El Instituto Nacional de Semillas (Inase) firmó un convenio con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) para la realización de los análisis de los granos de soja provenientes de la campaña  2015/16, en el marco de la resolución 207/16 del organismo, que estableció para la entidad oficial el rol exclusivo de fiscalizar los granos ya cosechados.

“El convenio establece que la Bolsa de Cereales recibirá de los operadores de comercio o las Cámaras Arbitrales la información relativa al producto cosechado por los agricultores a los fines de la verificación de la semilla que le dio origen para la campaña 2015/16. En aquellos casos en que se detecten inconsistencias entre el grano entregado y las declaraciones efectuadas en el marco de la Resolución 187/2015, el Inase podrá instruir sumarios y publicar las sanciones correspondientes”, informó la dependencia oficial.

De esta manera, se terminó con el conflicto, al menos hasta la sanción de la nueva Ley de Semillas que el Gobierno tiene previsto girar al Congreso en agosto próximo, desatado entre la multinacional Monsanto y los productores agropecuarios por la decisión de la empresa de cobrar un canon sobre el poroto ya cosechado, utilizando métodos propios para la detección de la soja Intacta.

Esta cuestión motivo la protesta de los productores y las entidades agropecuarias, lo que provocó que el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, resuelva, tras un acuerdo alcanzado con la empresa estadounidense el 23 de junio pasado, en el que se estipula que el Inase será el único organismo estatal capaz de fiscalizar los granos y, en caso de encontrar alguna irregularidad en la procedencia del producto, es el único con poder para sancionar al empresario.

La conformación de una red oficial de análisis de las semillas -para evitar fraudes con el uso de la soja Intacta, repelente a insectos- se respaldará en el fuerte incremento de los recursos del Instituto, que días atrás multiplicó en hasta cinco veces los aranceles por los diferentes bienes y servicios que presta.

El costo de inscripción de materiales en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares fue fijado en 12.000 pesos (156% más que en la última actualización, realizada en abril de 2015), mientras que la anualidad para mantener al cultivar en ese registro es de 4.815 pesos (200% más).

Los estudios de diferenciación de cultivares ahora tiene un costo de 6.000 pesos (367% de suba, la de mayor magnitud), mientras que los exámenes técnicos de variedades vegetales tendrán igual valor (61% más).

A su vez, la inscripción en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas pasó a tener un costo de 25.591 pesos (el triple que hasta ahora) para criaderos o introductores de materiales, mientras el certificado internacional de trámite o inscripción de variedades vegetales, que aumenta de 225 a 675 pesos.

Además de la fiscalización directa e indirecta, el Inase está llevando a cabo un programa de ampliación de la plantilla de técnicos para poder instrumentar un control más estricto del uso de la semilla legal en autógamas (como soja y trigo).

En forma simultánea se realiza un seguimiento de los empresarios agrícolas que no pudieron justificar el origen legal de la semilla de soja utilizada en la campaña 2015/16 (se estima una cifra superior a 6.000).

En esos casos se prevén sanciones, cuando se termine de identificar al número total de infractores, con multas, prohibición de resiembra de los cultivares de uso propio y eventualmente, la difusión pública de sus nombres.

El plazo para cumplir con la obligación de declarar ante el Inase la cantidad de semilla de soja y trigo reservada para uso propio en el ciclo 2016/17, vence el próximo 31 de agosto.

Fuente: Télam