Veamos algunos simples datos.

El 10% más pobre de las sociedades con mayor libertad económica es ~10 veces más rico que el 10% más pobre de las sociedades con menor libertad económica. En la misma línea, la pobreza extrema en los países más libres es ~20 veces menor que la pobreza extrema en los países menos libres económicamente.

Según el más reciente Índice de Libertad Económica (2023), Argentina se encuentra en la posición 144 de 176, es decir, se encuentra entre el 20% de los países con menor libertad económica del mundo y, a pesar de estar en sus niveles récord de gasto social como proporción de su PBI y tener una de las mayores presiones tributarias del mundo, a su vez se encuentra entre los países con mayores niveles de pobreza.

Ahora bien, si bien la libertad económica es definida a partir de múltiples variables, como el nivel de respeto a la propiedad privada, la magnitud de la presión tributaria, el balance de las cuentas públicas, la flexibilidad laboral, entre otras, nos centraremos en sólo uno de sus componentes, la apertura comercial.

Los países con mayor grado de apertura comercial al mundo son aquellos que gozan de mayores niveles de riqueza, empleo y productividad.

La apertura al mundo implica competir, y esto trae consigo también la incorporación de mayor conocimiento al lograr mayor exposición al mismo. A mayor conocimiento, mayor será el nivel de innovación. Y existe una estricta correlación entre innovación y crecimiento del PBI, nivel de empleo y productividad, esperanza de vida, entre otros.

Argentina se encuentra entre el 20% de los países con menor apertura comercial del planeta y, al mismo tiempo, se ubica en el puesto 69 entre 132 países en el ranking de países con mayor innovación.

Por su parte, hay también sólidas estadísticas que relacionan positivamente el comercio y la paz, es decir, un aumento en las relaciones comerciales con el mundo promueve significativamente las interacciones pacíficas entre naciones, dado que no se pueden sostener relaciones comerciales si antes no hubiera paz, motivo por el cual también hay incentivos a conservarla si se quiere conservar lo comercial. Nadie haría negocios con su enemigo. Y nadie tendría de enemigo a quien sirve sus intereses comerciales.

"Los países con mayor grado de apertura comercial al mundo son aquellos que gozan de mayores niveles de riqueza, empleo y productividad."

En todas partes del mundo, ya sea que hablemos de un ciudadano cubano, árabe, ruso o canadiense, al momento de consumir, el interés de la gran mayoría es siempre comprar aquello que necesita a aquel que más barato lo venda.

Las fronteras no interesan al consumidor. Éste sólo quiere sacar el mayor provecho posible a sus recursos comprándole a aquel productor que ofrece lo que quiere al precio más bajo. De modo análogo, tampoco interesan las fronteras al fabricante, éste sólo quiero vender lo que produjo al mayor precio posible, sea que lo compre un consumidor en el lugar más recóndito del planeta o su vecino más cercano. Al fin y al cabo, las fronteras son simplemente límites ilusorios, arbitrarios y discrecionalmente definidos, y no hay motivo que justifique al consumidor porqué debería elegir comprarle más caro a algún compatriota (o a algún extranjero en su país) que hacerlo de manera más eficiente a un individuo más allá de aquel límite arbitrariamente impuesto, y lo mismo ocurre para el fabricante.

A modo ilustrativo, en el extremo, sin el más mínimo grado de apertura económica no existiría el comercio y cada individuo debería producir lo que consume volviéndose autosuficiente, y extremadamente ineficiente, sin beneficiarse de los frutos de la división del trabajo y las ventajas comparativas que trae consigo. La única diferencia entre este caso extremo y el más realista proteccionismo entre países es de grado y no de naturaleza, pero su extremo permite ver los efectos contraproducentes de toda medida que limite el comercio.

En el otro extremo, con absoluta apertura comercial, cada individuo podría comerciar libremente con quien más se beneficie y dotarse, consumidores y productores, de los frutos del conocimiento y la innovación dispersos en todo el planeta, con el estímulo de competir y volverse más eficiente para satisfacer cada uno sus respectivas necesidades.

Por otro lado, y como regla general, la intervención de un funcionario público en cualquier ámbito productivo a efectos de alterar de manera discrecional los incentivos para la asignación de recursos que se habría generado naturalmente provoca asignaciones de capital ineficientes dado que este último está siendo desviado de actividades más rentables a otras menos rentables producto precisamente de una intervención artificial y discrecional.

"Al proteger una industria local particular, entonces, se están desprotegiendo los intereses de la sociedad en su conjunto."

Lo mismo sucede al manipular el comercio, en este caso el comercio internacional, que conceptualmente no difiere en absoluto del comercio local. En definitiva, el comercio siempre es en términos bilaterales, sea que cruce o no fronteras. No es, digamos, “Francia comprando bananas a Ecuador”. Es sencillamente un francés comprando bananas a un ecuatoriano (o por qué no un ecuatoriano en Francia comprando bananas a un francés en Ecuador; al final, las fronteras a quién le importan).

Al “proteger” una industria local de la competencia extranjera se está volviendo artificialmente más rentable una actividad que a priori no lo era, lo que provoca asignaciones de capital hacia la misma cuando podría haber sido destinado a actividades en esencia más rentables. La economía en su conjunto, por lo tanto, se vuelve menos eficiente, y en última instancia más pobre, dado que la riqueza de un país depende en gran medida de sus tasas de capitalización y estas últimas de su nivel de productividad. Una economía ineficiente es menos productiva y a la larga, entonces, más pobre.

Al proteger una industria local particular, entonces, se están desprotegiendo los intereses de la sociedad en su conjunto.

En Argentina se ha sostenido sistemáticamente, y aún se sostiene, que la apertura comercial es perjuiciosa, en primer lugar, para la industria nacional dado que no le permite desarrollarse a tiempo para finalmente competir con el mundo y, en segundo lugar, para la sociedad en general dado que afecta el nivel de empleo que estas industrias generan, y que no generarían de ser reemplazadas por industrias extranjeras. Ambos argumentos son falaces, veamos porqué.

En primer lugar, bajo la lógica del primer argumento, cabe preguntarse entonces cuándo llegará el momento de abrirse al mundo, siendo que este argumento tiene larga data. Por otro lado, cabe preguntarse a qué costo se protege la industria “en desarrollo”. Y aquí toma relevancia la línea argumental que refuta la segunda cuestión, referida al empleo.

Quienes abogan por medidas proteccionistas sostienen que conservarlas favorece el empleo doméstico. Analicemos este punto con mayor profundidad. Está a la vista que las medidas proteccionistas favorecen, al menos en el corto plazo, a los productores protegidos y al empleo involucrado en ella. Estos necesitan del proteccionismo dado que su producto, en igualdad de condiciones, es más costoso que en el resto del mundo, es decir, son menos eficientes.

Lo que se pierde tal análisis es que, como contracara de ello, del otro lado se encuentra un consumidor que está siendo perjudicado al adquirir un producto o servicio más caro, y de esta manera se está privando de un excedente de dinero que habría resultado de obtener el mismo producto a un menor precio, excedente que a su vez podría haber sido destinado o bien al consumo de otros productos, estimulando consigo otros negocios, o bien a la inversión de su propio negocio volviéndolo más productivo y aumentando la eficiencia de la economía en general. Por su parte, tampoco perdamos de vista que dicho consumidor es también un productor de una industria ajena al beneficio arancelario. No es, entonces, un beneficio a los fabricantes como tales a expensas del consumidor, sino más bien un beneficio al fabricante de una industria en particular a expensas del resto de los fabricantes (también consumidores), posiblemente con un mayor grado de eficiencia dado que no necesitaron tal beneficio, o al menos así lo dispuso el funcionario de turno.

Siguiendo esta lógica, al perjudicar al resto de la sociedad se está finalmente perjudicando también como efecto secundario al fabricante a quien se quiso beneficiar en primer lugar, dado que ahora la sociedad en su conjunto tiene un menor poder adquisitivo que potencialmente incluso pudo haber estado destinado a la compra de productos del fabricante ineficiente protegido.

En fin, se le está privando a la economía en su conjunto de funcionar al mayor grado de eficiencia posible, con sus implicancias ya mencionadas.

