Los tres fondos al banquillo:

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR):

Creado en 1997 para financiar obras en provincias y el Estado nacional, fue señalado por la SIGEN por su “muy baja aplicación de los recursos” y la acumulación de fondos en depósitos, generando pérdidas ante la inflación. Apenas se ejecutaron $70 millones de un total disponible de $26.000 millones 

Además, empleaba personal permanente, provisoriamente contratado o “ad honorem”, incumpliendo normas que prohíben estructuras propias .

Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego:

Pensado para asistir en emergencias por incendios, el fideicomiso recibió $26.000 millones entre 2022 y 2023, pero sólo destinó $70 millones a su propósito. La SIGEN detectó compras sin respaldo documental, contrataciones irregulares -62 personas en 2023 sin entregables claros- y falta de planificación estratégica 

 El Gobierno promete que la política de combate a incendios no se interrumpe: la recaudación del 0,3 % de las primas de seguros pasará ahora al Ministerio de Seguridad 

Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP):

Nacido como FONDEAR en 2014 para financiar proyectos productivos, quedó salpicado por inversiones temporarias sin vínculo con sus objetivos, demoras en la devolución de préstamos y registros financieros difusos 

“Se terminó el curro”

El ministro Federico Sturzenegger aseguró que la disolución forma parte de una transformación del Estado hacia una gestión “ágil, eficaz y transparente”. La absorción de funciones recaerá en el Ministerio de Economía, que asumirá contratos, convenios y préstamos, incluyendo aquellos con organismos internacionales 

El proceso de liquidación se ajustará a los lineamientos de los Decretos 695/24 y Resolución 796/24. En caso de emergencias por incendios, la recaudación a través de seguros será administrada por Seguridad, en cumplimiento de la Ley 24.156 

El Gobierno destaca el objetivo de frenar maniobras corruptas y mejorar la trazabilidad del gasto público, acusando a los fondos de haber sido utilizados para beneficiar a operadores y allegados sin respaldo ni resultados concretos. Aunque las provincias perderán canales directos de gestión, se espera que ganar eficiencia institucional translade mejoras sustanciales. Lo que empezó como una “desregulación del Estado” se presenta ahora como una cruzada contra la corrupción, con un uso más riguroso de los recursos.

Con estos tres cierres, la administración de Javier Milei completa la disolución de los 29 fondos fiduciarios existentes, cerrando lo que define como “el ciclo del desorden institucional” 

La profundización del poder central trae sus interrogantes. ¿Lograrán los ministerios absorber sin diluir la agilidad operativa? ¿Servirán esos controles para evitar futuros desvíos? Habrá que ver si el cúmulo de transparencia, registros y auditorías permite evitar que el dinero vuelva a perderse en el camino.

Fuente: www.NetNews.com.ar