El poder del CFP es ejercido por los empresarios pesqueros que consensuan con el gobierno de turno el puesto de Secretario de Pesca, quien lo preside. De esta forma obtienen regulaciones a medida de sus negocios. Por medio de actas y resoluciones firmadas por unanimidad, se fuerza la aplicación prebendaria de la Ley Federal de Pesca (LFP) como costo corrupto de la rentabilidad empresarial.

 

Los consejeros han forjado un mecanismo que ha funcionado a la perfección. Advierto: son expertos por la impunidad. El padre del mecanismo ha sido Oscar Fortunato, socio de poderosos grupos empresarios marplatenses, funcionario sentado de los dos lados del mostrador por décadas. Sus enseñanzas dispararon la creatividad ilegal de los consejeros sucesores, incluso para formar fondos de cuotas de capturas que financian hasta campañas políticas.

 

El mecanismo

El caladero argentino, sin contaminación radiactiva, con gran variedad de especies de alto valor comercial internacional, rico en nutrientes, es la garantía alimentaria de la Nación. Tiene su biomasa comprometida por la sobrepesca y la depredación, cuyo origen es la corrupción del CFP. Por ese motivo no se pueden otorgar nuevos permisos de pesca, que se re formulan, triangulan, transfieren, renuevan, inventan, sin trazabilidad, pagando a los consejeros.

El Mar Argentino tiene dueños que licitan clandestinamente sus capturas. La licitación de las capturas empieza cuando el CFP determina lo que se puede pescar: la Captura Máxima Permitida, que se reparte en cuotas de captura según cada permiso de pesca. Se paga por tonelada de cuota y se paga por las transferencias que las multiplican.

 

"¿Cómo se sabe cuánto pescó cada buque? Por declaración jurada: te juro que pesqué tantos kilos de tal especie"

 

 

Se supone que una vez que se pesca la cuota licitada el buque queda en muelle. ¿Cómo se sabe cuánto pescó cada buque? Por declaración jurada: te juro que pesqué tantos kilos de tal especie. La declaración es corroborada por la fiscalización de cada puerto. Se paga para que coincida la declaración jurada con el acta de fiscalización con diferentes tarifas según la necesidad.

A bordo, la fiscalización cobra por no ver el pescado muerto que se tira al mar, porque es obligatorio llevar a puerto todo lo que se captura. Tampoco ve que no se usan los dispositivos para evitarlo. Para que se entienda: la fauna acompañante del langostino es la merluza. Si tiro un lance sin dispositivo y viene mucha merluza, tengo que cambiar de cuadrante para evitar matar tanta merluza. Pero se sigue pescando. Y si entre lance y lance viene demasiado langostino que se no pudo bajar a la bodega, también se tira, sin importar que siga fresco, de calidad. Y si se sale a merluza, en la red puede venir calamar, rayas, nototenia, papafigo, abadejo, merluza de cola, etc. Todo lo que no es la especie que interesa, vuelve al mar, muerta.

La falta de transparencia y el abuso de poder son evidentes en este sistema corrupto que pone en riesgo la biodiversidad marina y la economía pesquera.

 

Tarifarios de corrupción a enero 2024

 

 

 

 

 

Los más premiados

La cuestión es que ningún buque llega a pescar su cuotas gracias a las coimas. Lo que genera más negocios: se falsean posiciones arancelarias, se contrabandea. Para mitigar el riesgo, se inventaron fondos de cuotas de capturas ficcionadas: fondo administrativo, fondo social, fondo productivo. Funcionan como los fiduciarios, sin control, que se licitan entre los gobernadores para que puedan disponer de ellas a su antojo.

 

 

 

Un simple decreto

El llamado a la responsabilidad a través de una declaración jurada que involucre a los miembros del CFP es una medida necesaria para frenar esta corrupción y proteger los recursos marinos para las generaciones futuras.

 

 

"Todo lo que no es la especie que interesa, vuelve al mar, muerta"

 

Basta obligarlos a firmar que se hacen responsables con sus bienes de la administración de recursos alimentarios patrimonio de terceras generaciones con incidencia ambiental, cada vez que firman un acta o una resolución. Los va a hacer pensar antes de agarrar otra valija.

Se podría extender a los diputados y senadores de las Comisiones de Intereses Marítimos que conocen todas estas ilegalidades informadas en las auditorias de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La implicación de los diputados y senadores en estas prácticas ilegales también es preocupante y requiere una acción contundente para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos pesqueros.

 

 

 

 

 

Fuente: www.Netnews.com.ar