A pocos días de la asunción de la nueva administración, la lista de problemas económicos aumenta. La herencia fiscal se agravó al ampliar el número de provincias favorecidas por la reducción del impuesto a los combustibles, por reintroducir los reembolsos por puertos patagónicos y por aumentos de gastos de último momento. Sin embargo, es notorio el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia que transfirió recursos del sistema jubilatorio a tres provincias, pero que fue extendido al resto de jurisdicciones por un decreto presidencial. Esta medida resulta en una transferencia del sistema jubilatorio a las provincias de algo más de un punto del PIB, cuyo impacto sobre el déficit fiscal nacional podría compensarse si se decidiera una reducción en las transferencias discrecionales (que, en 2015, alcanzarían 1.9% del PIB) o en el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja que se comparte con las provincias (alrededor de 0.3% del PIB). Además, el fallo aumenta la deuda del Estado Nacional en alrededor de 7% del PIB por el acumulado en los años transcurridos desde 2006. La explicitación de otras deudas contingentes (hold outs, jubilados, arbitrajes en el CIADI) revelaría que el  supuesto desendeudamiento no fue tal.

En el frente cambiario, la limitación a sólo US$ 50.000 diarios para los pagos por importaciones revela la precaria situación de reservas del BCRA. El cepo cambiario ha generado un faltante de divisas y un excedente de pesos por parte de particulares y empresas que ,de no mediar las restricciones, los hubieran convertido a moneda extranjera.

Finalmente, el sinceramiento cambiario y la reducción de subsidios a la energía tendrán un impacto en la tasa de inflación (la evidencia sugiere que muchos precios de la economía están calibrados al dólar oficial). Para acotar este impacto el componente ortodoxo necesario en cualquier plan de estabilización es central: eventuales acuerdos de precios y salarios duran poco si no están contenidos por un programa fiscal y monetario consistente con una inflación en descenso.

Dentro de este cúmulo de problemas, el faltante de divisas se limitaría al manejo de los atrasos acumulados. Los dólares retenidos por los sectores exportadores serían alrededor de un tercio de los atrasos por pagos al exterior. Sin embargo, ese desbalance puede manejarse con la emisión de un bono en dólares, pero a suscribir en pesos, lo que ayudaría también a reducir o eliminar el exceso de pesos respecto de lo deseado por el sector privado. Respecto de los nuevos flujos, el primer semestre del año no luce muy complicado en la medida en que se avance en el blanqueo de capitales y en la colocación de deuda en el exterior por parte de provincias y empresas y, eventualmente, del Estado Nacional si se consigue sortear las trabas impuestas por los fondos buitres.

El frente fiscal es el más complejo de resolver. Las reducciones de impuestos que han trascendido (aumento del mínimo no imponible en ganancias y disminución de retenciones) absorberían buena parte del ahorro fiscal por la reducción de subsidios.

Aún en un escenario optimista de rápida normalización de la economía, el déficit fiscal se reduciría a no menos de 6% del PIB a lo que hay que agregar el déficit cuasifiscal. Con un mercado doméstico de capitales poco profundo, las fuentes de financiamiento se limitan al BCRA y a la deuda externa. No parece que haya disponible varios puntos del PIB por año de nuevo endeudamiento externo durante todo el período presidencial. Por ello, la reducción del déficit es indispensable para reducir la dominancia fiscal sobre la política monetaria y lograr que, luego de algunos años, la autoridad monetaria vuelva a ser independiente de modo de asegurar una inflación de un dígito anual.

Los problemas fiscales son varios y requieren un programa de corto plazo y de reformas estructurales. El desafío es no repetir los errores de Brasil que ha caído en un equilibrio de baja calidad que lo empuja cada día más a una crisis de deuda. Al igual que en nuestro principal socio comercial, el problema fiscal argentino se puede simplificar en un exceso de gasto corriente financiado con impuestos distorsivos e inflación. El exceso de empleo estatal es evidente si se contempla que uno de cada cuatro trabajadores lo hace en alguno de los tres niveles de gobierno (superando a casi todos los países desarrollados miembros de la OCDE). Además, el sistema previsional fue quebrado por la decisión de distribuir jubilaciones a quienes no aportaron, independientemente de su nivel de ingresos. La última moratoria previsional aprobada hace un año agregó casi 700.000 jubilados más a la lista de casi 3 millones de la primera moratoria. Así, la relación de trabajadores activos a jubilados se acerca a 1 a 1 cuando debería ser superior a 2 a 1 para poder cumplir con las prestaciones que fija la ley (una jubilación de alrededor del 50% del salario). Ese bache se llenaba con aportes de rentas generales que compartían la Nación y las provincias, lo cual fue severamente limitado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En definitiva, el problema no es el fallo en sí sino las decisiones del Ejecutivo y del Congreso que revelan que la dirigencia política actúa como si hubiera una restricción presupuestaria blanda. Este exceso de gastos respecto a lo que es financiable llevó en el pasado a crisis de deuda o a episodios de altísima inflación.

El desafío de la nueva administración será mostrar que existe una restricción presupuestaria dura que debe contener los desbordes del gasto. El gobierno nacional tiene un papel central en el proceso: los administradores de las provincias, del sistema de seguridad social y de las empresas públicas deben tener claro que no habrá más salvatajes sin costo del gobierno nacional.

Fuente: FIEL