En Argentina, el presidente Javier Milei impulsa una reforma estructural a través de un proyecto de ley y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ya está en vigor. Las iniciativas proponen modificaciones sustanciales a la Ley de Migraciones N.º 25.871, vigente desde 2004.

Proyecto de Ley Migratoria – Puntos destacados

Los principales cambios que se buscan introducir en la legislación incluyen:

• Cobro de aranceles a extranjeros no residentes por el uso de servicios públicos de salud y educación, modificando el principio de acceso gratuito establecido en el artículo 6 de la ley vigente.
• Endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia permanente, exigiendo una estadía continua de al menos dos años o la realización de inversiones significativas en el país.
• Agilización de los procesos de deportación para extranjeros que cometan delitos en Argentina.
• Refuerzo de los controles fronterizos para prevenir el ingreso de personas con antecedentes penales.

Debate legislativo en curso: el gobierno espera que este proyecto sea tratado y aprobado por el Congreso antes de fin de año.

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) – Cambios ya vigentes

El 14 de mayo de 2025 se publicó un DNU que introduce medidas de aplicación inmediata:

• Prohibición de ingreso al país para personas con antecedentes penales.
• Obligatoriedad de contar con seguro de salud para los extranjeros que ingresen a Argentina.
• Facilitación de la deportación de inmigrantes que cometan delitos, incluso menores.
• Cobro por servicios públicos de salud y educación a extranjeros no residentes, rompiendo con una tradición de más de 70 años de acceso gratuito.

Reacciones en países vecinos

Aunque en Argentina no se han pronunciado públicamente las asociaciones migrantes, sí lo hicieron medios extranjeros que reflejan la preocupación en las comunidades peruanas y bolivianas.
En Perú, el portal CentralTV informó que “la comunidad peruana residente en Argentina está en alerta” y advirtió que las nuevas medidas podrían afectar tanto a residentes como a turistas, debido a la exigencia del seguro médico y los mayores controles.

En Bolivia, el medio Red Uno señaló que la reforma “introduce barreras al ingreso de extranjeros con antecedentes penales y limita el acceso a servicios gratuitos”, lo que ha generado preocupación entre los bolivianos con familiares en Argentina.

Un debate necesario

A diferencia de las políticas migratorias que está implementando el presidente Donald Trump en Estados Unidos —donde los migrantes no solo no acceden a beneficios estatales sino que muchas veces son criminalizados—, el caso argentino presenta un enfoque muy distinto. Incluso hoy, y aun con las reformas vigentes, se sigue atendiendo de manera gratuita a cualquier persona que llegue a una guardia médica.

El gobierno ha defendido estas reformas como necesarias para proteger los recursos del Estado y garantizar una migración ordenada. Si bien algunos sectores critican las medidas por considerarlas restrictivas, otros recuerdan que, en muchos casos, no existe reciprocidad por parte de países vecinos. Por ejemplo, ciudadanos argentinos que sufrieron accidentes en el extranjero han recibido un trato deficiente o directamente fueron rechazados en hospitales públicos, algo impensado en el sistema argentino.

No puede negarse que durante años existió un uso intensivo –y en ocasiones abusivo– de servicios gratuitos por parte de ciudadanos extranjeros, alentado además por sectores políticos que buscaron capitalizar ese vínculo con promesas de residencia y beneficios sociales a cambio de votos. Pero también es cierto que muchos inmigrantes vinieron a trabajar y contribuyeron al país. La clave estará en alcanzar un equilibrio justo.

La reforma migratoria abre un debate profundo sobre cómo compatibilizar solidaridad y sostenibilidad, sin caer en estigmatizaciones pero tampoco en ingenuidades.

Fuente: www.NetNews.com.ar