La licitación de la Hidrovía Paraguay–Paraná no se desarrolla en el vacío. Llega precedida por un historial cargado de denuncias de corrupción en la ex Administración General de Puertos (AGP), dos procesos licitatorios frustrados, uno de ellos bajo la actual gestión (el otro digamos que también) y un cambio de nombre que transformó a la AGP en Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) sin que ese rebranding institucional disipe las prácticas ni las sospechas acumuladas.

En ese contexto, el informe elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) fue rápidamente presentado como un aval técnico al nuevo intento de concesión. La referencia, sin embargo, se apoya casi exclusivamente en un resumen ejecutivo de cuatro páginas, mientras el documento completo -mucho más extenso- ofrece una lectura bastante más incómoda.

Lejos de un respaldo sin matices, la UNCTAD formula objeciones técnicas, advertencias institucionales y recomendaciones concretas sobre competencia y tarifas, incluido el cuestionamiento a un precio prácticamente blindado desde el pliego, exigencias financieras, mecanismos de control estatal, resolución de controversias y riesgos operativos. Observaciones que aparecen dispersas en el cuerpo del informe y que, curiosamente, no forman parte de la narrativa oficial con la que se intentó cerrar el debate.

Revisar qué dijo efectivamente la UNCTAD y cómo lo dijo, no es un ejercicio académico. Es una forma de entender cómo, una vez más, un documento técnico termina siendo utilizado en un nuevo relato para legitimar un proceso que arrastra problemas estructurales sin resolver: la corrupción heredada y adoptada por este nuevo gobierno que dice buscar transparencia y mejores costos logísticos.

A esto se suma un dato no menor y es que el propio titular de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, reconoció públicamente que durante la licitación anterior no se realizaron monitoreos ambientales. Una admisión relevante en un proyecto de escala continental y particularmente sensible cuando se contrasta con el lugar marginal que la cuestión ambiental ocupa en el informe técnico que hoy se invoca como respaldo)

 

5 puntos clave que advierte la UNCTAD

 

1. Competencia, cuando el pliego excluye sin decirlo

Uno de los núcleos técnicos del informe de la UNCTAD es la advertencia sobre cómo ciertos requisitos del pliego pueden restringir la competencia, aun cuando formalmente se presenten como “condiciones técnicas”.

En particular el organismo señala que exigir que las empresas oferentes sean propietarias de dragas específicas (pag.5-6; 42-47; 73-79) en lugar de acreditar capacidad operativa efectiva, puede excluir a operadores técnicamente aptos, limitar la concurrencia y reducir la competencia real. La recomendación no es menor ya que UNCTAD sugiere alternativas contractuales para evitar este efecto, como el uso de sociedades de propósito específico o una evaluación más amplia de la capacidad del grupo económico.

Dicho de otro modo, el problema no es la exigencia técnica, sino a quién deja afuera.

Este punto reiterado en distintos tramos del informe, no figura en el resumen ejecutivo de cuatro páginas, difundido masivamente. Un detalle que ayuda a explicar por qué Iñaki Arreseygor, haciendo abstracción de su reciente gestión, se mostró con un tono tan optimista en un programa radial

 

2. El modelo económico: supuestos frágiles y números optimistas

Aquí la UNCTAD deja de ser diplomática y pasa a ser incómoda. El pliego fija una tarifa mínima obligatoria y prohíbe expresamente ofertar por debajo de ese valor. Traducido: la competencia por precio queda clausurada antes de empezar. No importa si un operador es más eficiente, más innovador o puede prestar el servicio a menor costo: el pliego se lo impide. La licitación, así diseñada, deja de ser un mecanismo para descubrir el mejor precio posible y pasa a ser un trámite para convalidar una tarifa previamente blindada. Que el contrato sea a riesgo empresario y sin aval estatal no atenúa el problema; lo agrava. Porque el riesgo se transfiere al concesionario, pero el precio queda protegido desde el escritorio. La UNCTAD no lo dice en esos términos, pero el mensaje es claro: cuando el precio no compite, la licitación pierde sentido económico.

El esquema tarifario blindado que cuestiona el organismo internacional dialoga de manera directa con lo advertido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que en su dictamen del 11 de febrero de 2025 señaló la existencia de barreras a la competencia, riesgos de direccionamiento y vicios en el diseño del pliego de la licitación que terminó siendo dejada sin efecto, posiblemente a causa de este fallo. No se trata de un error técnico ni de una diferencia de criterios: dos organismos, con lenguajes y competencias distintas, describen el mismo problema estructural. Y ambos lo hacen antes de que la licitación naufragara.

Otro aspecto cuestionado por la UNCTAD es el modelo económico-financiero de la concesión. Aquí no objeta la existencia del modelo técnicamente, sino sus supuestos. Una apreciación no menor, porque impacta en las tarifas y sostenibilidad del contrato (pág. 16- 21; 33; 102-104)

El informe advierte que la inflación no está correctamente incorporada en las proyecciones, el tratamiento del IVA presenta ambigüedades y que algunos supuestos de costos e ingresos podrían derivar en una subestimación de las necesidades reales de financiamiento.

La UNCTAD incluso desarrolla escenarios alternativos y estima que el proyecto requeriría más de 400 millones de dólares de financiamiento en los primeros años, un dato que contrasta con la ligereza con la que se habla de tarifas, inversiones y riesgos en el debate público.

