Un pequeño homenaje al recientemente fallecido Embajador Vicente Berasategui, al citar un artículo suyo donde nos recordaba que “las comunicaciones con las Islas acordadas en 1971 y las políticas de seducción del gobierno de Menem, que concluyeron en acuerdos bilaterales sobre pesca, hidrocarburos y otros, en nada atenuaron la voluntad británica de adoptar medidas unilaterales en la región en disputa”. Esto no parece entenderlo el actual ministro Jorge Faurie que persiste -ratificando el comunicado conjunto de 2016- en la aplicación de esas mismas políticas, contrarias a lo prescripto en la Constitución Nacional.

Hay quienes atribuyen al lobby ante el Parlamento inglés y el Foreign and Commonwealth Office de unos pocos isleños la lamentable situación Argentina en el Atlántico Sur y, ciertamente, si fuese así, sería una demostración de la incapacidad de todo un país para llevar adelante una estrategia que atienda nuestros intereses, contrastando con el éxito de un puñado de implantados. Pero no, no es así, son las políticas erróneas de nuestros gobiernos y sus incapacidades. Tal es el caso, de la ausencia de una política pesquera y exterior en esta materia, para “administrar” el recurso en el Atlántico Sur, que les ha permitido a los británicos en Malvinas subsistir en estos últimos 42 años y, a los buques extranjeros, expoliar nuestros recursos y poner en riesgo su equilibrio biológico, en evidente perjuicio a la explotación e industria nacional.

No se puede acordar la investigación conjunta con quien ocupa nuestro territorio, explota nuestros recursos contradiciendo las resoluciones de la ONU y con quien otorga licencias por 25 años. En una afrenta a la inteligencia y un atentado a la sustentabilidad biológica.

Estas políticas violan la Constitución Nacional. No es algo que pueda ser facultad de un Canciller o un Subsecretario de Pesca. Tal vez no se entienda, por esta inveterada costumbre de los argentinos de trasgredir la ley y deba ser explicado de otra forma: cientos de buques extranjeros extraen un millón de toneladas anuales del mar argentino y ello con la complacencia in eternum de la subsecretaría de pesca, los organismos de seguridad y la Cancillería, violando la soberanía nacional y los deberes de funcionarios públicos, poniendo en riesgo la sustentabilidad y provocando la pérdida de miles de millones de dólares anuales y cientos de miles de empleos.

Solo los buques extranjeros con licencia británica de Malvinas desde 1976 han extraído recursos pesqueros en la “Zona Económica Exclusiva Argentina”, un promedio anual de 200 mil toneladas, por un valor de 21 mil millones de dólares en la primera venta, es decir, que en la comercialización final la Argentina ha perdido entre 63 mil y 148 mil millones de dólares.

Resaltaré y haré un alto aquí antes de avanzar: teniendo en cuenta que, como he dicho, los citados buques extranjeros pescan «sin autorización argentina en aguas argentinas» y, que la explotación de los recursos en nuestro territorio marítimo está limitada conforme las Res. ONU Nº 37/9 y, por analogía, las Res. ONU Nº 3171/73, ONU 3175/73 y afines y, previo retraer la situación al 1 de diciembre de 1976, como claramente lo indica la Res. ONU Nº 31/49, y, esencialmente, violar el régimen federal pesquero (Leyes 24.922 y 26.386) y la CONVEMAR (Ley 24.543), en nuestra condición de país ribereño, uno debería preguntarse -y los fiscales federales actuar en consecuencia- porqué los respectivos Subsecretarios de Pesca y, muy especialmente desde la sanción del citado régimen, no han exigido el pago de los derechos y colocado multas a las empresas de los buques extranjeros, equivalentes al monto extraído, que reparen el gravísimo daño económico y biológico ocasionado -y que aún ocasionan- a la Argentina, con las consecuencias industriales,  laborales y nutricionales que ello implica.

Cómo será la impunidad con la que los ingleses explotan nuestros recursos en el territorio nacional, que la Subsecretaría de Pesca de Argentina no los considera propios, ya que, en las estadísticas de la página oficial del Ministerio de Agroindustria, no se registran las capturas de los buques que operan con licencia inglesa en Malvinas. 

Otra sería la actitud -seguramente- de las empresas sancionadas, a la hora de seguir explotando el recurso nacional sin autorización argentina.    

Amén de ello, la Cancillería algo debería hacer, teniendo en cuenta, que más del 90% de la exportación malvinense es de participación española y, como puede verse, solo en los desembarcos en Vigo del primer semestre de 2018 “las capturas de Malvinas” encabezan el Rating con 26.943 toneladas y “la Argentina” solo está 5ta. con 19.805 toneladas.

A ello se agrega, la explotación de los recursos pesqueros por parte de más de 500 buques españoles, coreanos, taiwaneses, chinos, neozelandeses, noruegos, polacos, rusos, chilenos, sudafricanos y británicos que pescan ilegalmente unas 800 mil toneladas/año de recursos migratorios y asociados de la Zona Económica Exclusiva Argentina, que igualmente quebrantan la ley argentina y, para facilitar sus operaciones los puertos uruguayos están a su disposición: En 2017 ingresaron solo a Montevideo 294 buques extranjeros y 544 portacontenedores.

¿Y la seguridad y control de mar argentino? Ausente. La Prefectura capturó un promedio de dos buques por año en los últimos 35 años, ¿por decisión política, la carencia de medios o incapacidad de la Prefectura? Queda claro, que no es una cuestión coyuntural.

457 buques argentinos pescan en el Atlántico Sur. Junto a ellos, los buques extranjeros llevan 50 años invadiendo el mar argentino y el gobierno haciendo la vista gorda. Esto también es corrupción e ineptitud.

Fuente: www.NetNews.com.ar