La política económica del gobierno nacional ha cambiado a lo largo del tiempo. Al comienzo, se decidió normalizar el mercado cambiario de shock y cambiar radicalmente la política monetaria, endureciéndola respecto de lo que venía haciendo el gobierno anterior.

Al mismo tiempo, se anunciaron aumentos tarifarios que al votante medio le parecieron de shock, pero que eliminaban sólo una fracción de los subsidios.

Una parte de esos ahorros para el Tesoro fueron redireccionados a financiar rebajas de impuestos (retenciones y mínimo no imponible en ganancias) y aumentos en algunas partidas sociales. El acuerdo con los fondos buitre permitía acceder al financiamiento internacional a tasas razonables, lo que haría posible eliminar gradualmente el déficit fiscal primario (en cuatro años), recurriendo cada vez menos al impuesto inflacionario.

Ante el salto en la tasa de inflación de los primeros meses del año, mayor a lo esperado para los que argumentaban que los precios ya estaban ajustados a un “dólar de 15”, el gobierno optó por profundizar las medidas compensatorias (por ejemplo, rebaja del IVA), diluyendo el impacto fiscal. En los hechos, esto implicaba una postergación por un año de las metas incluidas en el programa fiscal gradual, más allá de que los números del primer semestre del año 2016 han sido mejores que los de 2015; esto ocurrió sólo por el ahorro (transitorio) que se obtuvo por pisar pagos de obra pública que debería ir desapareciendo a medida que progresa la ejecución del programa de infraestructura del gobierno.

Los indicadores de actividad económica confirman que hay una recesión moderada. Ante ese panorama, el gobierno decidió una nueva modificación en su política económica. La decisión de compensar a todos los jubilados de ingresos medios por la falta de ajuste en sus haberes en el período 2002-2006, hayan o no litigado contra la ANSES, genera un aumento en el gasto público permanente del orden de 1.5% del PIB que está lejos de poder ser financiado por la mayor recaudación que se origine como consecuencia del aumento en la base imponible que genere el blanqueo de capitales. El gobierno ha decidido “quemar las naves” en aras de asegurar la reactivación de la economía, dejando de lado la mejora gradual de las cuentas fiscales anunciada en enero.

De la reactivación liderada por una “lluvia de dólares” para inversión se pasó a una decisión de corte populista de motivar un aumento en el consumo aumentando los ingresos de más de dos millones de jubilados. Con esa inyección de fondos (aumento en el flujo de pagos a jubilados y además pagos de sentencias) se asegura la reactivación para el año 2017. Pero luego de la elección de medio término, el gobierno deberá anunciar un programa fiscal creíble de reducción del déficit estructural.

El retorno al crecimiento sólo permitirá un cierre muy parcial de la brecha fiscal. Y más allá de las declaraciones de los funcionarios respecto de la importancia de balancear las cuentas públicas, los hechos demuestran lo contrario. Se han aprobado medidas con impacto permanente negativo en las cuentas públicas nacionales. Al aumento del gasto en jubilaciones, se suma la devolución del 15% de la masa coparticipable a las 24 provincias (no sólo a las 3 que tenían un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia) y propuestas para conceder incentivos fiscales a Pymes y autopartistas, a pesar de que la experiencia internacional es bastante elocuente acerca de que los incentivos tributarios generan más costos a la sociedad que beneficios.

En resumen, el fiscalexit es una medida imprudente que deberá ser corregida a mediano plazo, no sólo para asegurar la solvencia de las cuentas fiscales sino también para ayudar a moderar el impacto macroeconómico de un déficit externo que ya es significativo, y que se manifestará en toda su dimensión cuando se logre la tan ansiada recuperación

Fuente: Daniel Artana

Fuente: www.NetNews.com.ar