En tal sentido, nos preguntamos primeramente ¿de dónde partimos? No quisiéramos centrar la respuesta en aquellos parámetros macro que ya han sido ampliamente  discutidos sino en dos temas estructurales :

La prestigiosa escuela de negocios IMD de Laussane, Suiza recientemente emitió su indicador de competitividad 2024 para 67 economías. Como sabemos Argentina ha seguido consistentemente perdiendo posiciones en todos los rankings y en este último indicador aparece penúltimo, solo mejor que Venezuela.

Los peores resultados se concentran en el capítulo de “eficiencia gubernamental” en términos de la política impositiva, el marco institucional y la legislación de negocios y, por otra parte, vinculada a la situación macro, el sector financiero.

En segundo lugar, si analizamos recursos humanos, el ranking de competitividad de talento global 2023 del World Economic Forum, nos muestra una Argentina algo potencialmente mejor, en el puesto 61 de 134 países, aunque nos sorprendemos cuando en la región hemos sido ampliamente superados por Chile en el puesto 34, Uruguay en el 43, Costa Rica en el 47. Este indicador no solo comprende los aspectos de empleabilidad sino de atracción y retención de talento. Hay una gran correlación entre estos resultados y el marco regulatorio de los países en cuestión.

Tanto el ejecutivo como el sector privado entiende la prioridad inicial otorgada al ordenamiento de las cuentas fiscales y el control inflacionario dado el rumbo critico que tenía la economía nacional.

Ciertamente, el desorden macro económico argentino derivó en una enorme volatilidad regulatoria: en el “cepo cambiario”, en la restricción a los movimientos de capital, en la liquidación mandataria de ventas de exportación y en tipos de cambio desdoblados.

Es importante recordar en este punto que el propio fondo monetario en el artículo VIII secciones 2 y 3 de su convenio constitutivo requiere el compromiso de no efectuar estas prácticas, a los efectos de evitar que las mismas afecten a la exportación y la inversión extranjera.

Pero a su vez como, lo ha hecho repetidas veces con Argentina, admite la posibilidad de autorizar a sus miembros a aplicar temporariamente mecanismos de control como los actuales, en situaciones críticas. 

Ahora bien, la reciente octava revisión del acuerdo extendido con nuestro país ya señala explícitamente importante próximos hitos estructurales en términos de necesidad de:

• desarme gradual de controles de cambio y de flujo de capital en función de las experiencias de otros países y las condiciones específicas de Argentina.

 

• reforma impositiva para un sistema impositivo más eficiente y simple, alejándolo de impuestos distorsivos como aquellos aplicados sobre el comercio y transacciones financieras, sobre los cuales señala la excesiva dependencia.
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Vemos que la transformación que Argentina ha encarado hasta el momento va la en la dirección correcta. Las medidas hasta ahora implementadas tienen coincidencia con parte de las de las 142 medidas que CERA difundió públicamente previo al periodo eleccionario como “Estrategia Nacional Exportadora”: Se han eliminado el condicionamiento del oscuro cálculo de “capacidad económico –financiera” (cef), a nuestro criterio incompatible con los compromisos del país ante la Organización Mundial de Comercio. También se eliminaron las Siras, Sirases, declaraciones juradas, limitaciones cuantitativas, y otras regulaciones, todas ellas conformaban una matriz restrictiva que finalmente resultó en una violenta caída en la cantidad de empresas exportadoras (un 10% menos solo en 2023).

 

 También vemos altamente positivas medidas de más largo impacto como el ingreso a OCDE, entre otras.

Se está trabajando asimismo en los mecanismos de promoción de exportaciones (repostock, importaciones temporarias) para darles más celeridad, así como en la demorada activación del Comité de Facilitación de comercio (pendiente desde 2019)  

La centralización de Marca País y la promoción de inversión y exportación en la secretaria General de la Presidencia también puede leerse como una señal de prioridad.

Superar la violenta caída que nos ha llevado en 2023 a representar tan solo el 0,24% del comercio internacional no será inmediato. Si a esto sumamos un notable empobrecimiento de la complejidad económica de nuestra matriz exportadora, con un peso muy alto de bienes primarios y muy bajo de participación de PYMES en comparación con lo esperado para economías en desarrollo, podemos entender la complejidad de la tarea a encarar.

 

 

 

 

 

Nuestra Encuesta “CERA de Actualidad Exportadora” muestra que a pesar de los avances el 70 % de los exportadores aun no sienten que estén dados los incentivos para invertir e incrementar sus volúmenes de exportación, pero el mismo porcentaje espera ver las principales restricciones que lo impiden superadas en los próximos 12 meses.

Al ser consultados respecto a los factores regulatorios que afectan más la decisión de invertir y exportar mencionan:

1) las dificultades para realizar pagos al exterior.

2) la falta de recupero impositivo.

3) los tipos de cambio múltiples.

4) las obligaciones relacionadas con la liquidación de divisas.

5) las restricciones sobre los pagos de fletes. En los sectores que pagan derechos de exportación, esto se incluyó como tema crítico.

 

No sorprende, por tanto, la coincidencia entre lo demandado por el convenio constitutivo del Fondo Monetario, lo esperado a corto plazo según el informe de la octava revisión y la necesidad de los emprendedores para aventurarse en la expansión exportadora.

Pero si bien este aspecto es primordial, no se trata de una “bala de plata”.  Para crecer a través del sector externo se requiere una estrategia con diversos ejes.  Se requerirá encarar nuestro atraso en el relacionamiento externo, en un contexto geopolíco complejo donde actualmente el apetito por los acuerdos ha caído y donde se debe analizar y discutir las crecientes barreras relacionadas con sostenibilidad. Asimismo se requiere revisar impuestos: impuesto país, derechos de exportación, eficientizar el recupero de IVA, discutir ingresos brutos, tasas, rembolsos; cumplir plenamente los objetivos de simplificación del acuerdo de facilitación de comercio, alinear el sistema financiero a la inversión productiva y desarrollar una promoción eficiente.  

También se debe encarar un tema perdido en la discusión macro, nuestra infraestructura logística, central para uno de los países más australes del mundo y noveno en territorio luego de India. Transporte a largas distancias por camión, licitaciones portuarias pendientes, costos portuarios elevados, el dilema del cabotaje, el pobre calado del principal polo de contenedores del país, y una conectividad con los puertos del pacífico muy mejorable, son parte de una nutrida agenda estructural que es oportuno priorizar, y considerar un marco regulatorio adecuado que promueva la mejora de competitividad nacional.

En todo esto es fundamental continuar y potenciar la cooperación público-privada profesional transparente y positiva a efectos de mejorar la competitividad y confiabilidad nacional, promoviendo la incorporación de emprendedores y la mejora de la complejidad económica de nuestras exportaciones. Pues, como finalmente lo señala nuestro lema: “Exportar es trabajo y desarrollo”, el norte que todos deseamos para nuestro país.

 

 

 

artículo publicado en la revista DESAFÍO EXPORTAR  de julio

Fuente: www.Netnews.com.ar