Argentina se prepara para asumir un nuevo blanqueo de capitales, una práctica por demás común y cíclica en su historia económica. Esta suerte de amnistía fiscal busca que todos fondos que se encuentran fuera del sistema financiero formal se puedan utilizar para financiar parte del enorme déficit heredado.

Existen en la actualidad múltiples debates respecto al éxito que podría alcanzar esta medida, donde diversos economistas se han adentrado en los más precisos análisis. Sin embargo ha sido prácticamente nulo el debate ético respecto a que un gobierno, sea del color que sea, decida promover una vez este blanqueo.

El Régimen de Sinceramiento Fiscal tiene como premisa fundante la existencia de un sector de la sociedad que viene evadiendo sus cargas impositivas continuamente. Es oportuno aclarar entonces la calidad que posee cada tipo de evasor. Básicamente podría decirse que hay dos  grandes tipos de evasiones, por un lado aquellos que obtienen sus recursos financieros mediante actividades ilícitas y no pueden ingresar al mercado formal de manera directa sus réditos, y por otro lado están las personas que evaden con el fin  de poder escapar la alta presión tributaria en la que se encuentran inmersos. Esta distinción es clave para entender el fenómeno social que tiene argentina, donde la evasión es parte de su cultura, ya que no es lo mismo considerar que se pueda “premiar” al que hizo del delito una forma de vida, que contemplar la situación de aquella persona que se ve altamente presionada por el fisco y no encuentra incentivo para tributar a su país. 

“La Argentina tiene una presión impositiva similar a la de los países nórdicos”, frase dicha por Rogelio Frigerio en sí misma parece justificar el altísimo costo que un argentino promedio enfrente en su país, pero es oportuno aclarar que evidentemente los servicios públicos que uno recibe no son acordes a los que se prestan en aquellos países comparados, ni el Ingreso Nacional es equivalente. Los gobiernos año tras año, en cualquiera de sus esferas nacionales, provinciales o municipales, se quejan de la falta de compromiso ciudadano al momento de tributar, pero nada dicen respecto a la increíble disparidad que hay entre aquello que uno desembolsa y lo que se obtiene a cambio. Para entender mejor la situación de Argentina se debe contemplar dos aspectos claves, primero que una presión tributaria superior al 50% implica que de todo un años trabajado sólo la mitad fue en beneficio del ciudadano, y la otra mitad de su trabajo fue extraída en beneficio de un Estado. Segundo es que ese Estado es cada vez más grande burocráticamente, principalmente por los años de populismo que atraviesa este sector del continente, pero aquellas contraprestaciones necesarias para la sociedad como la seguridad se merman estrepitosamente.

En conclusión, cualquier forma de moratoria o perdón fiscal que realice el Estado es inmoral, porque lejos de promover una cultura donde todos los habitantes compartan equitativamente la carga, está generando un clima de escepticismo. Un ciudadano que periódicamente ha cumplido con el pacto social pagando sus impuestos no encuentra incentivo de seguirlo haciendo cuando observa que muchos otros pueden gozar de los mismos beneficios estatales sin tributar. Esto genera un efecto similar al de una bola de nieve que va creciendo cada vez más por un hecho simple de explicar: si cada vez hay más evasores, para compensar el déficit se deberá presionar más aún a aquellos que sí pagan. La mejor forma de blanquear capitales sería que el Estado se blanquee a sí mismo. Es el mismo Estado el que debe generar las condiciones necesarias para que todos tributen equitativamente, generando una presión impositiva más baja pero castigando al que decide evadir.

Por Horacio Giusto Vaudagna, miembro del Centro de Estudios LIBRE.

Fuente: www.NetNews.com.ar