De hecho, si bien la producción de energía eléctrica de fuentes renovables aumentó un 78% entre 2011 y 2016, pasando de 1.500 GWh a 2.600 GWh, su participación actual sobre la oferta total se encuentra en torno al 1,9%.

En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minería adjudicó, desde 2016, un total de 59 proyectos por 2.424,6 megavatios de capacidad instalada. Para el CERES, tanto el número como los precios medios ofertados (56,20 dólares por MWh en el caso de la energía eólica y 57 dólares en el de la solar-fotovoltaica) representan un logro, si se considera que el costo medio actual de la energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional es de 73 dólares por MWh.

Además,  los precios de oferta resultan cuatro veces más baratos que los que pagaba el Estado a fines de 2015: 240 dólares por MWh a iniciativas de energía solar-fotovoltaica y 120 dólares, a proyectos de energía eólica.

A su vez, el precio medio por MWh de las energías de fuente eólica está en sintonía con los adjudicados en Brasil y Uruguay (61 y 63,50 dólares, respectivamente), y el de la energía solar se encuentra incluso por debajo de esos países (99 y 86,60, respectivamente), aunque es superior a los pactados en México, Chile y Perú (33,50; 47,60 y 48,50, respectivamente).

De acuerdo con el informe del CERES, uno de los principales factores que inciden en una diferencia de precios desfavorable a la Argentina es el costo de financiamiento nacional e internacional que enfrentan los proyectos, con tasas alrededor de 6% superiores al resto de los países de la región. Otros factores de importancia son la estructura impositiva y que los contratos con CAMMESA propuestos por la licitación son a 15 años, mientras que en otros países de la región se extienden por 20 años. Esta diferencia reduce el tiempo de recupero del capital, lo que repercute directamente en los precios.

Un aspecto que destaca el reporte del CERES es que la mayoría de los proyectos adjudicados que lograron precios competitivos no priorizaron la incorporación de componentes nacionales. De las 59 proyectos que pasaron la revisión técnica, apenas 19 propusieron una integración de componentes nacionales superior al 30%, el valor de participación mínimo que permite acceder a un certificado fiscal por los componentes nacionales, uno de los beneficios impositivos de la ley 27.191.

Fuente: CERES- UB