Sábado, 20 de Abril de 2024 | 17:18
PRODUCCIÓN 24.07.2023

La doble vara de la responsabilidad social empresaria.

Julián D’Angelo Por Julián D’Angelo
Director Ejecutivo Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social (UBA) Secretario Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Universidades por la RSE (RedUniRSE)

Hace cinco años, decía[1] que la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) había ganado la batalla de las ideas, al superar la doctrina de Milton Friedman enfocada exclusivamente en la maximización de la rentabilidad para el accionista, pero que, lamentablemente, no se veía con la misma claridad que haya logrado imponerse plenamente en la gestión corporativa.

Desde entonces, pasaron cosas.

 

 

 

Dentro de las cosas positivas, en 2019, el último bastión corporativo alineado con el pensamiento económico de Friedman, la Mesa Redonda de Negocios de los Estados Unidos (Business Roundtable), que reúne a los 200 directores ejecutivos de las compañías más poderosas de los Estados Unidos, modificó su definición del propósito de una empresa, que anteriormente era el de proporcionar el máximo beneficio a los accionistas, poniendo los intereses de los empleados, clientes, proveedores y comunidades a la par con los de los accionistas.

 

Con su ampliación del propósito empresario se definió un nuevo estándar para la responsabilidad corporativa.

 

Por el lado de lo negativo, la gestión de Donald Trump, al frente de la presidencia de la principal potencia económica del mundo, los Estados Unidos, significó un serio obstáculo a los avances en la Agenda del Desarrollo Sostenible. Retiró a los Estados Unidos del Acuerdo del Clima de París, recortó el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental, favoreció los intereses de las industrias del petróleo y del carbón, promovió la xenofobia y el desmantelamiento de diversas políticas a favor de la inclusión y la defensa de las minorías. Durante su presidencia, el negacionismo ambiental construyó un relato ideológico partidista para cuestionar la agenda sustentable de las compañías y las políticas públicas para enfrentar la crisis climática.

 

A tal punto llegó a politizarse en los Estados Unidos el debate sobre la agenda corporativa del desarrollo sostenible, que uno de los empresarios más comprometidos y vanguardistas en esta temática, Larry Fink el CEO del Grupo financiero BlackRock, declaró recientemente que no utilizará más en sus cartas el termino ESG (abreviatura que hace referencia a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones empresarias), cansado de los ataques que sufre tanto desde la “extrema derecha”, como de la “extrema izquierda”. Seguirá poniendo el foco en la rentabilidad a largo plazo, y sosteniendo la mirada del capitalismo de stakeholders, pero sin mencionar el término ESG.

 

Desde hace más de cinco años, Larry Fink venía incorporando en su Carta anual a los directores ejecutivos, menciones explícitas a los necesarios compromisos en materia ESG. Pero BlackRock venía siendo sido criticada cada vez más en los últimos tiempos, por políticos y activistas de ambos extremos: unos acusaban a Fink y su Fondo de impulsar una agenda que dañaba a la industria del petróleo y el gas, mientras que otros le cuestionaban no hacer lo suficiente para desinvertir en combustibles fósiles.

 

Pero, sin dudas, Larry Fink no ha sido el único ejecutivo en recibir estos cuestionamientos desde ambos extremos ideológicos.

 

Es entendible la obsesión de las diversas iniciativas voluntarias en materia ESG o de responsabilidad social en enfrentar las prácticas de lavado verde (greenwashing) en las compañías. El hecho de manifestar un compromiso socioambiental que no se traduce en metas y acciones concretas medibles y reportables, y que, incluso, muchas veces es una simple propaganda para ocultar las peores prácticas en materia de contaminación, explotación laboral o corrupción empresaria, es muy dañino para quienes promovemos la importancia de sostener una agenda coherente en favor del desarrollo sostenible, ya que pone a todas las empresas en el mismo barro.

 

Pero, por otro lado, da la impresión de que, debido a ello, las diversas iniciativas, directrices y plataformas ESG les exigen cada vez más a los mismos de siempre, subiendo la vara de la responsabilidad social, y profundizando la brecha entre estas empresas “veteranas” de la responsabilidad social, y las compañías que no han dado siquiera sus primeros pasos en esta materia.

 

Hace unas semanas se presentó en Europa la nueva versión de las Líneas Directrices de la OCDE de Conducta Empresarial Responsable, cuya primera edición data de 1976. Desde aquel entonces, a nivel mundial, solo se presentaron unas 500 instancias específicas de denuncias por incumplimiento de estas normas voluntarias. En Argentina, adherente desde 1997, se han abierto menos de diez instancias específicas de mediación en estos 25 años, ninguna de las cuales tuvo resolución.

 

Asimismo, el Pacto Global de Naciones Unidas, principal iniciativa de responsabilidad social empresaria en el mundo, modificó a inicios de 2022 su metodología de reporte a través de las Comunicaciones de Progreso de las compañías, también con el foco puesto en robustecer dicho informe y enfrentar el greenwashing. Este 15 de julio debía entrar en vigor la obligatoriedad a todas las empresas adherentes de reportar bajo esta metodología en una fecha en común para todas las compañías, pero acaba de ser postergada, por ahora sin anuncio de nuevo plazo.

 

La principal iniciativa mundial en materia de reportes de información no financiera, GRI, también modificó sus guías, incrementando la ambición en las materias a reportar y sus indicadores, a partir de este año. Pero son muy pocas las empresas que han logrado adaptarse a estas nuevas exigencias.

Por otro lado, la Unión Europea, viene encabezando en los últimos tiempos una ola reguladora, bajo su rol de impulsora clave en la transición de las empresas hacia una economía sostenible, aprobando diversas normativas en materia ESG, como la Directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial (CSRD), la Taxonomía de Actividades Sostenibles, la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, o el paquete de normas Fit for 55, orientado a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

 

Es tal el nivel de presión reguladora de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, que varios países del mundo, entre ellos la Argentina, Brasil, Australia y los Estados Unidos, han manifestado el temor de que dicha normativa no represente en realidad una excusa para el establecimiento de barreras al ingreso de productos y servicios al continente europeo.

 

Así opera una doble vara, que les exige cada vez más a los que ya intentan alinearse con la indispensable Agenda del Desarrollo Sostenible, pero que no se esfuerza demasiado en incorporar a la gran mayoría de las compañías cuya única preocupación es la maximización de la rentabilidad en el menor tiempo posible para asegurar el beneficio de los accionistas.

 

Un reciente estudio realizado por la consultora PWC a ejecutivos de distintas empresas del mundo ("ESG Empowered Value Chains 2025") señaló que solamente el 6% de las grandes compañías en la Argentina tienen objetivos sustentables integrados a los del negocio.

 

Sin dudas, aquí está el gran desafío del presente. Como enfrentar las prácticas de greenwashing, existentes aún en muchas compañías, y promover el incremento de la ambición en los compromisos y metas ESG, pero sin desincentivar a las empresas que necesariamente deben comenzar a dar sus primeros pasos en la agenda del desarrollo sostenible.

 

 

 

 

 

[1] D’Angelo J. L. (2018). Responsabilidad Social y Universidad. Agenda Latinoamericana. Ciudad de México, México: Publicaciones Empresariales UNAM FCA Publishing. 

Fuente: www.Netnews.com.ar

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