Puntos más destacados que arrojó la auditoría:

• Desvío de fondos y destino dudoso de los superávits

La ley provincial N.º 1596 dispuso que los superávits financieros de los ejercicios 2024 y 2025 de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) sean girados a la obra social del Estado fueguino (OSEF). El informe señala que ese destino “no está claramente respaldado legalmente” ni se verificó que se haya consultado a todos los actores afectados.
Esto genera dudas sobre el cumplimiento del principio de afectación específica de los recursos públicos portuarios, que deben reinvertirse en infraestructura portuaria.

• Importantes inconsistencias contables y bancarias

Se detectaron diferencias significativas entre los saldos según libros y los extractos bancarios en varias cuentas de la DPP: cheques emitidos no debitados, depósitos no acreditados, débitos no registrados, etc. Por ejemplo, una cuenta recaudadora presentaba una diferencia de más de 1.400 millones de pesos sin identificación clara.
Estas irregularidades afectan la trazabilidad de los fondos y elevan el riesgo de distorsiones en los saldos disponibles.

• Altísima concentración del gasto en personal y en préstamos, baja inversión en infraestructura

Al 30/09/2025, el gasto devengado por la DPP mostraba: personal 55% del total, activos financieros (préstamos a otras instituciones) 30%, mientras que las inversiones en infraestructura apenas representaban 1,3% del total.
El informe advierte que el rol financiero de la DPP —como financiador de otros organismos— excede sus funciones operativas portuarias, lo que puede comprometer la operatividad futura del puerto.

• Infraestructura deteriorada o inconclusa

Durante la inspección ocular se registraron múltiples falencias estructurales: pilotes inclinados o faltantes en el muelle, defensas de atraque con más de 20 años de antigüedad, pavimentos de acceso al puerto en muy mal estado, zonas de estiba de contenedores con losas deterioradas.
Por ejemplo: “el sitio 3 requiere su intervención inmediata debido al deterioro que tiene su estructura de soporte (pilotes defectuosos o inexistentes) …”.

• Seguridad operativa y portuaria comprometida

En materia de seguridad portuaria se observaron fallas: zonas de control de acceso sin delimitación clara, barreras que permanecían levantadas, personal de vigilancia sin identificación ni equipos de protección personal adecuados, y ausencia de protocolo operativo entre la actividad de cruceros y la de carga.
En el apartado de equipamiento para emergencias tampoco se encontraban completos los sistemas de lucha contra incendios ni alarmas funcionales.

• Tecnología, comunicaciones y seguridad de la información deficientes

Se constató que el centro de datos de la DPP está alojado en instalaciones poco seguras (ventanas abiertas, puerta de madera, sin alarmas ni UPS para continuidad energética). No hay protección adecuada para los equipos, lo que pone en riesgo la continuidad operativa.
También se registró que, aunque existe sistema de CCTV, no se estima que haya cobertura suficiente, y el personal operativo consideró que faltan cámaras para lograr un circuito adecuado.

Hasta allí, la noticia parece perseguir un fin de transparencia con el típico olor a motosierra libertaria, pero nada ni nadie ha cambiado en estos años en el organismo como para hacer suponer que van a empezar a hacer las cosas bien.

Así que el primer interrogante que suscita esta auditoría es por qué el flamante organismo, presidido por Iñaki Arreseygor, célebre autor del escandaloso pliego amañado de la licitación de la hidrovía, decide enviar, tras dos años de inexplicable pasividad, a un grupo de nueve funcionarios que trabajan en la AGP pero fueron contratados en comisión por la ANPYN, para realizar una auditoría al puerto de Ushuaia. ¿Por qué no se ahorraron 2.350 kilómetros y empezaron por su propia sede abarrotada de causas de corrupción que ni su propia auditoría ha podido justificar?

El segundo hecho que despierta suspicacia es una palabra en la declaración del presidente de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, al medio periodístico Tiempo Fueguino, donde afirma que la sorpresiva intervención tuvo términos “amenazantes”, mientras asegura que la terminal opera con normalidad y está próxima a recibir los 250 cruceros de la temporada.
Además, agrega: “La verdad que estoy extremadamente sorprendido por la actitud de la agencia nacional ante una denuncia, realmente no era ni la forma ni el resultado que nosotros esperábamos de un vínculo correcto entre dos organismos públicos”.