Por último, un tercer punto actualmente vigente que sostienen aquellos que se proclaman a favor del proteccionismo en Argentina y que intenta contrarrestar lo antedicho en términos de eficiencia es que la productividad intrínseca de la industria per sé no es necesariamente menor que la del resto del mundo y que su eficiencia es comparable sin ser desventajosa. Alegan éstos que lo que acaba por reducir su eficiencia corresponde a los vicios y defectos de un sistema que no funciona, con deficiencias logísticas que elevan los costos y con intermediarios que entorpecen la actividad, como los sindicatos, aspectos regulatorios, entre otros. En primer lugar, sin quitar validez a tales argumentaciones que por cierto son verdaderas en algún grado, más que proteger a una industria ante las torpezas del sistema al que pertenece con mayores intervenciones, el funcionario público debería considerar eliminar tales torpezas más que intentar esquivarlas con mayores intromisiones, psoiblemente provocando torpezas aún mayores. Por otro lado, no podemos dejar de hacer énfasis en lo que anteriormente ya fue expuesto en términos de equilibrio general, por un lado, y la ponderación de los efectos secundarios o colaterales, y de mediano o largo plazo, por el otro. Es decir, en el afán por compensar tales imperfecciones o ineficiencias del sistema que hace a una industria se acaba por alterar la eficiencia de la economía en su conjunto y se agrava la situación en general, como fue explicado anteriormente.

Como punto adicional, no se debe perder de vista que, en una economía integrada al mundo, y nuevamente con el énfasis en que, al final, al momento de comerciar las fronteras son ilusorias, cuanto mayores sean nuestras exportaciones, también mayores serán las importaciones, siendo que las exportaciones permiten pagar las importaciones, y lo mismo sucede a la inversa desde la óptica del país con que se comercia. Al pagar por nuestras importaciones proveemos a nuestro socio comercial (o un tercero socio comercial involucrado) de los fondos necesarios para pagar por nuestras exportaciones, estimulando así las industrias locales que satisfacen tal demanda externa. Es decir, toda oferta genera su propia demanda, lo que significa que para adquirir cualquier bien o servicio antes se debió haber ofrecido otro para hacerse de los recursos y así adquirir el primero.

La apertura comercial permite a todos los ciudadanos de un país adquirir productos o servicios del exterior a un menor costo, inclusive a los fabricantes que “beneficiaría” una restricción arancelaria.

Con una mayor apertura comercial, los argentinos seríamos capaces de adquirir todo tipo de productos de tecnología, indumentaria, o cualquier otro producto a un menor costo, pudiendo gozar de los excedentes que ello generaría para consumir en cualquier otra cantidad de bienes. Todo esto sin mencionar el aspecto moral de fondo detrás de la cuestión, siendo que un simple funcionario público decide discrecionalmente en nombre de todos los argentinos a qué industria proteger y a cual no, y priva o al menos limita la libertad para comerciar al resto de los ciudadanos. Para terminar con un ejemplo, supongamos que, a partir de mañana, el gobierno decidiera arbitrariamente que la provincia de Mendoza debiera dejar de formar parte de la República Argentina. Quiérase o no, y salvando las distancias, así es que en algún punto se definen las fronteras.

"La apertura comercial permite a todos los ciudadanos de un país adquirir productos o servicios del exterior a un menor costo, inclusive a los fabricantes que “beneficiaría” una restricción arancelaria"

Supongamos ahora que, como consecuencia, los ciudadanos bonaerenses deciden comenzar a producir vino a pesar de ser, a todas luces, menos competitivos y eficientes que los tan expertos oriundos de Mendoza.

Bajo la lógica proteccionista, la nueva industria naciente del vino en Buenos Aires debería ser protegida, siendo que para competir debe primero desarrollarse y, además, es sin dudas una gran generadora de empleo. Dicho esto, ¿cabría acaso en alguna mente la posibilidad de considerar comenzar a producir vino en Buenos Aires a pesar de poder importarlo a costos considerablemente menores y con una calidad definitivamente superior de la nueva República Independiente de Mendoza con el agregado de provocar que los ciudadanos paguen por ello cifras mayores?

Este ejemplo ilustrativo bien se podría tamizar sobre escenarios cada vez más extremos al punto de imponerse restricciones comerciales incluso hasta entre municipios dado que los intendentes podrían, de un día hacia otro, abogar fervientemente por el estímulo de la industria municipal y su generación de empleo.

Como dijimos, las fronteras no interesan al consumidor y la única manera de que la calidad de vida de la sociedad en su conjunto se eleve es maximizando la productividad, destinando recursos a la generación de proyectos que son en esencia más rentables y ofrecen ventajas comparativas respecto de otros países, e importando los productos extranjeros que resulta más eficiente que producirlos localmente, es decir, utilizando también las ventajas comparativas de otros países.

Fuente: www.Netnews.com.ar