Lunes, 28 de Abril de 2025 | 13:15

Milei cierra el año pasando la motosierra sobre la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

El presidente Javier Milei pasa la motosierra por el esquema de gestión portuaria, disolviendo dos organismos clave: la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, cuyas funciones y competencias pasarán a concentrarse en un nuevo organismo centralizado denominado Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

 

Según el gobierno, esta medida busca modernizar la administración portuaria, simplificar estructuras burocráticas y garantizar una supervisión más eficiente de los recursos estratégicos del país. Las responsabilidades que antes recaían en estas entidades —incluyendo la regulación, fiscalización, concesiones y políticas logísticas— se agruparán en este nuevo ente, que promete ser un puntal de transparencia y eficiencia.

 

Sin embargo, la decisión ha despertado inquietudes en la comunidad portuaria y en sectores vinculados al comercio exterior. Mientras el Ejecutivo argumenta que el decreto pretende mejorar la competitividad del sistema portuario, muchos temen que esta reconfiguración no sea más que un cambio de nombres, dejando intactos problemas históricos. Las innumerables denuncias de corrupción que han salpicado a la AGP en los últimos años, y que desde este medio hemos documentado en diversas investigaciones, generan dudas sobre si las prácticas cuestionadas podrían trasladarse al nuevo organismo, perpetuando vicios que han frenado el desarrollo del sector.

 

La comunidad empresarial y gremial seguirá de cerca el desarrollo de este nuevo esquema, consciente de que el éxito o fracaso de esta reestructuración será crucial para el futuro del comercio y la logística en el país.

 

La medida, no obstante, plantea interrogantes aún sin respuesta: ¿Acaso las recientes denuncias en un medio masivo apresuraron esta decisión como un intento de "lavado de cara"? ¿O se trataba de una reforma planificada y su timing fue pura coincidencia? ¿Será esta una oportunidad real para desterrar prácticas corruptas o simplemente se trasladarán al nuevo organismo? Además, ¿qué pasará con el polémico llamado a licitación para la Hidrovía Paraguay-Paraná? ¿Se revisarán los contratos, permisos y prórrogas de los últimos años, o se optará por dejar todo como está?

 

El desenlace de esta transformación será clave para definir si el sistema portuario argentino avanza hacia la transparencia prometida o si, una vez más, se queda atrapado en las sombras de sus viejas prácticas.

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar

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