Los empresarios alertaron acerca de la imposibilidad de cumplir con los planes de mantenimiento de los buques atento a las restricciones para importar repuestos que no se fabrican localmente para sus embarcaciones, sumando un incumplimiento en el pago de las pólizas de seguros internacionales y obligatorios.

El gobierno respondió oportunamente a estos reclamos a través de la Secretaría de Comercio, que tienen dos canales separados de gestión: por un lado se las habilitó para el pago de los seguros -que entran dentro del esquema de giros al exterior para el pago de servicios-. Dentro de ese protocolo planteado por el gobierno, mes a mes las compañías deberán hacer la solicitud pertinente para conseguir la autorización de pago. La póliza correspondiente al mes de noviembre se realizó con una peligrosa demora que los puso al límite de perder su cobertura; se supone que de aquí en más se tratará solamente de una presentación burocrática.

El segundo canal de gestión fue para solucionar la importación de repuestos navales. Aquí cabe destacar algunos puntos.

Tanto los seguros como los repuestos, están amparados por la Ley 27.419 de Marina Mercante, que habilita su importación y contratación en el exterior, ya que expresamente los excluye de la aplicación de la Ley 12988.

Así mismo con relación a los repuestos hay coincidencia entre la Ley de Marina Mercante y la Ley de Industria Naval (27418) ya que ambas establecen, entre otros puntos, que los repuestos para reparaciones navales tributarán un Derecho de Importación de Extrazona (D.I.E) equivalente al cero por ciento (0%). Aún con la Ley de su parte, pero entendiendo el difícil momento que atraviesa el país, las navieras están dispuestas a pagar las tasas que sean necesarias-  El segundo punto y no menos importante es comprender la gravedad de la situación toda vez que los repuestos de los buques que integran las flotas de empresas asociadas a las Cámaras que conforman la Federación de Empresas Navieras Argentina – FENA- son en más de un 95% de fabricación extranjera y no cuentan con sustitutos en el mercado local. Esto impacta también a la Industria Naval ya que sus astilleros y talleres se ven imposibilitados de reparar los buques por falta de insumos.

La Secretaría de Comercio también respondió a este punto con agilidad solicitando a las empresas la confección de un listado con los nombres de las compañías que necesitan las autorizaciones y un detalle de los repuestos que necesitan importar.

Todo haría indicar que la historia tuvo un final feliz, pero no fue así. Un giro de 180 grados se produjo a partir de la autorización del giro de las divisas para el pago a los proveedores ¡a los 180 días de la oficialización de la SIRA! –“¿Quién nos va a aceptar esa forma de pago?” es la pregunta recurrente que se hacen los empresarios argentinos conscientes del poco crédito y volumen de compra que tienen, sumado a la poca reputación que ostenta el país en el mercado internacional como para aceptar semejante delay en el pago.

La solución nuevamente requerirá de sentido común. El transporte de hidrocarburos fue declarado de interés público por la Ley 26741 (ley de nacionalización de YPF S.A.) y fue considerado esencial durante la pandemia, por lo tanto merece que en estas circunstancias tenga un tratamiento diferencial que permita su continuidad. No se puede soslayar que la vía marítima debe ser considerada una actividad esencial toda vez que el 80% del abastecimiento energético del país proviene de esa fuente fósil, el 30% del crudo se mueva por buque y más del 70% de los refinados.

Una nueva excepción será la única respuesta si quiere evitar pasar las fiestas a la luz de las velas.

Fuente: www.NetNews.com.ar