Los fulgores del G20 no alcanzaron para dar lustre a un año (o tres, o veinte…) de desaciertos. El balance de 2018 en casi todos los sectores económicos y sociales deja estrecho margen de celebración, y a esta generalidad tampoco escapa la actividad naval.

Lo que hacia fines del año pasado se había transformado en un faro para el sector pronto dejó de brillar. Las tan ansiadas leyes de Marina Mercante e Industria Naval, largamente trabajadas, discutidas, reformuladas y consensuadas por todos los actores interesados en el tema fueron, primero, acotadas a su mínima expresión para ser luego directamente mutiladas.

Imaginadas como leyes “ideales”, fueron mutando de a poco en unas leyes “posibles”, porque, aunque hubiera que ceder, todos entendíamos que era mejor eso que nada. Y así fue como llegaron a aprobarse, en las últimas y maratónicas sesiones legislativas extraordinarias de 2017. Pero el tiro de gracia lo dio el boletín oficial del 20 de diciembre: no alcanzó la suma de voluntades ni que los textos aprobados fueran los propuestos por el oficialismo; aún así, en la publicación final se habían eliminado dos de los principales artículos, precisamente los que daban sustento económico a lo que sería la reactivación de esa industria. Vuelta a foja cero.

Y así seguimos, a la deriva. O peor: para atrás. La arremetida de este año contra el Astillero Río Santiago y sus trabajadores no hizo más que refrendar lo que ya sabíamos: este gobierno no tiene el más mínimo interés de incentivar la industria nacional en general, ni la naval en particular. Por el contrario, con cada una de sus medidas atenta permanentemente contra el empleo argentino.

"Astillero Rio Santiago, ícono de la desidia política"

Nuestro país supo liderar, en las décadas del ´40 y ´50, las vías navegables que actualmente conforman la hidrovía, con una flota moderna y en expansión, que además de abaratar los costos logísticos para la producción local generaba un círculo virtuoso de trabajo genuino. Esa supremacía es detentada hoy por Paraguay y Bolivia, países hermanos que han capitalizado nuestras malas políticas en materia impositiva ofreciendo a empresarios y armadores mejores condiciones para inscribir sus buques bajo esas banderas. El resultado no fue aleatorio, sino la consecuencia de una política pública consistente y deliberada, que además posicionó a esas flotas fluviales como la tercera y cuarta en el mundo.

¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras políticas públicas de fomento a la industria? ¿Quiénes de nuestros dirigentes plantean con claridad un proyecto de desarrollo nacional y en qué consiste ese proyecto? En tanto no nos formulemos estas preguntas seguiremos boyando sin destino. Antes que una cuestión de recursos, es de decisión política.

Tenemos la capacidad para hacer, tenemos la riqueza necesaria, tenemos el potencial. Y tenemos un conglomerado naviero organizado y preparado para ser protagonista, dispuesto a cinchar a favor de quien tome el timón y emprenda ese derrotero.

Mariano Angel Gendra Gigena

@m_gendra 

Abogado, especialista en Derecho Marítimo,Transporte, Logística y Consumo

Titular de “LatinAmerica Consulting, Abogados-Consultores”

Fuente: www.NetNews.com.ar