Un bien público para el beneficio privado

Organizaciones ambientales como Sin Azul No Hay Verde (SANHV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) señalaron que el modelo de cuotificación debe ser revisado y abierto al escrutinio público. “A pesar de la importancia ambiental, social y económica de la merluza para el desarrollo argentino, el reparto de sus cuotas se da a puertas cerradas entre un grupo de empresas y las autoridades pesqueras, sin divulgación y acceso de documentación respaldatoria destinada a la sociedad, lo que permitiría evaluar o revisar el proceso de toma de decisión de la medida” denuncia Sin Azul No Hay Verde

 

De esa forma el Consejo Federal Pesquero "la escribanía de la casta" ha convertido el acto en un proceso hermético, donde un selecto grupo de empresas, junto con las autoridades pesqueras, define el futuro de un bien común sin brindar información previa ni justificar las decisiones adoptadas. Los detalles de la distribución solo se conocen una vez ejecutado el acto administrativo, a través de las actas y resoluciones del Consejo Federal Pesquero "la escribanía de la casta" dejando a la sociedad al margen de cualquier instancia de control.

 

 

 

 

Desde el Círculo de Políticas Ambientes detacaron que “La Argentina no cuenta con información actualizada, disponible y de fácil acceso sobre la cantidad de barcos, su matrícula, propietarios, características técnicas como artes de pesca, capacidad de captura, licencia o cuota de pesca asignada y antecedentes de sanciones” un clara violación a la Ley 24.922. Porque hay que dejar en claro que leyes sobran, lo que falta es voluntad política para hacerlas cumplir y garantizar la protección del patrimonio común.

Entre las medidas urgentes que deberían implementarse se encuentran:

 

• Penas ejemplares para los funcionarios públicos que incumplan las normativas vigentes, permitiendo procesos opacos o beneficiando a intereses particulares.

 

• Revocación inmediata de las cuotas a empresas que violen las condiciones de sostenibilidad o incurran en infracciones graves.

 

• Prohibición de la reventa de cuotas para evitar su mercantilización y garantizar que quienes las obtengan realmente se dediquen a la pesca responsable.

 

• Transparencia total, con un registro público y en línea, que incluya datos actualizados sobre las embarcaciones, sus propietarios, antecedentes de sanciones y características técnicas, como ocurre en otros países de la región.

Estas acciones no solo fortalecerían la confianza en la gestión del recurso, sino que también garantizarían que la pesca sea una actividad sostenible y justa, en beneficio de todos los argentinos y no solo de unos pocos privilegiados.

 

 

Sostenibilidad y sanciones: factores ignorados

 

La Ley Federal de Pesca (N° 24.992) establece cinco criterios para la asignación de cuotas: historial de captura, mano de obra, producción, inversiones y sanciones. Sin embargo, el Consejo Federal Pesquero "la escribanía de la casta" tiene plena discrecionalidad para determinar el peso de cada uno de estos factores.

 

En 2009, el historial de sanciones representaba un 5% en la fórmula de asignación de cuotas de merluza hubbsi. Para 2024, este porcentaje se redujo a un insignificante 0,1%. Esto implica que prácticas insostenibles o violaciones reiteradas a las normativas tienen un impacto prácticamente nulo en la asignación de nuevas cuotas, desincentivando cualquier mejora en el comportamiento ambiental de las empresas.

 

Por otro lado, no se consideran aspectos relacionados con la sostenibilidad de las operaciones. Esto resulta alarmante en un contexto donde la sobreexplotación de recursos pesqueros es una amenaza latente para la biodiversidad y la economía de las comunidades costeras.

 

Falta de acceso a la información

Argentina carece de un registro público actualizado que permita a la ciudadanía conocer información básica sobre la flota pesquera, como matrícula, propietarios, capacidad de captura, licencias otorgadas o historial de sanciones. Según SANHV y CPA, esta opacidad impide un control efectivo sobre la gestión del recurso y abre la puerta a irregularidades.

 

Otros países de la región han implementado sistemas de transparencia que ofrecen acceso en línea a datos de las flotas pesqueras, promoviendo una gobernanza más efectiva y equitativa. En contraste, los procesos administrativos en Argentina para acceder a esta información rara vez arrojan resultados concretos.

Ecuador: Es el primer país de América Latina en adherirse a la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI). Esta iniciativa busca promover la sostenibilidad y la transparencia en la gestión de los recursos pesqueros mediante estándares que incluyen la divulgación pública de datos sobre embarcaciones, capturas y licencias. Ecuador ya publicó su primer informe FiTI, cubriendo los años 2022 y 2023, lo que constituye un modelo de gobernanza para la región?.

 

Chile: Posee un sistema de licencias de pesca con datos públicos disponibles en línea. Este enfoque permite rastrear a los propietarios de las embarcaciones y sus actividades, lo que reduce la opacidad y fomenta el cumplimiento de las normativas ambientales y laborales? (Global Fishing Watch)

Perú: Implementa un sistema de monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, lo que asegura mayor supervisión y control. Aunque aún hay desafíos, la disponibilidad de esta información ha permitido avanzar en la lucha contra la pesca ilegal? (Global Fishing Watch)

 

 

Gobernanza pesquera: el desafío pendiente

La merluza común no solo es el principal recurso pesquero de exportación de Argentina, sino también un pilar para las comunidades pesqueras y el desarrollo económico del país. Sin embargo, su explotación sigue estando marcada por prácticas opacas y un modelo que prioriza los intereses privados sobre el bien común.

 

La transparencia y la equidad en la distribución de cuotas no son solo demandas legítimas de las organizaciones ambientales, sino requisitos indispensables para garantizar un futuro sostenible para la pesca en Argentina.

 

Mientras tanto, el Consejo Federal Pesquero, la escribanía de la casta, sigue operando a espaldas de la sociedad, perpetuando un modelo de verdadero saqueo.

 

 

Fuente: www.Netnews.com.ar