La diputada nacional, Dra. Elisa Carrió, y varios dirigentes de la Coalición Cívica (CC) por ella fundada, rechazaron de plano la decisión del Gobierno Nacional -del cual son aliados- de eliminar las retenciones a las exportaciones de la industria minera. La agrupación funda razones en que la medida  "significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas con rentabilidad superlativa en los últimos años".

 

En rigor, la minería es una de las actividades más cuestionadas en los últimos años por cuestiones relacionadas con los privilegios logrados por este sector en particular y por la nula rentabilidad que deja a las arcas del Estado en relación a la pérdida de recursos naturales y al daño que generan al medio ambiente.

 

Fernando Sánchez, diputado nacional de la agrupación y ex candidato a vicepresidente en la fórmula capitalina de Lousteau aseguró que la minería está en manos de cincuenta megaempresas internacionales que operan en nuestro país.

 

Los restantes firmantes del comunicado de Carrió, recordaron también que fue a instancias de Carlos Menem que se consagró la ley 24.196 de Inversiones Mineras, y que fue durante la gestión del kirchnerismo que se incentivó con leyes nacionales que otorgaron beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios bajo ningún control por parte del Estado.

 

El comunicado amplió que "hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales. La envidia de todo comerciante, industrial y prestador de servicio en nuestro país".

 

Sin embargo, mientras todo esto sucede, la noticia de la quita de retenciones a la minería fue celebrada en Catamarca por la gobernadora Lucía Corpacci, quien aduce razones de conveniencia de la medida como sostén de las fuentes de trabajo.

 

Un ex aliado de Carrió, Fernando "Pino" Solanas, aseguró asimismo que la medida vuelve a premiar a las mineras que contaminaron los ríos con litros de cianuro. Solanas es autor del documental “Tierra sublevada”, y reconoce que lo sorprendió la medida.

 

La diputada Victoria Donda, por su parte, arguyó que “frente a los aumentos de tarifas y de precios que agravan la situación de millones de argentinos, el Presidente decide quitarles retenciones a las mineras, uno de los sectores económicos qué más se han enriquecido desde Menem en adelante”.

 

Desde las organizaciones ambientalistas la medida también sorprendió.

 

Greenpeace Argentina, en su viejo reclamo porque se controle a las mineras y garantice el cumplimiento de la ley de Glaciares, también se expresó: “En septiembre, con el derrame de más de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold, quedó demostrada la ausencia del Estado en los controles mineros y el desinterés de estas empresas por los habitantes de las comunidades.

 

La entrega de recursos públicos

Resulta al menos inquietante la quita de retenciones para una actividad manejada prácticamente por multinacionales con rentabilidad extraordinaria y exponencial durante los últimos años.

 

Desde el punto de vista económico, tal como están las cosas, el supuesto beneficio monetario para las arcas del Estado es un argumento mentiroso pero, desde el punto de vista ambiental es claramente contradictorio con los nuevos vientos.

Queda pensar, entonces, que el lobby minero ha logrado persuadir también a los nuevos funcionarios, aun cuando todavía pesan sospechas fundadas -por casos de cohecho y soborno- sobre otros  actores políticos que operaron durante la administración anterior.

 

Historia

Como en los inicios de la Conquista, la mirada extranjera está puesta en el oro, la plata, el cobre, el uranio y el litio.

 

Precisamente hoy este último elemento es indispensable en la fabricación de autos eléctricos, baterías de celulares y todo tipo de nueva tecnología; el tema es que con exenciones, desgravaciones e incentivos a los capitales externos no se cuida a la comunidad local.

 

Más bien parece primar la idea de un país que regala lo que le sobra, sin darse cuenta que, justamente, lo que le sobra es lo que los extranjeros no tienen y no tendrán nunca toda vez que se trata de recursos no renovables ubicados en escasas zonas de la amplia geografía mundial.

 

Es por ello que muchos inversores se encuentran operando en la Argentina, generando pocas ganancias para nuestro país por impericia nuestra.

 

El marco normativo vigente -hasta la supresión de las retenciones al sector- le dejaba a la Nación la insignificante suma de un 1,8% de ganancia.

 

En ese sentido, la diputada nacional Elisa Carrió afirma que a todas las licencias otorgadas a la megaminería debe sumarse que el canon impuesto fue establecido en pesos y no se ajustarán de aquí a veinte años; una vergüenza antinacional y antipopular de la que Cristina Kirchner no se ha hecho cargo.

 

Resulta un incordio, entonces, que un Gobierno que tendría que reformar el marco normativo vigente de la minería se preste a asumir el costo social, ambiental y fiscal que significa el uso de grandes cantidades de reservas de agua necesarias en el proceso de extracción utilizado por las mineras.

 

El ex diputado nacional y actual ministro de Defensa, Julio Martínez decía hasta hace poco que “para el pueblo de La Rioja el agua es más importante que el oro”. La afirmación tenía que ver con la avanzada en su provincia natal de grandes corporaciones en los Valles de Bermejo y Famatina.

 

“A las empresas mineras, de Menem en adelante, se les fue poniendo todo a su favor – relataba Julio Martínez-, incluso tienen un montón de exenciones impositivas, un montón de ventajas que ni usted ni yo tenemos; tienen seguridad jurídica para que no se les modifiquen o le agreguen ningún impuesto de aquí a 30 años”.

 

Exceptuadas del IVA, del impuesto al cheque y sellos tienen también beneficios en lo que hace al impuesto a las ganancias y al ingreso de divisas que obtienen por la venta del producto final en el exterior. Además, una simple declaración jurada que asegura la extracción de un mineral determinado no convence como único contralor que corrobore que no se lleven otro tipo de minerales e, incluso, de cantidades.

 

Ampliando fundamentos, los carriotistas entienden que, en cumplimiento a la Ley de glaciares, por el impacto ambiental por explotación y sus eventuales accidentes (como fue el derrame de agua cianurada ocurrido en la mina Veladero, comprometiendo la salud de los habitantes de la ciudad de Jáchal, en la Provincia de San Juan sin que implique sanción alguna para la empresa), son temas que deberían generar la atención de la nueva gestión.

 

Fuente: Revista Desafío Exportar - @marceladesafio