A esta información se suma que el gobierno ilegitimo de Malvinas analiza la instalación de la industria salmonera con un proyecto impulsado por la empresa Unity Marine, que incluye ocho granjas, situadas entre 3 y 7 km de la costa de Isla Soledad, con una inversión prevista de u$s 6.6 millones de dólares.

Recordemos que el pasado 24 de junio Organizaciones sociales y ambientales se movilizaron en Ushuaia para exigir que se mantenga la Ley 1.352, que prohíbe la instalación de salmoneras en el Canal Beagle. Denuncian intentos de modificarla a favor de proyectos que beneficiarían a pocas empresas, sin un impacto real en el empleo local. Advierten que los datos disponibles y el ejemplo chileno, demuestran bajos niveles de ocupación y salarios precarios en el sector pesquero, frente a ganancias concentradas, por lo que abrir la puerta a la salmonicultura implicaría poner en riesgo un ecosistema frágil y una economía basada en el turismo y la preservación ambiental.

La importancia de ratificar en el Congreso el Tratado de Alta Mar (BBNJ) 

El Tratado relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ o “Tratado de Alta Mar”) fue adoptado en 2023 tras décadas de negociación. Su objetivo es llenar el vacío legal en que se encontraba la alta mar (casi dos tercios de los océanos) promoviendo la creación de áreas marinas protegidas, exigir estudios de impacto ambiental para actividades extractivas y garantizar el reparto equitativo de beneficios derivados de los recursos genéticos marinoses. En otras palabras, el acuerdo incluye “regulación de recursos genéticos, creación de áreas marinas protegidas, criterios para nuevas actividades extractivas, evaluaciones de impacto ambiental y distribución equitativa de beneficios”. Estos elementos han sido destacados como instrumentos clave para proteger la biodiversidad oceánica.

La Argentina suscribió el Tratado BBNJ el 18 de junio de 2024; fue un acto encabezado por la cancillería que precedía Diana Mondino al comienzo de la gestión del gobierno de Javier Milei,  pero hasta la fecha el Ejecutivo nacional no ha enviado el proyecto de ley correspondiente al Congreso para su ratificacin.  En la práctica esto significa que, aunque el Presidente firmó el acuerdo en la sede de la ONU, el Tratado no está vigente en Argentina hasta tanto no sea aprobado por el poder legislativo. Varias ONG y expertos ambientales han reclamado avanzar con la ratificación, resaltando que permitiría a la Argentina participar plenamente en la gobernanza global de la alta. Sin embargo, hasta ahora esa iniciativa no se ha tramitado en el Congreso.

Posibles razones de la demora en la adhesión y la falsa creencia de pérdida de soberanía

Diversos factores políticos, económicos, legales y estratégicos explican la cautela argentina frente al tratado. Entre ellos se señalan:

Factores políticos: estos  indicarían que no se trata de una prioridad en la agenda del presidente Javier Milei. Esta decisión podría estar influenciada por las declaraciones de el ex canciller Diego Guelar con respecto a su par firmante del Tratado, Diana Mondino de quien consideró que su salida le sorprendió menos que su nombramiento por considerar que la funcionaria es una inepta, basando su afirmación en declariones de la misma ex canciller:  “todos los chinos son iguales”, el reconocimiento de derechos a los isleños de Malvinas, la firma de un acuerdo similar al Pacto Foradori-Duncan, y por referirse a las islas como “Falklands”. En resumen Guelar presenta a Mondino como una figura no capacitada para la responsabilidad que implica conducir la política exterior argentina.

Presiones económicas y sector pesquero: según describe el sito saeeg.org actores de la industria pesquera y gremios marítimos han advertido que el tratado podría implicar nuevas restricciones para la pesca en aguas oceánicas internacionales. En particular se menciona la propuesta de un Área Marina Protegida del “Agujero Azul” frente a la Patagonia, impulsada por ONG, como un ejemplo de medida que algunos críticos vinculan con el tratado. Según un análisis local, esa iniciativa “sería absolutamente perjudicial para la pesca argentina” más allá de las 200 millas, pues implicaría limitar arbitrariamente las capturas en el banco continental. Lo cierto es que esa área hoy está siendo saqueada sin ningún tipo de control por flotas pesqueras chinas y españolas principalmente, y se desconoce si estas capturas afectan el ciclo mogratorio y/o de reproducción de las especies que se pescan hasta la milla 200.

Intereses soberanos y jurídicos: El tratado opera sobre aguas internacionales (lecho marino y columna de agua fuera de las jurisdicciones nacionales), pero algunos interpretan que en la práctica puede solaparse con la plataforma continental extendida argentina. Argentina tiene reconocidos derechos soberanos sobre más de 6 millones de km² de lecho marino más allá de las 200 millas por lo que existe la percepción de que normas internacionales adicionales podrían interferir con esos derechos. Formalmente, el texto del tratado aclara que no afecta los reclamos territoriales ni limita la jurisdicción nacional: el tratado incluye una cláusula explícita que impide interpretar cualquier decisión como reconocimiento o negación de reclamos de soberanía.

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