En teoría -cuando menos- Marcos Peña llegó a la jefatura de gabinete precedido de una fama de experto en cuestiones comunicacionales. En los años en los cuales secundó a Mauricio Macri -junto a Horacio Rodríguez Larreta- en el gobierno de la Capital Federal, él se ocupaba de imaginar, poner a punto y desenvolver formas para informar, anunciar y transmitir a la gente las políticas públicas que se ponían en marcha. Para decirlo en otros términos: Horacio gerenciaba, Marcos comunicaba y Mauricio se reservaba la última palabra.

Quienes aseguran conocer los entretelones del caso, sostienen que Macri no pensaba nombrarlo a Peña en la jefatura de gabinete. No porque desconfiase de su capacidad ni tampoco porque, súbitamente, hubiese caído en desgracia. Nada de ello. Sencillamente en razón de considerar que ese no era el mejor cargo para aprovechar su experiencia acumulada en la administración porteña y el talento que había acreditado entonces. Sin embargo, por los motivos que fuera, Marcos Peña terminó asumiendo una responsabilidad mayúscula en una función desconocida.

Obrar como ministro coordinador requiere no solo conocimientos específicos sobre los temas que manejan los diferentes ministerios, sino también una personalidad firme, capaz de arbitrar entre los intereses en pugna haciendo las veces de amortiguador de las presiones que, diariamente, llegan a la Casa Rosada.

Durante la década menemista esa carga fue tomada por Eduardo Bauza y por Jorge Rodríguez. El primero no se caracterizaba por su brillantez pero sí por su eficiencia. Contaba con el respaldo total del riojano y, a la vez, hacía sentir su autoridad delante de verdaderos pesos pesados, como lo eran Domingo Cavallo y Roberto Dromi. En cambio, su sucesor, Jorge Rodríguez, fue un personaje intrascendente, del montón, porque se convirtió en un par más de los ministros que conformaban el gabinete nacional, a los cuales debía coordinar. 

Transcurridos setenta días, poco más o menos, desde la asunción de Macri, trazar un balance respecto de la performance de sus principales colaboradores carece de sentido. Ya habrá tiempo. Lo cual no obsta para apuntar, aquí y allá, una serie de hechos que llama la atención.

Analizada la deriva del gabinete, se echa de ver una cierta falta de sincronización entre sus integrantes y una pobre comunicación de lo que está haciendo el gobierno. Ello fue evidente cuando Alfonso  Prat Gay decidió -al parecer sin el conocimiento ni el visto bueno de Rogelio Frigerio- traspasarle al Ejecutivo porteño un porcentaje de coparticipación que encrespó a buena parte de los gobernadores y -como era de esperar- levantó polvareda en el Congreso.

Volvió a ponerse de manifiesto el martes 16 de Febrero. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, propuso entonces un aumento de 40 % en el salario mínimo inicial, a implementarse entre febrero y julio. Dos días después retiró la propuesta. Y terminó de confirmarse, conocida que fue la decisión de revisar el impacto de la nueva grilla del impuesto a las Ganancias en más de cien mil jubilados que no estaban afectados por el impuesto y ahora deberán pagarlo.

Sin entrar en disputas sobre el fondo de las cuestiones mencionadas, lo cierto es que, hasta el más recalcitrante de los seguidores de Macri, deberá reconocer hoy la desorganización en el seno del elenco ministerial y las falencias hallables en punto a las políticas de comunicación.

Es cierto que entre la herencia recibida; los reclamos cruzados que llegan de todas partes; la inexperiencia en la materia y la necesidad de consolidarse en el ejercicio del poder, no se le puede exigir a la administración actual lo que a otras, con menos problemas que resolver, en los primeros 100 días. Pero también es cierto que en determinados casos Marcos Peña parece no dar pie con bola. Luce perdido o ausente y no puede imponer su autoridad delante de ministros que se cortan solos. Nada dramático a esta altura del partido. Pero sí preocupante si no cambiase la manera de coordinar las acciones de los ministros y secretarios de Estado.

Al margen de los desajustes que son visibles en la administración de Cambiemos, la política no detiene su marcha. El país está pendiente de cuanto suceda en las paritarias docentes.

Es probable que las clases no comiencen, como correspondería, el próximo lunes. No es la primera vez que un desencuentro entre las dos partes de una negociación que se renueva todos los años, durante el mes de febrero, epilogue en una postergación del comienzo del ciclo lectivo.

En esto, nada nuevo bajo el sol; y nada, ciertamente, que pueda a esta altura llamar la atención.

Siempre que sucedió algo así, terminó en un acuerdo que firmaron los gremios docentes con el gobierno nacional y las autoridades provinciales. De modo tal que el problema no reside en si finalmente comenzaran las clases o no. Cualquiera sabe que, con más o menos retraso, los alumnos volverán a las aulas.

El fondo de la cuestión pasa por otro lado y es posible que ello explique el paso en falso de Esteban Bullrich de vocear en público una oferta de aumento salarial que después dejó sin efecto. Si se toma conciencia que un incremento de 32 % en los sueldos de los empleados públicos de todas las provincias significa un monto de $ 160.000 MM, se entenderá cual es el núcleo duro del tema.

Para el gobierno central aflojar en la negociación con los sindicatos docentes puede ser un acto suicida, de cara al resto de los gremios del país. Un dato explica el tema por sí solo: entre 2003 y 2015 casi se duplicó, a instancias del kirchnerismo, la dotación de empleados públicos por todo concepto; es decir, contabilizando la Nación, las provincias y los municipios. El presidente lo explicó con claridad. Dijo: “El Estado no puede ser el aguantadero de la política”.

El ultimátum -por llamarle de alguna manera- enderezado por los docentes, en cuanto a que sin suba salarial de 40 % las clases no darán inicio, al gobierno no es que lo tenga sin cuidado. Le preocupa, por supuesto, el efecto que sobre las familias con hijos en edad escolar tendrá la postergación. Pero, entre ceder a la amenaza o atascar el freno y no convalidar aumentos inflacionarios, no dudará. La paritaria nacional docente seguirá estancada, salvo medie un milagro. Pero la Casa Rosada no puede dar el brazo a torcer.

La madre de todas las batallas es esta: evitar que la devaluación y las consecuencias de unas paritarias fuera de control den lugar a más aumentos de precios. Por ahora un salto en el dólar de 52 % generó una suba en los precios de 13 % en menos de tres meses. No es poco;aunque comparativamente con otras correcciones del tipo de cambio habidas en la Argentina, en medio de un proceso de ajuste, no resulta dramática.

Si las paritarias no se desmadran y nuevos grupos de bonistas aceptan la propuesta argentina, derogar la ley Cerrojo será más fácil de lo que suponen muchos. En tal caso, sólo faltaría comenzar los deberes en el terreno fiscal para que Macri pudiese encarar el segundo semestre con la expectativa de una revitalización de la economía. Nada es fácil, pero, al propio tiempo, no está el gobierno frente a una situación inmanejable.

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