En la reciente sesión especial de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, realizada el pasado 20 de febrero y presidida por la diputada Pamela Verasay,  el flamante director de la Agencia de Puertos, Iñaki Arreseygor adoptó una postura que refleja una preocupante tendencia en ciertos sectores políticos que ante las críticas y denuncias por irregularidades en su gestión, optan por atacar a sus denunciantes. Arreseygor acusó un supuesto "sabotaje" en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, señalando una "orquesta de medios, exfuncionarios, miembros de la política y empresarios" que, según él, se coordinaron para frustrar el proceso. Entre los mencionados, apuntó directamente al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, al abogado Ezequiel Cassagne, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, a Jorge Metz, a Gustavo Deleersnyder y al diario La Nación. Sin embargo, omitió a otros medios como TN, que expuso masivamente los múltiples hechos de corrupción en el organismo, y que, a un año y dos meses de gestión del nuevo gobierno, aún no ha logrado que ninguna causa sea elevada a la Justicia.

Esta estrategia de culpar a terceros y presentarse como víctima es reminiscente de prácticas kirchneristas, donde ante denuncias o cuestionamientos la respuesta habitual es desviar la atención atacando a los críticos, en lugar de proporcionar explicaciones claras y transparentes, recurriendo a la descalificación y a teorías de conspiración.

El gobierno pretende mostrar interés por el sector productivo, pero sus acciones indican lo contrario. Sin un estudio detallado y transparente, las decisiones tomadas podrían perjudicar aún más a quienes sostienen más del 60% de la economía del país.

La reunión dejó en claro varios puntos, empezando por el evidente desconocimiento en la materia por parte de los diputados que presiden la Comisión de Transporte y, en general, la poca seriedad con la que se aborda la cuestión de fondo: la necesidad de los productores de contar con una vía navegable segura al menor costo posible. Otros ítems destacados fueron la evidencia de los puntos oscuros de este llamado a licitación, en particular la falta de un análisis riguroso y transparente sobre la deuda asumida con el dragador Jan de Nul, que pesará sobre la futura tarifa, y la cuestión ambiental, que merece un capítulo destacado  en este proyecto. Recomiendo un artículo* donde se explica muy bien la magnitud de la obra y el impacto ambiental, citando esta frase de Pablo Peyró: “se pretende extraer del río un volumen equivalente al de una ‘muralla al revés’ de 500 km de longitud (que es la distancia que separa los puertos del gran Rosario con la salida en el Río de la Plata), de  tresmetros de altura y 100 metros de ancho. Es decir, 3 x 100 x 500.000 m = 150 millones de m³, que deberán ser removidos y desplazados (quién sabe a dónde), alterando dramáticamente las condiciones actuales y generando un verdadero crimen ambiental que, de consumarse, las futuras generaciones padecerán sus consecuencias”. 

 Por su parte la presidente de la Comisión de Transporte, la radical Pamela Verasay, fue contundente al expresar sus dudas sobre aspectos clave del proceso licitatorio, especialmente en relación con la composición de la tarifa y los criterios para definir el plazo de concesión. Verasay advirtió que la falta de claridad en estos puntos podría comprometer la transparencia y equidad del procedimiento.

Un momento tenso se vivió cuando el diputado por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, le aclaró a Iñaki Arreseygor que ellos no son "denunciadores seriales", como sugirió el funcionario. Ferraro destacó que la Coalición Cívica fue la que denunció en su momento los hechos de corrupción de los gobiernos anteriores, subrayando que su partido ha sido consistente en la fiscalización y exposición de irregularidades, a diferencia de quienes intentan descalificar las denuncias. Con firmeza, insistió en que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad, sin importar la administración de turno". Paradójicamente, el funcionario debería agradecer a la Coalición Cívica por haber generado con sus denuncias el clima de hartazgo en la sociedad que llevó a la ciudadanía a votar a su jefe, impulsado por la promesa de terminar con la impunidad de la casta política.

Por su parte, la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas, también manifestó su incomprensión respecto a la extensión del contrato a 30 años, con la posibilidad de que un funcionario lo prolongue por otros 30 años más. Esta cláusula según la diputada otorga una discrecionalidad excesiva y carece de justificación en términos de eficiencia y beneficio para el país.

La falta de transparencia y el acceso restringido a la información quedaron en evidencia en la sesión especial. El gobierno de Javier Milei, que llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y la ineficiencia estatal, aplica las mismas viejas recetas: maquillar la AGP con cambios de nombre y reemplazar funcionarios corruptos por familiares o allegados de éstos. Si realmente quiere dar una imagen seria en el exterior y atraer inversiones, debe abandonar estas prácticas y garantizar un proceso licitatorio transparente, con reglas claras y sin zonas grises que perpetúen los manejos discrecionales del pasado."

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