En otras palabras, como toda sociedad plural, existen diversas posturas en cuanto a la plena participación de las mujeres en distintos espacios de la vida cotidiana, no hay una postura permanente y consensuada.

 

Si bien hemos evolucionado a lo largo del tiempo y efectivamente hoy las mujeres tienen muchas más libertades y oportunidades, no podemos afirmar que las mujeres gozan del mismo grado de libertad e igualdad que los hombres. Al analizar las sociedades en Argentina, Brasil y Colombia, identificamos que la situación femenina es compleja y presenta distintas aristas relevantes para poner en debate.

 

Siendo la educación un pilar central para el desarrollo personal y colectivo, los datos sobre los tres países mencionados evidencian que los sistemas educativos garantizan el acceso igualitario para hombres y mujeres. De hecho, un fenómeno interesante es que, en el nivel universitario, tanto en Argentina como en Colombia y Brasil, la proporción de mujeres graduadas en educación superior es mayor que la de hombres. En Argentina, en 2023, un 63,9% de egresados de carreras universitarias eran mujeres, mientras que un 36,1% eran hombres (INDEC). En Colombia, en 2020, por cada 100 hombres que se graduaron, lo hicieron 127 mujeres (DANE). En Brasil, las mujeres también superan a los varones en matrícula y graduación superior según el INEP, con una tasa de conclusión acumulada de cohorte del 42% para las mujeres frente al 34% para los varones (y menor tasa de deserción: 57% en mujeres frente al 65% en varones), además de un promedio de 12,2 años de escolaridad en mujeres de 18 a 29 años frente a 11,6 años en varones (IBGE).

 

Sin embargo, a pesar de contar con niveles educativos más altos, las mujeres enfrentan mayores desafíos para acceder y permanecer en el mercado laboral. En los tres países analizados, los datos evidencian menores tasas de empleo y mayores tasas de desocupación y subocupación femenina.

 

 

 

Los logros de las mujeres en otros espacios como la educación no se traducen en mayor inserción laboral ni en una mejor calidad de los empleos en los que se incorporan. Esta disparidad responde a factores económicos y de incentivos concretos. Por un lado, se observa una marcada segregación en las áreas de conocimiento: mientras las mujeres se concentran mayoritariamente en educación, salud y ciencias sociales (sectores con remuneraciones promedio más bajas), los varones predominan en ingenierías y tecnología, donde las primas salariales del mercado son más altas. Por otro lado, entran en juego las decisiones de conciliación familiar y el tiempo que las mismas conllevan; los datos muestran que los varones trabajan, en promedio, más horas remuneradas por semana, mientras que la demanda de tiempo en el hogar suele orientar a las mujeres hacia esquemas de jornada parcial, empleo independiente o sectores informales que ofrecen mayor flexibilidad a cambio de menores ingresos. De este modo, el mayor nivel educativo no garantiza un retorno económico equivalente si persisten diferencias en la especialización productiva y sobre todo, en la continuidad laboral.

 

Todo eso nos hace preguntarnos si esta división por áreas de conocimiento, ¿responde únicamente a una diferencia natural de intereses entre hombres y mujeres?, ¿o de alguna forma la costumbre nos condiciona a seguir ciertos modelos que reproducen estas distinciones?

 

La misma pregunta se traslada al ámbito político, otro espacio relevante a tener en consideración a la hora de analizar una sociedad considerada democrática. En los tres países investigados se han implementado diversas medidas para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en espacios de representación política. El establecimiento de cuotas para aumentar esta participación femenina son el ejemplo más concreto de estos esfuerzos.

 

 

 

 

 

A primera vista, estos datos (correspondientes a la actualidad) y la implementación de leyes de paridad podrían hacernos pensar que la representación política entre hombres y mujeres empieza a equilibrarse. Sin embargo, el problema de fondo aparece cuando analizamos el verdadero alcance de la intervención estatal. Que el Estado imponga cupos o paridad de forma vertical puede abrir puertas y asegurar bancas en los papeles, pero esa exigencia legal no se traduce automáticamente en cambios dentro de la sociedad civil. Mientras en la cultura cotidiana sigan arraigados prejuicios que asocian la autoridad y el liderazgo con lo masculino, las leyes alcanzan para ocupar casilleros en las listas, pero no para transformar las relaciones reales de poder.

 

Si bien es erróneo generalizar una observación a toda una sociedad, es difícil de creer que la discriminación que sufren las mujeres sea realizada de manera conscientemente malisciosa. A grandes rasgos, el mundo occidental y gran parte del mundo oriental, a lo largo de la historia pudo comenzar a revertir los patrones de la discriminación, violencia y desigualdad de la mujer, reconociéndoles una serie de derechos y obligaciones, generando que en la actualidad, hombres y mujeres sean iguales ante la ley. Sin embargo, al trasladar esta idea del plano legal al plano empírico, nos encontramos con una profunda contradicción: las mujeres siguen encontrándose relegadas de ciertos espacios de la sociedad, y subordinadas a puntos de vista predominantemente masculinos. A lo largo del artículo observamos que tener más títulos universitarios o exigir cuotas para aumentar la participación femenina en la política no alcanza para emparejar las cosas de forma automática. Pero el punto donde esta contradicción se vuelve más cruda y urgente es en los femicidios.

 

En los últimos años, las respuestas estatales en la región han priorizado el endurecimiento penal: Brasil fijó penas de hasta 40 años de reclusión mediante la Ley 14.994/2024; Argentina castiga el femicidio con prisión perpetua en su Código Penal; y Colombia contempla sanciones de hasta 50 años bajo la Ley Rosa Elvira Cely. Sin embargo, las cifras demuestran que el aumento de las penas no disuade por sí solo la violencia letal. Con tasas que oscilan entre 0,9 víctimas por cada 100.000 mujeres en Argentina, 1,2 en Colombia y 1,5 en Brasil, donde se asesinan en promedio cuatro mujeres por día, la realidad expone los límites del derecho punitivo. La gran mayoría de estos crímenes ocurren dentro del hogar, a manos de parejas o exparejas, y en una proporción alarmante involucran a víctimas que ya habían radicado denuncias o contaban con órdenes de restricción que nunca se controlaron.

 

Esta brecha confirma que la ley penal siempre actúa ex post, cuando la tragedia ya se consumó. El problema es que el Estado suele poner toda la energía en castigar después del hecho, pero falla en la prevención cotidiana y, sobre todo, en garantizar que las mujeres tengan autonomía económica real. Muchas veces una mujer no puede cortar un vínculo violento simplemente porque no tiene ingresos propios, no tiene a dónde ir con sus hijos o depende del agresor para subsistir. De poco sirve tener las escalas penales más severas del continente si fallan los mecanismos de alerta temprana y si no se construyen condiciones previas de autonomía económica y habitacional que le permitan a una mujer cortar a tiempo un vínculo violento.

 

La igualdad ante la ley fue una conquista enorme, pero creer que la violencia se resuelve sumando años de cárcel o creando leyes más severas es una ilusión. Mientras las instituciones sigan fallando en cuidar a tiempo y no existan condiciones materiales para que una mujer pueda ser verdaderamente independiente, la ley seguirá prometiendo una protección que en la vida real no llega.

 

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar