Hemos vivido en un Estado delictivo, conducido por una clase política delictiva que incluso se había fondeado con dinero proveniente del narcotráfico, expedientes que se encuentran en el despacho de la jueza Servini de Cubría. Así es, el kirchnerismo tiene sobre sus espaldas más de 750 causas.

Los otrora poderosos tendrán que pasar por tribunales pero el tema es que nos hacen nadar en las profundidades más tenebrosas de la oscuridad y, en algunos momentos, creemos que todo esto es una gran ficción, una farsa.

En verdad, hay como cierta candidez, cierto infantilismo a la hora de abordar algunos temas.

El presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri quiere ir hasta el hueso en temas como el caso Nisman, y ha nombrado como secretario de Estado al ex senador nacional, Dr. Mario Cimadevilla, un hombre incorruptible al que le ha dicho: “quiero ir hasta el hueso, caiga quien caiga”, ahora bien, hay otros ámbitos en los que lo que aparece en la superficie es cierta inocencia política que preocupa ya que se asemeja a un pacto de salida cuando la sociedad exige investigación, justicia, en definitiva, que se le devuelva lo robado.

Hay ratios en los que uno puede observar que hay una mirada que no es lo suficientemente profunda. Uno de esos temas tiene que ver con la triple fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. 

Leandro Halperín, abogado especialista en temas carcelarios, dice que “las cárceles argentinas promueven aquello que condenan”, una verdad evidente que nadie ha querido ver.

“El problema -afirma Halperín- es que no queremos ver, creo que la sociedad tiene como un doble estándar fomentado por quienes nos gobiernan, que convierte a estas instituciones en algo de lo que preferimos no enterarnos. A la sociedad le preocupa mucho el delito y tiene miedo de lo que pasa en las calles porque nos roban y nos matan por nada. Cuando nos enteramos de un delito pretendemos que rápidamente que haya justicia y encuentren a alguien para encarcelarlo y, después, cuando cumplen una pena –que son los menos porque en nuestra sociedad la regla es la impunidad- queremos que vuelvan rápidamente a la cárcel, porque allí no se aprende nada bueno”.

Halperín subraya así que la hipocresía social es no preocuparse en ese “mientras tanto”, por lo que pasa en la prisión, donde uno se convierte en delincuente, donde se hace lo que se  reprocha. El especialista y docente universitario, señala que “en las cárceles el Estado tortura, el Estada viola, el Estado vende droga y mata. El Estado se convierte en delincuente”.

Sin embargo, la sociedad visualiza una enorme cantidad de derechos ganados por los delincuentes: una especie de salvoconducto con horas de ocio, aprendizaje superior, sueldo, visitas higiénicas y nutrición asegurada. Halperín responde “es que ese doble estándar o hipocresía entre lo que no queremos ver y lo que pasa existe en relación a la eficacia de la norma. Argentina tiene un doble estándar en materia normativa y de implementación”, confirma, y sostiene: “el kirchnerismo ha sido el colmo de la hipocresía normativa. Los funcionarios suscribieron convenios internacionales por los derechos humanos y los funcionarios a cargo de las cárceles argentinas incumplieron cuanto convenio internacional de derechos humanos se firmó en el extranjero”. Halperín profundiza: “Argentina miente cuando dice que en las cárceles hay derechos humanos. Es mentira el trabajo en prisión, la buena alimentación… son cosas que existen únicamente en la norma. La realidad es absolutamente contraria a lo que dice la ley”, opina.

En su análisis reconoce que hay otro problema: qué sanción queremos aplicar. “Nuestra legislación es muy clara, se le aplica la sanción más grave que nuestro ordenamiento jurídico tiene, que es la pérdida de la libertad”.

Con todo, esa inherencia humana fue violada por Batallón militante cuando sacaba a los presos de las cárceles para que asistieran a eventos públicos. Como especialista en leyes y procedimientos, Leandro Halperín explica que dentro de la ejecución de la pena está contemplada la posibilidad de las salidas “lo que está mal es que esas salidas sean coordinadas por agrupaciones que tengan intenciones partidarias, que los capitalicen para sus partidos políticos o que los quieran usar como mano de obra barata”. Y, arremete: “en la cárcel no hay derechos, hay privilegios. Para subsistir hay que aceptar una perversa lógica premial que es aquella que indica que hay reglas inversamente proporcionales a lo que la sociedad quiere y que en el mundo libre imperan, las reglas de la cárcel requieren que la ley quede suspendida ”, argumenta.

 Lo paradójico es que la cárcel debiera ser un lugar controlado por el Estado, sometido al control permanente y a la supervisión de los agentes públicos. Sin embargo, a esos agentes destinados a la supervisión de la población carcelaria se les exige como toda capacitación un título secundario, siendo los presos lo que pueden acceder a la educación superior, una incongruencia propia de un sistema desquiciado.

“Lo que es incongruente –responde Halperín- es que los agentes penitenciarios no puedan estudiar, que sus superiores los maltraten, que no puedan agremiarse para defender su salario, que cobren sueldos de hambre. Nuestro país debería igualar derechos hacia arriba”, manifiesta.

Respecto del servicio penitenciario, Halperín es crítico. “Es una organización verticalizada, militarizada; su ley es de la dictadura militar, es la única institución que la democracia no ha tocado todavía”.

En este contexto observamos la fuga de los autores del triple crimen, y la pregunta se impone: cómo se fugaron?

El especialista radical responde: “se fugaron porque con dinero y contactos todo es posible en la cárcel. Habría que saber si fue por la fuerza o voluntario. Que se fuguen por un pasillo de una cárcel de máxima seguridad solamente puede ocurrir –como dijo la gobernadora Vidal- con la connivencia del servicio penitenciario”.

Al parecer, la errática postura de la gobernadora respecto del servicio en la provincia se cobró su primer escarmiento. “Yo creo que la política debe asumir el desafío de manera integral pero, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires se ha consagrado un pacto de impunidad desde 1987, cuando la política le deja a las fuerzas de seguridad gobernar el territorio a cambio de que le aseguren paz. No funcionó”, dice.

Más tarde, Halperín explica que se toleran negocios ilegales de funcionarios públicos que deberían perseguir el delito y, encima, no hay paz. Para completar, remarca que “en un país donde el que gobierna no da el ejemplo; donde el principal contratista de obra pública puede alquilar habitaciones del hotel de la ex presidenta; en el que un vicepresidente puede vivir en un médano y quedarse con la empresa que fabrica los billetes y no pasa nada”, todo es posible, reconoce.

Para finalizar, Leandro Halperín comenta que “el desafío de combatir al crimen organizado no es de un gobierno, es de un Estado. El problema es que los que gobiernan piensan que la revolución se hace solamente con ellos o sólo con gestión. Yo creo que es algo integral, que los oficialismos tiene la obligación de convocar a las oposiciones, a la sociedad civil, a las madres organizadas, a los especialistas y organismos de control y acordar políticas públicas de Estado que trasciendan los límites temporales de un gobierno y que nos permitan imaginar que, gane quien gane, se hará lo mismo durante muchos años. Esto no sucede. No por falta de idoneidad es más grave, es por complicidad”, asegura.   

Es evidente que para que los condenados fugaran, la corrupción tuvo que haber hecho mecho metástasis en la justicia y en la política también.

Halperín lo explica así.

“La falta de alternancia en la provincia -tras 28 años de peronismo- ha hecho mucho daño. Significa que no tuvieron que acordar nada con nadie más que con el espejo”.

Ante la pregunta de si esto fue una estocada para Vidal, cuyo caballo de batalla en campaña fue la lucha contra el narcotráfico, Halperín responde: Pasó en otras oportunidades, recordemos el crimen de Cabezas, la fuga de 13 presos en Ezeiza para que caiga un director del servicio penitenciario. Cuando las fuerzas de seguridad quieren darle un mensaje al poder político hacen estas barbaridades”.

El especialista en temas carcelarios habla de la necesidad de la convocatoria al cambio, pero acepta que el radicalismo es poco escuchado. “Paga caro sus errores y es poco considerado por sus aciertos. Hace muchos años que decimos qué pasa en las cárceles y prefieren no escuchar hasta que explota la realidad”.

Cuenta también que en el kirchnerismo, el radicalismo sufrió la persecución de los servicios de inteligencia. “Tuvimos serios problemas con Alejandro Marambio en el servicio penitenciario. Les molestaba que en las cárceles se difundieran herramientas que tienen que ver con el conocimiento, que es educación, que genera opciones que permiten elegir de qué manera uno quiere vivir su vida. Y cuando uno elige con libertad, en general, se elige a favor de la paz. Esto es contrario a lo intereses de lo que gobiernan en la prisión. El conflicto conviene porque el conflicto es corrupción. Los cambios tienen que ser no sólo de nombres en las cúpulas; el cambio debe ser más profundo. El autogobierno policial es un mal y el poder político debe volver a tomar ese control- Ojala quienes nos gobiernan convoquen a los mejores y no sólo a los más amigos del poder”, concluye. 

Leandro Halperín

Fuente: Lic. Marcela Jaimes @marceladesafio