El sitio online Agenda Malvinas denunció que en lo que va del año, "los usurpadores británicos en Malvinas pescaron y comercializaron 619 toneladas de merluza negra, por un monto de u$s 11.500.000, y otras 37.500 toneladas de calamar, equivalentes a u$s 115.000.000".

A esta información se suma que el gobierno ilegítimo de Malvinas analiza la instalación de una industria salmonera mediante un proyecto impulsado por la empresa Unity Marine, que contempla ocho granjas situadas entre 3 y 7 km de la costa de Isla Soledad, con una inversión prevista de u$s 6,6 millones. Mientras tanto, el pasado 24 de junio, organizaciones sociales y ambientales se movilizaron en Ushuaia para exigir que se mantenga la Ley 1.352, que prohíbe la instalación de salmoneras en el Canal de Beagle. Los manifestantes denuncian intentos de modificar la ley en favor de proyectos que beneficiarían a pocas empresas, sin generar un impacto real en el empleo local. Además, advierten que los datos disponibles -y el ejemplo chileno- demuestran los bajos niveles de ocupación y salarios precarios que ofrece el sector, frente a ganancias empresarias concentradas. Abrir la puerta a la salmonicultura implicaría poner en riesgo un ecosistema frágil, perjudicando una economía basada en el turismo y la preservación ambiental.

Un paso importante y sorpresivo lo dio el pasado 27 de junio la Organización de Estados Americanos (OEA), al brindar un apoyo unánime al reclamo argentino por Malvinas e instar al Reino Unido a retomar las negociaciones en la disputa por la soberanía de las Islas del Atlántico Sur.

La importancia de ratificar en el Congreso el Tratado de Alta Mar (BBNJ) 

En medio de esta coyuntura el Tratado relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ o “Tratado de Alta Mar”) cobra especial protagonismo. Adoptado en 2023 tras décadas de negociación, su objetivo es llenar el vacío legal en que se encontraba la alta mar (casi dos tercios de los océanos) promoviendo la creación de áreas marinas protegidas, exigir estudios de impacto ambiental para actividades extractivas y garantizar el reparto equitativo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. En otras palabras, el acuerdo incluye “regulación de recursos genéticos, creación de áreas marinas protegidas, criterios para nuevas actividades extractivas, evaluaciones de impacto ambiental y distribución equitativa de beneficios”. Estos elementos han sido destacados como instrumentos clave para proteger la biodiversidad oceánica.

La Argentina suscribió el Tratado BBNJ el 18 de junio de 2024; fue un acto encabezado por la cancillería que precedía Diana Mondino al comienzo de la gestión del gobierno de Javier Milei,  pero hasta la fecha el Ejecutivo nacional no ha enviado el proyecto de ley correspondiente al Congreso para su ratificación.  En la práctica esto significa que, aunque el Presidente firmó el acuerdo en la sede de la ONU, el Tratado no está vigente en Argentina hasta tanto no sea aprobado por el poder legislativo. Varias ONGs y expertos ambientales han reclamado avanzar con la ratificación, resaltando que permitiría a la Argentina participar plenamente en la gobernanza global de la alta mar. Sin embargo, hasta ahora esa iniciativa no se ha tramitado en el Congreso y se abre un abanico de posibilidades frente a esta demora en la adhesión que van desde diversos factores políticos, económicos, legales y hasta estratégicos.

"O lo defendemos con política y estrategia, o lo perderemos por abandono"

Factores políticos: estos podrían indicar que no se trata de una prioridad en la agenda del presidente Javier Milei. Esta decisión también podría estar influenciada por las declaraciones de el ex canciller Diego Guelar con respecto a su par firmante del Tratado, Diana Mondino de quien consideró que su salida le sorprendió menos que su nombramiento por considerar que la funcionaria es una inepta, basando su afirmación en declariones de la misma ex canciller:  “todos los chinos son iguales”, el reconocimiento de derechos a los isleños de Malvinas, la firma de un acuerdo similar al Pacto Foradori-Duncan, y por referirse a las islas como “Falklands”. En resumen Guelar presenta a Mondino como una figura no capacitada para la responsabilidad que implica conducir la política exterior argentina y quizás el gobierno quiera tomarse un tiempo prudencial para analizar el impacto que la firma del Tratado podría tener. 

Presiones económicas y sector pesquero: según describe el sito saeeg.org actores de la industria pesquera y gremios marítimos han advertido que el tratado podría implicar nuevas restricciones para la pesca en aguas oceánicas internacionales. En particular se menciona la propuesta de un Área Marina Protegida del “Agujero Azul” frente a la Patagonia, impulsada por ONG, como un ejemplo de medida que algunos críticos vinculan con el tratado. Estos temores están completamente infundados dado que el Tratado no regula la pesca comercial existiendo además cláusulas de salvaguarda en favor de la Argentina.

Lo que si poría estar ocurriendo es que el lobby político-pesquero que es realmente poderoso en el país, manejando agenda y leyes a discreción, sienta cierta resquemor de estar siendo observados y perder la impunidad total y absoluta con la que operan.
Un poco de orden y protección podría beneficiar al país toda vez que el área comprendida entre la milla 201 y las 350 está siendo saqueada sin ningún tipo de control por flotas pesqueras chinas y españolas principalmente, desconociéndose el inventario, así también como el potencial daño que estas capturas sin control tienen sobre el ciclo mogratorio y/o de reproducción de las especies que se pescan hasta la milla 200 que no conocen de los límites impuestos por los seres humanos.

Intereses soberanos y jurídicos: El tratado opera sobre aguas internacionales (lecho marino y columna de agua fuera de las jurisdicciones nacionales), pero algunos interpretan que en la práctica puede solaparse con la plataforma continental extendida argentina. Argentina tiene reconocidos derechos soberanos sobre más de 6 millones de km² de lecho marino más allá de las 200 millas hasta la milla 350, por lo que existe la percepción de que normas internacionales adicionales podrían interferir con esos derechos. Formalmente, tanto el texto del tratado como desde la Cancillería aclaran que "no afecta los reclamos territoriales, ni limita la jurisdicción nacional, ni tienen incidencia en la pesca comercial", el tratado incluye cláusulas de salvaguarda con una  explícita mención que impide interpretar cualquier decisión como reconocimiento o negación de reclamos de soberanía.

La ratificación del Tratado de Alta Mar representa para la Argentina una oportunidad concreta de fortalecer su presencia en los foros internacionales, proteger sus recursos naturales más allá de la milla 200 y sentar una postura coherente con su reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Argentina no puede seguir navegando entre tibiezas cuando otros avanzan con redes, mapas y tratados que omiten nuestra bandera. El Atlántico Sur no espera. O lo defendemos con política y estrategia, o lo perderemos por abandono.

Fuente: www.NetNews.com.ar