Miércoles, 28 de Febrero de 2024 | 17:11

Objeciones y rechazos en la audiencia pública por el cobro del peaje en Santa fe - Confluencia

Sin haber mediado comunicaciones previas entre las partes y con una actitud al menos reprochable en términos diplomáticos, Argentina decidió cobrar un peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia. La respuesta de Paraguay se hizo escuchar en la adiencia pública que llevó adelante la Administración General de Puertos para recibir inquietudes y opiniones respecto de la modificación de la tarifa del peaje cobrado en el tramo Santa Fe - Confluencia, en cumplimiento de la resolución 181/2022 del Ministerio de Transporte de la Nación.

 

 

 

La audiencia, que contó con la presencia del interventor de la Administración General de Puertos, José Beni, el director de Proyectos Especiales Marcelo Peyregne y el gerente de Asuntos Jurídicos, Marcelo Bolaños, fue conducida por Karina Yarocheski, de la Unidad de Proyectos Especiales de la Administración General de Puertos.

 

Durante la jornada, más de 20 oradores de distintos organismos y entidades públicas y privadas de nuestro país así como del Paraguay, principal usuario de la Vía Navegable Troncal, expusieron su parecer respecto del cobro de un peaje por un valor de 1,47 dólares por TRN fijadas por el gobierno argentino, mientras que en pesos para las empresas argentina.

Quienes manifestaron su total apoyo sin objeciones fueron Hernán Daría Orduna, del Ente Nacional de Centro y Gestión de la Vía Navegable y Juan Calvo, asesor en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Raúl Escalante, de la empresa EMEPA quien tuviera a cargo hasta el 2021 la exitosa gestión de dragado y balizamiento que operó en la VTN durante 22 años, explicó la complejidad que tiene la tarea de dragado y balizamiento apoyando el cobro de una tarifa por parte del estado como contraprestación por un servicio que ha demostrado sus múltiples bondades.

 

 

Eduardo Alfredo Rosenthal, Presidente la de la Cámara Naviera Argentina aprovechó los minutos otorgados para dejar en claro que el transporte marítimo fluvial hace décadas se encuentra en crisis y que la Ley 27.419 -sin reglamentarse aún en varios temas- resulta insuficiente. Por otra parte el artículo 7 de la Ley 34.385 continúa siendo violado al no compatibilizarse las asimetrías existentes en materia impositiva entre las banderas usuarias de la hidrovía en perjuicio de la bandera argentina.

 

Alfredo Sesé, en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario, fijó la posición que tiene la entidad al mencionar su total apoyo a las obras de dragado y balizamiento bajo el modelo concesionado, ponderando la utilización del transporte fluvial por sus múltiples beneficios sobre otros medios de transporte, al considerarlos un excepcional motor de crecimiento para las economías del país. Con respecto a la voluntad de cobrarse un nuevo peaje en la sección Sante fe - Confluencia, apoyó la decisión por las posibilidades de desarrollo que las obras brindarán a la región que comprende, por la bajada en los tiempos de subida y bajada y que el monto de esa contraprestación deberá ser acordes a los servicios brindados.                     

 

Desde el Centro de Navegación, entidad que agrupa a empresas con intereses binacionales, Alfonso Jozami coincidió en todos los puntos mencionados con su predecesor agregando que las obras deben contemplar las necesidades reales de los usuarios, recalcando la necesidad de un valor tarifario acorde al servicio contra prestado. 

 

 

Luis Zubizarreta, Presidente de la Cámara Privada de Puertos Comerciales coincidió con Jozami y Sesé advirtiendo que de no tenerse en cuenta la necesidad de los usuarios y un cobro acorde a la contraprestación, se estaría atentando contra el flujo de mercaderías que podrían encontrar una alternativa de escape por Brasil.

 

Juan Estanislao Camarasa, del Puerto de Barranqueras describió el gran potencial de transporte por vía fluvial que tiene la región, planteando la situación asimétrica que sufre la bandera argentina con respecto a las del resto de los operadores extranjeros, pidiendo una excepción a la tarifa o un pago simbólico dado que no podrían soportar más gastos. 