Con respecto a la tarifa propone un esquema con un aumento del 80,87% en los 25 años de la concesión. No es una crítica ideológica, sino un llamado de atención técnico sobre la sostenibilidad del contrato.

 

3. Control y supervisión: el Estado aparece, pero con lápiz fino.

Lejos de avalar un esquema de control laxo, la UNCTAD insiste en que el diseño original del contrato necesita reforzar los mecanismos de supervisión estatal. Recordemos que en el contrato anterior esta ausencia de conocimientos por parte de la AGP y/o la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, hizo inviable la “estatización” pretendida por el gobierno de los Fernández, con la continuidad de Jan de Nul e Hidrovía bajo un modelo de contratación directa por parte del Estado.

El informe recomienda designar inspectores o comisarios con facultades claras; mejorar el régimen sancionatorio; evitar automatismos que debiliten la capacidad de control; y crear comisiones técnicas específicas para áreas sensibles como dragado, facturación, tecnificación y salvamento. (Pag 11-12)

Un mensaje es claro: sin control efectivo, la concesión se convierte en un acto de fe.

Otra advertencia que tampoco suele destacarse cuando se invoca a la UNCTAD como aval general del proceso.

 

4. Panel técnico y arbitraje: cuidado con delegar demasiado

Otro de los puntos más delicados del análisis de la UNCTAD es la advertencia sobre el Panel Técnico y los mecanismos de arbitraje. El organismo recomienda acotar estrictamente su alcance, circunscribiéndolo a controversias técnicas y económicas derivadas de la ejecución del contrato.

El objetivo es evitar que decisiones de interés público más amplio queden encapsuladas en instancias técnicas o arbitrales con bajo control institucional. Se trata de un riesgo particularmente sensible en países con antecedentes de inestabilidad normativa y discrecionalidad política, como ocurre en la Argentina, donde la delegación excesiva puede terminar desdibujando responsabilidades. En definitiva, a cada ámbito lo que le corresponde: al César, lo que es del César.

 

5. Tecnología y ciberseguridad: el riesgo que no se ve, pero está

El informe también pone el foco en un aspecto poco debatido: la creciente dependencia tecnológica de los sistemas de navegación, monitoreo y control. Si bien la digitalización permite mejorar la eficiencia operativa, la UNCTAD advierte que también introduce nuevos riesgos que no pueden ser subestimados.

Frente a este escenario, el organismo recomienda exigir desde el inicio de la concesión protocolos específicos de ciberseguridad, esquemas de redundancia energética y planes de contingencia que permitan sostener la operación ante eventuales fallas tecnológicas o incidentes informáticos. El informe incluso cita casos internacionales para ilustrar cómo un error de sistema o un ataque cibernético puede llegar a paralizar cadenas logísticas completas.

Entre líneas, la UNCTAD también deja expuesta la vulnerabilidad que generan la corrupción estructural y la lentitud administrativa, y en ese contexto plantea el uso intensivo de la digitalización y herramientas de inteligencia artificial en todos los procesos como un mecanismo para reducir discrecionalidad y reforzar la transparencia en la gestión estatal.

 

6. La cuestión ambiental: el silencio que también habla

El informe de la UNCTAD omite casi por completo el análisis ambiental. No incluye una evaluación de impacto ambiental (EIA), ni propone mecanismos de monitoreo sostenido, ni siquiera establece indicadores mínimos para el seguimiento de los efectos de la profundización y el dragado continuo. El tema aparece solo de forma tangencial, por ejemplo en la lista genérica de “actuaciones de interés público” que podrían justificar modificaciones contractuales, sin profundizar en estándares, responsabilidades o protocolos de mitigación.

Este vacío es grave. Se trata de una concesión de 25 años en una vía fluvial transnacional, que atraviesa humedales, zonas de alta biodiversidad y áreas sensibles desde el punto de vista hidrológico y ecológico, como el delta del Paraná o el Pantanal. En ese contexto, la ausencia de una dimensión ambiental mínima en un informe técnico de más de 100 páginas no es un descuido menor: es una laguna estructural.

Y cobra mayor gravedad si se contrasta con la admisión explícita del titular de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, quien reconoció públicamente que durante la licitación anterior no se realizaron monitoreos ambientales. Esa declaración no solo confirma un déficit operativo persistente, sino que expone una contradicción: se invoca a la UNCTAD como aval técnico, pero el propio organismo, ni en su informe largo ni en el resumen, exige corregir ese vacío.

El silencio, en este caso, no es neutral: es una forma de normalizar la exclusión de lo ambiental del debate sobre lo “técnico”.

 

Un final anunciado?

Según palabras del propio gobierno la caída de la licitación anterior fue producto de “operaciones” de sectores políticos, empresarios (la empresa DEME) y jurídicos contrarios al Gobierno, (se referirán a la PIA?) acusando a Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Jorge Metz entre otros, del fracaso.

Hoy, con un nuevo llamado que reproduce gran parte del diseño cuestionado, la pregunta queda abierta. Si el proceso vuelve a encallar, ¿a quién se le endilgará esta vez la responsabilidad? La UNCTAD ya dejó advertencias claras y la PIA aún no se pronunció sobre esta licitación, pero habiendo cambiado tan poco el pliego, el interrogante no es si habrá observaciones, sino cuándo y desde dónde volverán a aparecer.

 

 

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar