Un hotel, otro botón de muestra
Una sorprendente inversión tuvo lugar durante las elecciones presidenciales 2023 sin anuncio oficial. En el meollo de la negociación José Beni, interventor en la Administración General de Puertos, (AGP) figura arraigada al núcleo duro del Kirchnerismo, aunque funcional al saliente Ministro de Economía, Sergio Massa.
El interventor saliente, que próximamente volverá a sus funciones como empleado de planta de la AGP, inextricablemente ligado a hechos de corrupción y violación a la Ley de Ética Pública como surge en la nota “AGP, historia de un fracaso que no es relato”, nuevamente debería ser objeto de una investigación ligada a hechos de corrupción.
La primera pregunta que impulsa esta pesquisa surge del hecho que se haya ocultado un anuncio que, sin duda alguna, merecería ser motivo de celebración. ¿Por qué dejar pasar en época electoral una noticia de inversión sin festejo y despliegue de cámaras, frente a una abultada militancia bombonera, cuando la mera inauguración de una simple canilla se convierte en un derroche propagandístico? ¿Qué intereses espurios se pretenden ocultar?
Para comprender esta historia debemos retroceder dos años en el tiempo, cuando regía el aislamiento obligatorio por cuarentena para (casi) todos los argentinos. En una fría jornada de descanso dominical del 1º de agosto de 2021 se concluye y “publica” el documento titulado: “Referencia: EX-2020-62360674-APN-MEG#AGP S/ Resolución - CALENDAS S.A. - Permiso de Uso.” – En ese expediente una empresa denominada Calendas S.A, sin historial en la construcción hotelera, solicita al interventor de la AGP, José Beni, un predio de 3.517,97 metros cuadrados ubicados entre las calles Alférez Rivas, Balbín y Av. Rawson Dellepiane, Dársena Sur jurisdicción del Puerto de Buenos Aires, para construir un hotel con fines turísticos, por un monto de ocho millones quinientos mil dólares (U$D 8,500.000). La empresa solicita además, que durante los 36 meses estimados para la construcción, se le bonifique el 100 % del canon a abonar por el uso de las tierras.
El interventor del Puerto de Buenos Aires, accede a la solicitud otorgando un “Permiso de uso” incurriendo así en una seguidilla de violaciones al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional; Ley N° 25.414 y Decreto 1023/2001, y a la Ley 23.696, infringiendo impunemente leyes con la clara y única intención de eludir un proceso licitatorio.
El otorgamiento de un “Permiso de Uso” resulta totalmente improcedente en este caso, ya que dicho permiso se destina a situaciones de precariedad y provisoriedad, como podría ser la instalación de un kiosco u otros servicios de menor envergadura, e incluso podría aplicarse a actividades de carácter benéfico-social. La construcción de un Hotel de 5 o 1 estrella, como detallaremos más adelante, claramente contaviene estos principios.
La resolución, un auténtico derroche de generosidad, permite incluso a la empresa peticionante tercerizar actividades comerciales conexas o complementarias a la actividad hotelera, con la única condición de notificar por escrito a la Sociedad del Estado sobre los nuevos contratos celebrados.
Otros datos curiosos se desprenden en una segunda disposición, la 119-GG-23_230728_144817, fechada el 26 de junio del presente año. En primer lugar, una vez presentados todos los informes técnicos solicitados por la intervención, la firma Calendas solicita una bonificación en la tasa denominada 'Servicio Técnico Administrativo', a la cual el organismo accede nuevamente, aplicando una generosa bonificación del 100% de la misma. Sin embargo, ninguna de las partes ofrece una explicación sobre las razones que motivaron la solicitud y su posterior aprobación.
En segundo lugar, de manera inexplicable, la empresa peticionante reduce drásticamente el monto original de inversión. Inicialmente establecido en ocho millones quinientos mil dólares (U$D 8.500.000,-), el nuevo monto es casi la mitad, es decir, 'MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS con 00/100 ($1.325.347.092,00) PESOS', equivalente a cuatro millones quinientos mil dólares (U$D 4.500.000,-)."
La Gerencia de Administración y Finanzas evaluó en 2021 “una buena situación económica y un bajo grado de endeudamiento” por parte de la empresa peticionante. También afirmó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley N° 25.246 y concordantes, en relación con el origen de los fondos destinados a financiar la inversión propuesta (IF-2021-46751283-APN-GAFYRRHH#AGP – Orden 99). Sin embargo, obvió un dato crucial como veremos más adelante.
Seguramente, muchas de estas curiosidades podrían haberse evitado si el Ministerio de Transporte hubiera prestado atención a las recomendaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas – PIA – en cuanto a reemplazar al Sr. Beni (y a su equipo) y buscar a un funcionario idóneo para el cargo.
Pero, lo más importante es que se podría haber evitado el enorme gasto estatal que implicará llevar al Sr. Beni, su mano derecha, la Gerente General Verónica Adriana Piñero, y todo el equipo involucrado en este, y otros, actos de corrupción ante los tribunales, si en lugar de trabajar un día domingo de cuarentena, lo hubiesen hecho en un día laborable, consultando así a la Dirección de Asuntos Jurídicos-Legales, para descubrir que la empresa Calendas S.A (CUIT 30-68057907-1) cuenta con condena en la justicia por lavado de dinero: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resolucion_uif_ndeg_169.2010_bbva_banco_frances_s.a.pdf
Fuente: www.NetNews.com.ar
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