 

La postura paraguaya tuvo su voz en la de Estaban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay y su gerente Mario Aníbal Romero. El primero en hablar fue Dos Santos que demostró su categórico rechazo desde sus primeras palabras al pedir que se corrija cuando se nombra al “Acuerdo de la Hidrovía Paraná Paraguay” por su correcto nombre “Acuerdo de Hidrovía Paraguay Paraná” aunque no se trate de un cálculo matemático, el orden de los factores alteraría el producto. Continuó su postura antagónica, aduciendo que va en contra del Acuerdo Internacional firmado en el año 1992 violando, los artículos 5; 7; y 9 y en particular el capítulo 5º de dicho acuerdo. También manifestó que los 15 millones de metros cúbicos que Argentina dice haber dragado “no se perciben en la navegación y en cuanto al balizamiento, el reposicionado de las boyas además de correrse, no son suficientes demorando más tiempo que el que toma el cambio de traza natural del río Paraguay” agregando que las embarcaciones deben seguir realizando sus propias mediciones. Otro punto objetado, es con respecto a un análisis en base a datos que vienen recopilando desde el 2018 donde notaron que nunca tuvieron profundidades efectivas a los 3 metros o 10 pies. “No existe ninguna contraprestación de servicio a la navegación que justifique el cobro de un peaje que solamente significa un costo adicional a las cargas que se mueven afectando a las cargas paraguayas brasileras bolivianas y de aceite y acero argentinas”. No hizo mención a si se tuvo en cuenta el estiaje en las mediciones realizadas.

 

Mario Aníbal Romero, gerente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay dijo que el cobro de un peaje tendría efectos contrarios a los descrito en el art 1º; 2 y 5 del “Acuerdo de Transporte FLuvial por la Hidrovía Paraguay Paraná” y que la diferenciación en el cobro en pesos para argentinos y en dólares para el resto de los usuarios violaría dicho Acuerdo. La mención más interesante de Romero fue cuando al igual que Rosenthal citó al Capítulo 3º artículo 7 “los países signatarios compatibilizarán y o armonizarán sus respectivas legislaciones en la medida que fuere necesario para crear condiciones de igualdad de oportunidad de forma tal que permitan simultáneamente la liberación del mercado, la reducción de costos y mayor competitividad” dado que la marina mercante Argentina viene reclamando desde su promulgación el 24 de noviembre de 1994 por la corrección de las asimetrías impositivas que tiene la bandera argentina con respecto a sus competidores en la hidrovía que la han llevado a su casi extinción a partir de la fuga de 40 empresas nacionales a la bandera paraguaya.

 

 

Juan Iocco, representante por la Unión Industrial Argentina presentó el informe técnico-económico que financió la entidad y llevó adelante la consultora argentina Latino Consult con su par holandesa y en sociedad con docentes e investigadores argentinos para el próximo período de la concesión de la VTN. De esos estudios se desprende entre otros múltiples análisis, que el monto que se debería cobrar es de USD 0,66 por tonelada.

 

 

Hugo Pastore, presidente de la Cámara de Exportadores de Paraguay expresó su categórico rechazo por considerar que la naturaleza de la zona no requiere de ese servicio y solamente encarecería el transporte de los productos.

 

 

Ricardo Dos Santos, presidente de la Cámara de Puertos Privados de Paraguay celebró los planes de mejora por parte de la AGP aunque desintió con respecto a que las obras en el tramo en cuestión sean necesarias y que solamente generarán sobrecostos que la carga deberá afrontar.

 

 

Renato Sosa Bosch, también refutó la falta de consulta a las partes y por consiguiente la inconstitucionalidad que tendría el cobro de dicho peaje.

 

Roberto Gunther, bregó por la necesidad de un acuerdo entre partes como ha ocurrido en el pasado en otras cuestiones.

 

Daniel D´Onia, representante de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, organización que nuclea a armadores, operadores y usuarios de los cinco países miembros que conforman la hidrovía Paraguay- Paraná rechazó la redacción de la resolución por atentar contra el acuerdo de transporte.

 

 

Fernando de Vido, representante por la provincia de Formosa se sumó al pedido de armonizar las asimetrías impositivas existentes entre los países parte en detrimento de la Argentina, apoyando el cobro de una tarifa que mejore las condiciones de la navegación.

 

Con tres partidos a favor, nueve en contra y cinco empates ¿dará marcha atrás el gobierno solicitando a Cancillería fecha para una gran final?

 

 

 

 

 

Video de la audiencia 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar

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