Bajo la sombra de la impunidad y la inmunidad, y con el entonces ministro de Economía Sergio Massa -por aquel entonces también candidato presidencial- como figura central, se orquestaba uno de los tantos saqueos monumentales que marcaron la gestión de Alberto Fernández, un presidente reducido a la condición de títere de Cristina Fernández, la verdadera arquitecta de su llegada al poder.

 

 

La lista de hechos de corrupción en la AGP es infinita, protagonizada por personajes de gran peso que se escudan tras "peones" para cometer sus fechorías. La corrupción es tan evidente que asquea, y solo cuando los escándalos tomaron estado público en medios masivos de comunicación, el gobierno tomó (o aparenta tomar) acción. La disolución y fusión de dos organismos en la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) pareciera ser un intento de "borrón y cuenta nueva" ya que tras un año de gobierno ni un solo hecho de corrupción ha llegado a la justicia, a pesar del cúmulo de pruebas.

 

La solución para alcanzar una gobernabilidad sana en Argentina exige mucho más que medidas simplistas o simbólicas de gran impacto marketinero como el uso de una motosierra. Aunque pueda parecer una tarea sencilla, lo cierto es que, tras 41 años de democracia, ningún gobierno ha logrado cumplir cabalmente con el primer artículo de la Constitución Nacional. Este establece la adopción de una forma republicana de gobierno, basada en la división de poderes, la periodicidad de los mandatos y la igualdad ante la ley. En cambio, el Poder Judicial sigue subordinado a las voluntades políticas, comprometiendo los principios básicos de un sistema republicano.

Constitución Nacional, Artículo 1º: "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución."

 

Los denunciantes del pacto

 

Varios hechos publicados en redes o medios dan cuenta de la posibilidad de la existencia de un pacto de impunidad (¿por gobernabilidad?)

El primer indicio quedó retratado en una fotografía tomada durante la asunción presidencial de Javier Milei, en diciembre de 2023. La presencia de Cristina Fernández en el Congreso ese día, exultante de alegría, fue un gesto que debería haber encendido las alarmas. La misma persona que en 2015 se negó a entregar el bastón presidencial a Mauricio Macri, ahora aceptaba jugar un rol secundario en el traspaso de mando a quien había prometido terminar con “la casta inmunda”. Este fue el punto de partida para los rumores que hoy se han convertido en estruendo: el pacto de impunidad existe, y las pruebas comienzan a acumularse. Pero quizás no sea con ella…

 

En diciembre de 2023, el medio digital Iprofesional reportó “firmes versiones” sobre una reunión secreta entre Sergio Massa y Cristina Kirchner, donde se habría negociado la no revisión de causas judiciales pendientes contra la exmandataria.

 

En noviembre de 2024, el periodista de investigación Christian Sanz, director del portal Tribuna de Periodistas, reforzó esta hipótesis al denunciar que “hicieron un desastre en AySA (organismo que presidió Malena Galmarini en la administración Fernández) como llenarlo de militantes y comprar directamente, sin licitación”. Para Sanz “hay varias denuncias sobre el accionar de Malena y el del propio Massa, aunque no del gobierno, lo que es llamativo porque los delitos están a la vista”. “Es raro”, evaluó el periodista antes de suponer que “hay un pacto entre Milei y Massa por impunidad”.

 

El 7 de enero de 2025, María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri, denunció en la red X: “de una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK”

 

Días después, Mariano Federici, ex titular de la UIF, acusó al gobierno de desplazar al nuevo titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, por haber investigado a corruptos y lavadores de dinero: “La única razón por la cual hoy desplazaron al titular de la UIF de Argentina, Ignacio Yacobucci, es porque tuvo la rectitud y valentía de cumplir con su mandato legal. Impulsó investigaciones contra corruptos y lavadores de dinero sin doblegarse ante el hecho de que esos mismos corruptos y lavadores eran los socios con los que el Gobierno pactó gobernabilidad a cambio de impunidad”. Federci agregó que el funcionario echado había recibido órdenes del gobierno y Cúneo Libarona en particular, quienes le exigieron que “no investigara a funcionarios públicos”.

 

Las pruebas silenciadas

 

En este contexto de suspicacias, es relevante destacar que tanto en la Administración General de Puertos (AGP) como en la actual Secretaría de Transporte permanecen prácticamente las mismas estructuras administrativas que operaron durante la gestión de Alberto Fernández. Salvo por la incorporación de Franco Mogetta como Secretario de Transporte en una gestión que hasta ahora ha sido insípida y sin resultados concretos. A continuación una lista de irregularidades con algunos de los hechos que merecen respuesta:

 

•José Beni, interventor de la AGP desde 2020, quien afirmó al asumir: “Una sociedad del Estado (AGP) no tiene un fin de lucro; no está para ganar dinero”. Sin embargo, tiempo después se hizo público que ocupaba un doble cargo como sindicalista e interventor, en abierta contradicción con la legalidad y sus propias afirmaciones iniciales

•Prórroga y cambio de permiso de uso a Concesión de Uso a la empresa Buquebus por 40 años, con un injustificado descuento de 72 millones de dólares en el canon, en perjuicio del estado y omitiendo un llamado a licitación entre otras irregularidades.

