Bajo la consigna "por una Patagonia sustentable y en paz'', se llevó a cabo el 2° Foro Consenso Bariloche, donde expertos coincidieron en la necesidad de reglas jurídicas claras y de que debe prevalecer la ley sobre el conflicto, la violencia y el poder.  El mismo contó con la presencia de abogados, ruralistas, empresarios e historiadores, además de personas afectadas por conflictos territoriales en la Patagonia.

Entre los temas que prevalecieron en el encuentro, se destacó la necesidad de que el Estado Nacional finalice con urgencia con los relevamientos territoriales de las comunidades indígenas argentinas que habitan el territorio de nuestro país para concluir el período de 16 años que lleva la emergencia territorial que fue declarada en el año 2006 por la Ley 26.160 y que impide la ejecución de sentencias de desalojo en las tierras ocupadas por comunidades. Además, la importancia de que se dicte una ley que regule la propiedad comunitaria indígena, y el proceso de consulta y participación a comunidades indígenas desarrollado en la Provincia de Neuquén y en otras jurisdicciones.

Nicole Jaureguiberry, Socia del Estudio, se refirió a este último punto donde detalló que a partir del fallo “Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/Provincia de Neuquén s/acción de inconstitucionalidad” del 8 de abril de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó un mandato a que se implementen los procedimientos de consulta previa frente a diversas medidas que afecten directamente a las comunidades indígenas. Como consecuencia de ello, se desarrollaron distintos tipos de protocolo, como el de la Provincia de Neuquén, que tendría incidencia directa sobre los proyectos hidrocarburíferos en Vaca Muerta o el recientemente aprobado por la Administración de Parques Nacionales aplicable a todas las áreas protegidas bajo su jurisdicción.

Al respecto señaló que “la aprobación de un protocolo con previsiones jurídicas claras que garanticen el derecho de todas las partes involucradas permite conocer cuáles son las reglas de juego y otorgar mayor seguridad jurídica para todo desarrollo de proyectos y actividades en áreas que efectivamente se encuentren ocupadas por comunidades indígenas con personería jurídica”.

Fuente: www.NetNews.com.ar