Es insoslayable que corregir distorsiones como las generadas por de los subsidios a la energía y la nueva formulación tarifaria, confusa y poco efectiva como ha sido enunciada hasta el momento, serán preocupaciones de primera magnitud en los próximos años.

 

La administración que asuma en diciembre de 2023 va a encontrar al inicio de la gestión una serie de compromisos asumidos sobre los que deberá tomar decisiones inmediatas respecto de la continuidad, modificación o rechazo de los mismos y tener clara las consecuencias de sus acciones.

 

La primera dificultad que se va a encontrar para ello es la ausencia de un Plan Energético de Largo Plazo que oriente estas decisiones. La nueva administración deberá elaborar este Plan y elevarlo al Congreso de la Nación para que sea sancionado con fuerza de ley y brinde una guía de las políticas de estado que la Argentina privilegia para el sector energético.

 

Existen tendencias contradictorias que explican el lanzamiento de obras de infraestructura apresuradas, sin financiamiento y sin estudios de factibilidad profundos que garanticen la construcción de los proyectos en tiempo y forma, y en otros casos una cantidad no menor de proyectos de infraestructura iniciados en los últimos años que han comprometido grandes sumas de dinero público que se encuentra actualmente hundido y sobre las cuales habrá que evaluar su futuro, y la posibilidad de recupero, aunque sea en parte, de los fondos invertidos e inutilizados.

 

Como ejemplo de ello podemos mencionar la Central Térmica de Rio Turbio, las Centrales Hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz o el gasoducto del NEA (GNEA) y otras obras que requieren una urgente atención de la próxima administración.

 

Por otro lado, procesos virtuosos se han detenido y deberían ser relanzados en forma inmediata para alcanzar los objetivos que en algunos casos están establecidos por ley (Ley 27.191 para renovables) y en otros han sido incluidos en los cálculos de reducción de emisiones, para cuantificar los compromisos de reducción de emisiones asumidos por la Argentina en su Contribución Nacional Determinada (NDC), y en algunos casos no tienen principio de ejecución, han sufrido notorios retrocesos (ley de Biocombustibles), o ni siquiera puede considerarse que se hayan iniciado (acciones de eficiencia energética).

 

Existe además un pronunciado déficit de infraestructura de larga data sobre sistemas conocidos que no pueden ser puestos en operación por falta de definiciones en materia de financiamiento o acuerdos políticos jurisdiccionales, y ponen en serio peligro la seguridad del abastecimiento energético. Líneas de alta y media tensión, gasoductos de alta y media presión son necesarios en todo el territorio de nuestro país.

 

"En los últimos diez años los subsidios energéticos consumieron 150 mil millones de USD, una cifra exorbitante que representa más de tres veces el cuestionado préstamo otorgado en 2019 por el FMI"

 

 

A fin de ordenar estas primeras ideas, los principales ejes de trabajo se basan en los siguientes principios que pueden resumir de la siguiente forma las acciones a encarar:

• reducir la vulnerabilidad energética que hoy presenta la Argentina en términos de abastecimiento y seguridad, buscando una provisión diversificada, con la mayor utilización de los recursos disponibles en nuestro territorio, y al mínimo costo compatible con un suministro continuo y confiable a los distintos sectores económicos;
• encaminar los modos de producción y consumo en el contexto de la des carbonización de la economía, incentivando el crecimiento de las fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero, fuentes limpias preferentemente renovables, promoviendo una política de eficiencia energética que tenga continuidad en el tiempo fomentada con recursos públicos, avanzando en la electrificación de los usos energéticos promoviendo el incremento de capacidades en el desarrollo de nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y de la gestión inteligente de la demanda.

 

Los subsidios energéticos muestran una dinámica de peligroso crecimiento exponencial y de insostenible impacto fiscal. En 2022 serán cercanos a los USD 13.000 millones de los cuales el 75% son destinados a la generación de energía eléctrica. En los últimos diez años (2012-2022) los subsidios energéticos consumieron 150 mil millones de USD, una cifra exorbitante que representa más de tres veces el cuestionado préstamo otorgado en 2019 por el FMI.

