Chaco tiene 5 veces más de pensiones por invalidez que Buenos Aires en proporción a la población de cada provincia, ésta última tiene 16 veces más grande en población.

En el año 2003, con la llegada del kirchnerismo al poder, existían en Argentina aproximadamente 77.000 beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez.
Veinte años después, ese número superaba el millón doscientos mil, un crecimiento del 1.300% que no tiene correlato en ningún indicador de salud, discapacidad ni pobreza del país. La expansión fue especialmente explosiva entre 2008 y 2015, cuando el sistema se multiplicó por cuatro en tan solo siete años, consolidándose como una herramienta de transferencia política más que de asistencia médica genuina.

De esta manera, sin ningún tipo de guerra de por medio, las pensiones no contributivas por invalidez se dispararon en Argentina durante el gobierno
kirchnerista.

PENSIONES POR INVALIDEZ
 

La distribución provincial expone el uso político del programa

La heterogeneidad geográfica de las pensiones por invalidez es elocuente. Mientras la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego registran tasas inferiores al 1% de la población, provincias como Chaco, Santiago del Estero y Formosa superan el 7% y el 8%, respectivamente, más de ocho veces el promedio de los distritos más ordenados.

Esta brecha no se explica por diferencias en la prevalencia real de la discapacidad sino por décadas de otorgamiento discrecional, con redes de punteros políticos y médicos certificando condiciones inexistentes.

El promedio de las 24 provincias es de 3,27%, donde 9 de las 24 provincias superan este promedio. También puede observarse, en términos generales, como las provincias del norte poseen ratios más altos que el resto de las provincias.

Argentina otorga más del doble que Chile y Uruguay

La comparación regional aporta una perspectiva definitoria. Mientras Argentina alcanzó una tasa de 2,5% de la población como beneficiaria de pensiones por invalidez, Uruguay sostiene ese número en el 1,8% y Chile en el 1,0%, con sistemas de control médico más rigurosos, criterios de elegibilidad más estrictos y sin antecedentes de fraude sistémico.

La Fundación Libertad y Progreso considera que la auditoría en curso es un paso imprescindible para recuperar la integridad del sistema. Sin embargo, advierte que el proceso debe garantizar el debido proceso para los beneficiarios legítimos y no puede convertirse en una reducción arbitraria de derechos adquiridos por quienes sí cumplen los requisitos.

El objetivo final debe ser un sistema que llegue efectivamente a quienes lo necesitan, con criterios médicos objetivos, información pública y

rendición de cuentas, no una caja de la política con cualquier signo que la administre.

Fuente: www.NetNews.com.ar