Estamos asqueados de videos con imágenes de impudicia explícita, no?

Millones y millones de dólares y Euros interconectados a través de pocas manos.

Dinero producido por cada uno de nosotros, cristalizados en las bóvedas de los “amigos del poder”, en lugares no santos.

La reacción popular frente a estos hechos de corrupción se mostró en diciembre, con la sanción social que se vio reflejada en el voto popular, pero lo que ahora clama cada uno de nosotros en su fuero más intimo es la sanción penal.

Y aquí aparece la justicia, con sus cuestionados jueces.

Este es el punto más relevante.

La justicia que reclamamos pueden ofrecerla los jueces que desde 1983 fueron votados en un senado con mayoría peronista? Es una pregunta que interpela al gobierno nacional que -sin dudas- deberá dar una respuesta.

Reconocimos haber vivido en un Estado parasitario creado por una clase política delictiva. Un sistema, en el que el gobernante hacía las veces de vendedor de privilegios que, a cambio de coimas, otorgaba dadivas, subsidios o protecciones arancelarias.

Claro que, para que esto sucediera, se requería de un Estado que concentrara todo el poder con alta corrupción

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Con el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri el pueblo se siente con el derecho devenido del voto a reclamar más; el juicio y castigo a los culpables, con la devolución de lo robado para que vuelva a las arcas del Estado, de donde millonarias sumas jamás debieran haber salido.

Existen proyectos en tal sentido y fundaciones que impulsan leyes anticorrupción.

Si la clase política argentina pasa por alto este punto de inflexión, decididamente, estamos condenados al “fondo”.

Fuente: Marcela Jaimes @marceladesafio