El tercer hecho, tal como denunciaron autoridades fueguinas, es que el informe haya tomado estado público al mismo momento en que se le notificó a la Dirección Provincial de Puertos, máxime cuando se tocan temas sensibles de seguridad física y operativa de una terminal portuaria internacional.

El cuarto hecho es un detalle no menor: Juan Avellaneda. Y es allí donde los cabos comienzan a atarse. El denunciante es empleado de la administración portuaria y realiza la denuncia en su carácter de secretario de la Seccional Tierra del Fuego del sindicato Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF). Y de pronto todo comienza a cobrar sentido.

La primera insensatez que he mencionado en artículos anteriores es que no existe personal jerárquico ferroviario en el puerto de Buenos Aires, así que menos debería existir un gremio.

Los “propietarios” de dicho sindicato son los hermanos Salom, los multidenunciados sindicalistas por hechos de corrupción y caras visibles de Hugo Moyano y del empresario bahiense “Turco” Elías, según denuncias publicadas en diversos medios periodísticos e investigaciones judiciales.
Los hermanos cuentan además con causas penales por los aprietes y amenazas realizadas a empleados de la AGP que no se sometían a su voluntad durante la transición del gobierno de Alberto Fernández a Javier Milei. Esos despidos indebidos le costaron al Estado una millonada en indemnizaciones que luego finalizaron con la reincorporación de todos los despedidos.

Según el medio periodístico Data Gremial, la secretaria del flamante sindicato sería María Fernanda Selva, pareja del gremialista titular de La Fraternidad, Omar Maturano, recientemente denunciado por hechos de corrupción. Maturano sería el “padrino político” de los Salom.
Selva cuenta con dos trabajos adicionales: es empresaria gastronómica, con restaurantes emplazados en tierras de la empresa pública Trenes Argentinos - que le habría proporcionado su marido- y es además subgerente de Comunicación y Prensa en la misma compañía desde 2021, aunque su mayor pasión sería viajar por el mundo y mostrarlo en las redes sociales.

¿Peligra la temporada de cruceros?

Aquí el tema se pone serio y dejamos de medir la corrupción con vara nigeriana. El turismo de cruceros es la principal fuente de empleo privado en la capital fueguina. Están en riesgo unas 2.000 fuentes de trabajo entre empleos directos e indirectos. Cerca de 262 cruceros arribarán al puerto esta temporada 2025/2026, realizando 525 recaladas. Se trata de un turismo de calidad que representa para comercios y servicios ingresos que rondan entre los 60 y 90 millones de dólares.

En tan solo dos días de inspección se determinaron una innumerable cantidad de fallas y temas relacionados con la administración de fondos. “Nada nuevo bajo el puente” podría tratarse de un copy paste de cualquier consorcio portuario a lo largo del país. El informe concluyó una baja inversión en infraestructura, observando que la misma se encuentra deteriorada y/o inconclusa.
Según Murcia, los pilotes faltantes o dañados - que corresponderían únicamente al sitio 3- se encuentran en un sector de amarre contiguo al dique flotante de la Armada destinado a buques de la Prefectura, en el que no operan buques turísticos, pesqueros ni de carga.

Suponemos que el encargado del informe técnico fue el arquitecto Ariel Cherubini, quien ocupa el cargo de Gerente de Ingeniería Portuaria y de Vías Navegables. Podría haber sido peor, y que el Gerente de Ingeniería sea uno de sistemas o de legales, dado que se postulan cuando el cargo queda vacante y gana el que tiene más jerarquía y antigüedad, sin importar el área. Un método inexplicable que permite el estatuto de esta sociedad estatal nunca liquidada. Los ocho auditores restantes son de legales, sistemas y de administración y finanzas.

Los rumores en cuanto a seguridad en el ámbito internacional de cruceros no son un tema que se tome a la ligera, y la más mínima sospecha podría derivar en el desvío de las rutas hacia puertos chilenos.

Cuando se trata de corrupción endémica es difícil sacar conclusiones ya que se requeriría del cruce de llamados, mails, WhatsApp, movimientos bancarios, etc. Existieron rumores políticos justo antes de las elecciones. El próximo movimiento expondrá la jugada.

Pero hay algo que es innegable, cuando de negociados portuarios/inmobiliarios se trate: Llame Ya! a la línea gratuita 0800-SALOM atención las 24hs. sobre todo domingos por la mañana.

Fuente: www.NetNews.com.ar