Concluyó una gestión de gobierno y se inicia otra de distinto color político. Se abre una gran oportunidad para iniciar una etapa de continuidad en políticas energéticas, que permita terminar con los cambios abruptos que históricamente vienen de la mano de un nuevo gobierno.

 El energético es un sector donde la previsibilidad es fundamental debido a las inversiones de capital intensivo involucradas y los plazos de maduración de los proyectos, todos por encima de 4 períodos presidenciales. Y digo que esta es la oportunidad de revertir ese comportamiento anómalo, que no existe en los países desarrollados, porque la gestión en energía del gobierno saliente estableció las condiciones adecuadas para un desarrollo sostenido del sector sobre bases objetivas, racionales y transparentes, características que por estar ausentes en los gobiernos kirchnerista llevaron al sector al colapso con serias consecuencias sociales y macroeconómicas.

 Hay razones objetivas para recomendar la continuidad de las políticas energéticas del gobierno saliente, claro que con los matices y ajustes necesarios.

La política energética de los gobiernos kirchneristas, se basó en no respetar la normativa ni los contratos vigentes en 2002 que fue lo que permitió a nuestro país contar con un sector energético capitalizado, sin subsidios, con servicios de calidad y con saldos positivos en la balanza comercial. Esa política consistió en intervenir los mercados mayoristas de energía, desregulados por ley, fijando precios arbitrarios al petróleo y al gas en boca de pozo y al Kwh en generación, congelar las tarifas de servicios públicos de electricidad y gas en un contexto inflacionario que en ese período multiplicó por diez los precios, e intervenir los entes regulatorios ENRE y ENARGAS. Las consecuencias de esas decisiones fueron: los cortes de luz, por deterioro de las redes de distribución y la falta de inversión en generación que dejó al sistema sin reservas, el desabastecimiento de gas, el incumplimiento de los compromisos de suministro de gas a Chile, la necesidad de importación de gas por barco desde 2008 en cantidades que superaron los USD 15.000 millones, la generación de un déficit en la balanza comercial energética por más de USD 6.000 millones, cuando en 2005 era superavitaria en 7.000, caída abrupta en la producción y en las reservas de gas y petróleo, el descontrol de las inversiones del estado como la central de Río Turbio, la central Atucha II y el gasoducto sin gas del noreste.

Ante este complejo legado que recibió la administración Macri hacia fines de 2015, no quedó otra alternativa que tomar medidas con elevado costo político pero inevitables para sanear económica y legalmente al sector y crear las condiciones necesarias para ponerlo nuevamente en marcha y así aprovechar los enormes y variados recursos energéticos, no solo para abastecer al mercado local en calidad y precio sino para generar saldos exportables de magnitud.

¿Que hizo entonces el gobierno de Cambiemos para revertir la situación heredada y lamentablemente no explicada? Volvió a encuadrar dentro del marco legal las relaciones contractuales y regulatorias, terminó con la intervención en los entes reguladores del gas y electricidad, restableció la Revisión Tarifaria Integral en los segmentos de transmisión y distribución. Así mismo, inició la transición de precios regulados a precios de mercado para cubrir costos sin subsidios. Concretó la convergencia de los precios del petróleo y derivados a las referencias internacionales e introdujo incrementos graduales y previsibles en los precios mayoristas de la energía.

Esas medidas lograron incrementar la capacidad de generación en más de 7.000 MW, dotando al sistema de confiabilidad con una reserva adecuada, lanzar un ambicioso plan de energías renovables, recurso inexistente en 2015 y que en 2019, que ya genera el 8% de la energía, reanudar las exportaciones de gas a Chile, y hacer los primeros embarques a pequeña escala de LNG, o gas natural licuado, producido en la barcaza rentada por YPF, exportando a Brasil. Se invirtió en el período un promedio de USD 7.000 millones anuales en Vaca Muerta que ya aporta comercialmente al mercado gas y petróleo.

En cuanto a transparencia, ahora todos los resultados de las licitaciones de compra del GNL se encuentran disponibles en el sitio web de IEASA. Se inicio? una política de amplia transparencia y de datos abiertos con información de ejecución presupuestaria y de subsidios. Se lanzó un proceso de convergencia hacia estándares internacionales para la elaboración de estadísticas. También, luego de 3 años de trabajo conjunto con ONG, universidades, organismos públicos y compañías, Argentina fue aceptada como país implementador de EITI, iniciativa de transparencia en la industria extractiva, brindando mayor transparencia a los flujos de dinero entre compañías principalmente petroleras y gobiernos. Estas son las principales razones por las que sugiero al nuevo gobierno continuar con criterio pragmático y racional los principales ejes de la política energética del anterior dejando de lado las que llevarían a errores del pasado por su carga ideológica e intereses políticos. Tengamos en cuenta que la micro del sector energético afecta significativamente a la macro, en particular con desbalances fiscal y comercial.

Revista Desafío Exportar

Fuente: www.NetNews.com.ar