La corrección del sistema de subsidios vigentes es necesaria para asignar los fondos a otros usos prioritarios de mayor beneficio social. La reducción de subsidios innecesarios y mal asignados forma parte de compromisos de reducción asumidos por el país con aprobación parlamentaria con organismos internacionales. La aplicación de subsidios debe cumplir con el objetivo social de hacer posible el acceso y permitir el pago de los servicios energéticos a la población vulnerable y excluida y para ello se requiere un programa de tarifa social amplio.

 

La identificación de beneficiarios requiere de transparencia y la implementación debe realizarse aplicando criterios objetivos apoyados en atributos sociales que minimicen errores de inclusión y exclusión y, a su vez, deben estar alejados de todo oportunismo electoral.

 

Los recientes anuncios de segmentación tarifaria anunciados por el Gobierno no cumplen lamentablemente estos principios, son confusos y de muy problemática instrumentación, con efectos marginales en lo que respecta al impacto económico que obtendrán, pero con una alta probabilidad de generar mayores injusticias y problemas sociales.

 

Las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas natural deben seguir un principio rector: en primer lugar las tarifas deben reflejar adecuadamente los costos de producción, transporte y distribución de los bienes energéticos, luego los subsidios deben estar focalizados en la demanda vulnerable, para ello deben implementarse las buenas prácticas que arroja la experiencia internacional y adaptarlas a la coyuntura. Por lo tanto, debe abandonarse definitivamente la aventura facilista de subsidios generalizados a la oferta, que a la luz de la experiencia se muestran ineficientes, pro-ricos e imposibles de financiar desde lo fiscal.

 

La recomposición tarifaria resulta inevitable, pero requiere tener en cuenta la situación de la demanda vulnerable: para aquellos usuarios sin tarifa social la corrección debe ser gradual. Las políticas de shock, en particular en usuarios residenciales, enfrentan restricciones de aceptación social de los aumentos, regulatorias, y en particular limitaciones jurídicas a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que instruye que las correcciones tarifarias deben ser graduales, proporcionales, razonables y prudentes.

 

Finalmente, un párrafo especial para las políticas destinadas a incrementar la eficiencia energética como una de las vigas maestras de la futura política energética; para cumplir metas económicas; y compromisos de lucha contra el cambio climático.

 

La eficiencia energética es una disciplina generadora de empleos y de innovación tecnológica de última generación, pero debe ser abordada con la misma seriedad con la que se diseñan planes de infraestructura física y producción energética. El Estado tiene una función indelegable en el desarrollo de estas acciones, y la cooperación internacional debe ser tomada como un complemento necesario, pero no suficiente. Es una disciplina aun no consolidada en nuestro país, con un incipiente desarrollo de políticas sin solución de continuidad a lo largo del tiempo.

 

Dado el carácter privado y sumamente atomizado de las decisiones, se requieren acuerdos y gestión coordinada y mancomunada con todas las provincias, que incluyan ordenamientos normativos, e información sistematizada referida al consumo para sumarla a otros indicadores económicos y sociales, con el fin de desarrollar políticas públicas en los usos finales de los diferentes sectores económicos.

 

El abordaje de la eficiencia energética requiere la utilización coordinada de las capacidades humanas de la administración pública en todos los niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, deben estar preparadas en cantidad y calidad para este enfoque.

 

El mundo enfrenta una grave crisis energética derivada de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. La oferta de gas natural se ha reducido como consecuencia de las sanciones aplicadas por Occidente a Rusia, la competencia por el acceso rápido a nuevo gas natural es muy fuerte, los precios se han multiplicado cuatro o cinco veces. En 2019 el costo de importación del gas natural licuado (GNL) fue para la Argentina del orden de los 8 USD/Mbtu. A fines de este año se esperan precios superiores a los 50 USD/Mbtu. No se ve un final del conflicto y cuál será la nueva configuración del mercado energético internacional.

Frente a este panorama, la Argentina presenta una gran vulnerabilidad y debe colocar su política energética en un terreno de largo plazo, mediante un Plan Energético Nacional para los próximos 25 a 30 años, con altos consensos políticos y sociales que aseguren el abastecimiento continuo y confiable, a precios accesibles como instrumento de desarrollo económico y equidad social.

 

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar