Desde hace mucho tiempo los ciudadanos del interior no podemos comprender una pelea pública de la que no somos parte pero que nos afecta terriblemente. Los recursos coparticipables, ¿se distribuyen de acuerdo a las normas o hay un uso político de los recursos fiscales coparticipables?

Lo cierto es que nadie sabe a dónde recurrir para informarse de manera clara y transparente para reclamar lo que nos corresponde.

Una absurda burocracia fue la encargada de quitar estos inaceptables desmanejos de la vista de los contribuyentes. Los encargados de los poderes ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, dispusieron durante años de los recursos a su voluntad, siendo, en muchos casos, utilizados por la corporación política como herramienta de sometimiento de adversarios partidarios, lo cual fue posible al no transparentarle a la ciudadanía acerca del destino de los fondos ni de los criterios establecidos para su asignación. Quizás pudieron ocultar la realidad, pero jamás evitar las consecuencias de haberlo hecho, puesto que los recursos del estado –el dinero de los ciudadanos- son limitados y, como cuando nos tapamos demasiado el cuello con una manta corta nuestros pies sienten el frío del estar al descubierto, son pueblos enteros los que sufren las secuelas del abandono consecuente de los favoritismos.

En el caso de la Provincia de Córdoba, por ejemplo, la masa coparticipable se distribuye en una primera instancia entre lo que queda en la provincia y lo que va hacia los municipios, dentro de esta segunda categoría una porción se divide en partes iguales y otra de manera proporcional a la población, aunque cabe aclarar que lo hace teniendo en cuenta números desactualizados y no los del último censo -lo cual ya significa una importante falta-. Pero el nudo de la cuestión no radica allí, sino en las derivaciones de fondos llamados  especiales como el Fofindes y el Fasamu, cuya distribución entre comunas y municipios carece totalmente de parámetros claros lo cual se presta a justos cuestionamientos.  

Ante tanta oscuridad, la única manera de brindar un poco de luz es mediante la claridad que nos otorga la transparencia. Es por ello que, junto al Senador Ernesto Martínez, presentamos un proyecto en el Congreso para la creación de un Observatorio Nacional de Distribución de Recursos Coparticipables Nacionales y Provinciales, mediante el cual se les otorgará la facultad de acceder a toda la información completa y actualizada respectiva a los mismos en todo el territorio nacional de manera sencilla y directa a las organizaciones políticas, a los organismos públicos tanto nacionales como provinciales y municipales, a distintas organizaciones de índole privada que luchan de manera constante por lograr un acceso democrático a la información pública y a todos los habitantes de nuestro país que son, en definitiva, los verdaderos depositarios de la soberanía y a quienes corresponde el derecho de controlar a las autoridades que los representan.

Creemos que así el Estado comenzará a dejar en el pasado una antigua deuda con los ciudadanos, aquella referente a la claridad del uso de los recursos que con tanto esfuerzo los vecinos aportan con la satisfacción de cumplir con su obligación pero al mismo tiempo con la esperanza de ver que con ello se esté ayudando a construir un país mejor. A su vez, de esta manera al no estar atados de manos al tomar medidas pensando en si recibirán lo que les corresponde se ayudará a que, tanto los gobernadores como los intendentes en quienes el pueblo ha depositado su confianza, alcancen una mayor independencia política logrando hacer de esta manera un país más federal, justo y transparente.

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