•Prórrogas irregulares en el dragado y balizamiento, cuando vencida la concesión debió realizarse un nuevo proceso licitatorio. En una de estas prórrogas quedó expuesto el pago de coimas de EMEPA al gobierno en la causa Cuadernos.

•Contrataciones directas en dragado y balizamiento bajo el nuevo esquema estatal de administración del peaje en la hidrovía, dando indicios de que el sistema de coimas podría haber continuado en esta decisión.

•Intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en la licitación de la Hidrovía en 2022, señalando irregularidades en el proceso y recomendando una nueva convocatoria.

•Deuda millonaria inexplicable con Jan de Nul, empresa que, en sociedad con EMEPA durante la gestión anterior, operaba sin registro de deuda.

•Prórrogas ilegales con las Terminales Portuarias del Puerto de Buenos Aires, con descuentos en el pago de tasas del 25% y aumentos en las tasas a los usuarios del 100%. Posibilidad de extensión hasta 2030.

•En 2022, el balance comercial de la AGP mostró un superávit de 38 millones de dólares, pero en 2023, inexplicablemente, presentó un déficit de 40 millones, sin documentación respaldatoria.

•Denuncias del equipo de PPT, liderado por Jorge Lanata, sobre contrataciones por cifras exorbitantes para mantenimiento de espacios verdes, limpieza y seguridad, con sobreprecios y empresas cuestionadas como Unlimited Solutions SRL, Smarty Group SRL y Tecnología Vial Aplicada SA.

•Entre 2021 y 2023, la planta de empleados en AGP creció de 450 a 815 empleados, con algunas contrataciones precarias, y promesa de efectivización si Sergio Massa ganaba las elecciones presidenciales.

•Denuncia de TN por un gasto de 34 millones de pesos en un libro de fotografías titulado "Postales en Estiba", destinado a un inexistente sitio online de la AGP.

•Vínculos entre los hermanos Salom y figuras investigadas como Gustavo "El Turco" Elías, relacionado con lavado de dinero y con nexos con Sergio Massa y Hugo Moyano.

•Pago de $1.500 millones por la obra del Museo Portuario a Criba S.A., empresa que además construye un edificio en el predio de la AGP, sin avances visibles en el museo y aun así con un aumento en el monto.

•Uso irregular de permisos de uso para inversiones, ignorando la recomendación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en 2021 de realizar licitaciones, como el caso del Hotel Candelas y Buquebus

•500 empleados de Bactssa fueron despedidos peso al del Decreto 299/2023 que garantizaría la continuidad laboral en APM y TRP. Los ex empleados denunciaron "aprietes" y falta de reubicación.

•Alquiler de un edificio para la AGP a un costo mensual de 90 mil dólares, con un seguro de un millón de dólares contratado a través de Promecor Seguros, empresa vinculada al escándalo de los "Seguros Gate" de Alberto Fernández.

•75 gerentes y subgerentes con salarios oficiales que rozaron los 6 millones de pesos mensuales en 2024.

•Capacitaciones ficticias para justificar servicios de catering

•alquiler del Hotel Sheraton para un seminario.

•Despido de 170 empleados en AGP en 2024 sin justificación, bajo presiones ideológicas, lo que derivó en una causa penal contra Beni, Salom y Benvenuto. Por este hecho los denunciados no deberían entrar en la nómina –si es que lo estuvieren-de empleados que sean alcanzados por los despidos con sus lógicas indemnizaciones, sino que deberían ser echados sin ningún tipo de beneficio.

 

El presente

En enero de 2025, tras las denuncias de corrupción publicadas en TN, el presidente Milei disolvió la AGP y la SSPyVN mediante el Decreto 3/2025, creando la ANPYN.

Sin embargo, al día de la redacción de este artículo solo se dio a conocer una lista de despidos para 150 empleados pertenecientes a la SSPyVN. Estos despidos se efectivizarán de forma escalonada en 6 o 12 meses.

El controvertido llamado para la nueva licitación de la Hidrovía, cuestionada por su direccionamiento en favor de la empresa belga Jan de Nul, continúa sin hallar eco judicial. El juez federal en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, desestimó una medida cautelar presentada por la firma DEME, una de las compañías que compiten por la concesión de la vía navegable. En su fallo el juez consideró que “No se advierte del Pliego de Bases y Condiciones -a simple vista- las irregularidades alegadas por la parte actora, como así tampoco la supuesta intención de redireccionar la licitación para, en definitiva, favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio de dragado de la vía troncal de navegación, como señala en su presentación”

Cabe destacar que la empresa AYSA dirigida por Malena Galmarini cuenta con varias denuncias públicas de corrupción en un modus operandi similar al de la AGP sin que ninguna causa haya llegado a la justicia.

 

La corrupción? Ah sí, parece que continúa.

 

 

 

Fuente: www.Netnews.com.ar