO Galluccio, la rebaja en los costos de los servicios de practicaje y pilotaje y en la renegociación de las tarifas con los remolcadores que prestaban servicios para YPF, Camesa y Enarsa.

Descartamos desde ya que un petit escándalo se encuentra en ciernes. La industria naval argentina tiene sobradas razones para recurrir a la Justicia exigiendo que el contrato se ajuste a la ley; y la armadora nacional National Shipping SA, que viene cumpliendo en tiempos y forma con buques de bandera argentina y con tarifas menores – que se sentiría altamente perjudicada.

De confirmarse todos los supuestos, daría lugar a sospechas de corrupción de funcionarios de este gobierno que hizo de la honestidad y la transparencia su bandera política.

Al cierre de esta nota recibimos la información que el Senador Nacional Pino Solanas habría presentado un recurso de amparo. De confirmarse esta noticia, instalaría un stand-by que deberá resolver la justicia.

Paola Batista

Fuente: www.NetNews.com.ar