La anulación formal de la licitación de la hidrovía llega tras el reclamo en Diputados
Después de que el tema fuera planteado en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó la anulación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 1/2024, que hasta ahora estaba suspendida de hecho.
La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 7/2025, busca garantizar una mayor concurrencia de oferentes y evitar un proceso con un solo participante. La decisión se tomó luego de que se confirmara que la única empresa que presentó una oferta fue la firma belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME), lo que generó preocupación por la falta de competencia en la adjudicación del dragado de la Vía Navegable Troncal.
Un proceso cuestionado desde el Congreso
La licitación, que había sido lanzada en noviembre de 2024 bajo la órbita de la ahora disuelta Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, tenía como objetivo adjudicar la modernización, operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado del tramo clave de la hidrovía. Tanto en la Subsecretaría en aquel entonces como en la actual Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el titular es Iñaki Arreseygor. Sin embargo, el proceso recibió críticas por parte de todos los expertos en la materia hasta llegar a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, donde legisladores advirtieron sobre la ausencia de competidores y el riesgo de otorgar un contrato estratégico sin una puja real por un lapso de 30 años con opción a 30 más.
El debate en Diputados se intensificó tras la apertura del Sobre N.º 1 el 12 de febrero, cuando se constató que solo DEME había presentado una oferta. Esta situación llevó a que se reclamara una revisión del proceso y, finalmente, la ANPYN decidió dejar sin efecto la licitación.
Investigación por posibles prácticas anticompetitivas
Además de la anulación, la Resolución 7/2025 instruye a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la ANPYN a elaborar un informe detallado del proceso licitatorio y remitir la documentación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El objetivo es determinar si hubo prácticas que limitaron la participación de otras empresas y afectaron la transparencia del procedimiento. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas -PIA- emitió un fallo al respecto.
Entre las anomalías detectadas, la PIA señaló la ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, deficiencias en el acto administrativo que autorizó el llamado a licitación, problemas en la conformación de la comisión evaluadora de ofertas y en la determinación del plazo del contrato de concesión. Además, se cuestionó la ineficacia de las mesas interdisciplinarias encargadas de la redacción del pliego de bases y condiciones, así como la fórmula utilizada para la evaluación técnica de las ofertas.
El dictamen enfatiza la importancia de que la licitación se ajuste a los principios que rigen los procedimientos de selección de contratistas, en resguardo del bien común. La PIA recordó que errores u omisiones en la elaboración de los pliegos pueden acarrear consecuencias graves durante el trámite licitatorio y en la etapa de ejecución, pudiendo incluso derivar en reproches administrativos o penales.
Esta no es la primera vez que la PIA advierte sobre irregularidades en procesos relacionados con la Hidrovía. En 2022, ya había señalado problemas en la Licitación Pública de Etapa Múltiple N.º 13/2021 para el "Dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal", lo que llevó a la cancelación de dicho procedimiento.
Ante estas observaciones, la PIA recomendó a la ANPYN ajustar los pliegos licitatorios conforme a las observaciones realizadas, asegurando que el Estado Nacional contrate en línea con los principios que deben guiar todos los procedimientos de selección, en pos del bien común.
La medida también representa un golpe a la estrategia inicial del Gobierno, que había delegado la concesión de la hidrovía en el sector privado bajo el esquema de obra pública por peaje. Ahora, la administración deberá definir los próximos pasos para asegurar la operatividad del corredor fluvial, que es clave para el comercio exterior argentino y el movimiento del 80% de las exportaciones del país.
Fuente: www.Netnews.com.ar
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