Hace más de cien días que el presidente de la República Argentina dispuso que la mejor forma de atenuar los impactos sanitarios de la pandemia por coronavirus es mediante el aislamiento social. Sin embargo, esta decisión atenta contra los elementos constitutivos de la economía moderna.

En los últimos siglos, la división del trabajo y el intercambio comercial han impulsado el crecimiento de la economía mundial a tasas nunca antes vistas en la historia. Esto, ha permitido sacar a millones de personas de la pobreza.

Con el aislamiento social vigente, el intercambio comercial disminuye y pone en jaque la actividad de millones de personas y sus puestos de trabajo. Es en este contexto, que los gobiernos del mundo han decidido implementar políticas económicas para atenuar los efectos.

En los últimos cien años, las ciencias económicas han llegado a cierto consenso en cuanto a las políticas que deben implementarse en un país para afrontar las distintas crisis. La Gran Depresión (1929) comenzó con una crisis financiera que devino en económica, debido al pobre accionar de los bancos centrales. Estados Unidos tuvo una caída cercana al 30 por ciento del PBI, y el nivel de producción de la economía volvió a los niveles pre-crisis recién en el año 1940.

Durante la Gran Recesión (2008), la Reserva Federal de los Estados Unidos respondió rápidamente a la crisis financiera. Desembolsó enormes cantidades de dólares para que el sistema financiero tuviera el efectivo necesario a disposición de los ciudadanos y se recuperara la confianza en los bancos. Este rápido y atinado proceder logró evitar que la crisis financiera se volviera una crisis económica masiva. Durante el 2008, la economía apenas cayó; en el 2009, se contrajo 2,5 por ciento y durante el 2010, recuperó esta caída. Sin embargo, la base monetaria se multiplicó casi por 5 sin efectos inflacionarios.

La crisis actual no nace de una crisis financiera ni de un problema de confianza, sino de un problema de oferta y, consecuentemente, de demanda. Las fábricas cerraron sus puertas, por lo cual no pueden vender sus productos. Pero, al mismo tiempo, deben continuar pagando salarios, servicios e impuestos. La quiebra masiva de empresas es cuestión de tiempo. Y también es una consecuencia natural.

El FMI estima que para este año la economía mundial caerá 4,9 por ciento, la economía de Estados Unidos 8 por ciento y la argentina casi 10 por ciento. Ante esta crisis, los gobiernos del mundo incrementaron su gasto y su déficit fiscal para compensar parcialmente la caída en el ingreso de la población. Adicionalmente, los estados han salido a garantizar créditos para evitar el colapso de las cadenas productivas. Esto disminuye el riesgo percibido por los bancos y abarata los créditos otorgados a las empresas.

El deterioro del sector productivo determinará la velocidad de la recuperación cuando la cuarentena se termine. En caso de que muchas empresas y fabricas cierren será necesario un mayor esfuerzo e inversión de capital para recuperar la capacidad productiva.

En este sentido, en la Argentina, el Gobierno Nacional deterioró su resultado fiscal financiándose con emisión del Banco Central. También, ha incentivado políticas de créditos baratos y de reducción en los encajes de los bancos, para que las empresas puedan afrontar sus gastos a través del financiamiento.

El 19 de marzo, el BCRA dispuso mediante la comunicación A 6937 una batería de medidas para aumentar el financiamiento a las empresas. Estas disposiciones tienden a disminuir la solvencia de los bancos, los hacen tomar créditos más riesgosos y a reducir su integración en el BCRA.

En primer término, se dispuso la reducción en 10 por ciento de la posición excedente en Leliqs de los bancos. Adicionalmente, se dispuso una disminución en la exigencia en pesos por un importe equivalente al 40 por ciento del total de créditos otorgados a MiPymes con una tasa máxima del 24 por ciento, siempre y cuando la mitad de estos fueran destinados al financiamiento de capital de trabajo.

Debido a estas medidas, el incremento en los préstamos en pesos al sector privado fue del 6,9 por ciento durante abril, el guarismo más grande registrado por la serie que data del 2002. El principal factor es el aumento del financiamiento comercial para afrontar pagos de salarios y mantener capital de trabajo.

A fines de abril se habían entregado créditos bajo esta línea por 140.600 millones de pesos, y en mayo se otorgaron 76.986 millones de pesos más, alcanzando un total de créditos de 217.586 millones de pesos.

De igual manera, se creó la línea de créditos a tasa cero para trabajadores autónomos y monotributistas. Esta línea también incide sobre los encajes de los bancos en el BCRA. Hacia fines de mayo, se habían entregado mas de 35.000 millones de pesos bajo este concepto.

Sin embargo, el total de los créditos otorgados bajo estas líneas equivalen a menos del 6 por ciento del stock de los depósitos en entidades financieras, mientras que la liquidez en pesos de las entidades financieras (Leliqs, pases con el BCRA, cuentas corrientes en el BCRA, bonos del tesoro y efectivo en bancos) representa cerca del 64 por ciento de los depósitos.

Todas estas medidas muestran las imperfecciones del sistema financiero argentino y lo poco útil que resulta a la hora de implementar política monetaria en este tipo de situaciones. Con un sistema financiero cuyos créditos equivalen a menos del 10 por ciento del PBI, cualquier medida tomada será insuficiente para impulsar una economía que se estima caerá cerca del 10 por ciento durante este año.

Esta crisis sanitaria y económica resalta, más que nunca, las imperfecciones del país. El sistema financiero se encuentra sumamente líquido y aun así no logra colocar grandes cantidades de créditos debido a su pequeño tamaño y a su incapacidad de penetrar en la economía. Si la Argentina quiere comenzar un proceso de crecimiento sostenido con integración de los sectores marginales a los circuitos de consumo, es menester desarrollar un mercado de capitales local amplio y sólido.

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Fuente: www.NetNews.com.ar