”Tal como está redactado el decreto es anticonstitucional”, dice el titular de la Cámara de Practicaje, Cap. Claudio Tubio. Sucede que el decreto al que hace referencia el referente de los prácticos los “pone en caja” luego del reclamo expresado por el sector en relación al recorte de sus tarifas.

“La Constitución dice que cualquier ciudadano tiene derecho a parar”, se queja, al sentir vulnerado un derecho por un decreto, un derecho que siente amparado por la piedra basal del ordenamiento jurídico argentino.

En efecto, el decreto tiene previsto que, ante un paro provocado por los prácticos en la actividad que desarrollan en la entrada y salida de los buques a los puertos, sea la Prefectura Naval la encargada de realizar esas tareas. Además, Tubio entiende que el decreto “es sancionatorio de todo y coercitivo”. El interpreta que “lo que están buscando es una situación de confrontación”.

Tubio es tajante. “En ningún momento quisimos confrontar, tratamos por  todos los medios de explicarle a los funcionarios toda la información para que la evaluaran”.

La idea del Gobierno de bajar los costos portuarios tuvo una contra oferta por parte de los prácticos. “Tratamos de aplicar los descuentos. Lo que habíamos acordado con el Ministro, se quiso llevar a la práctica y el primer escollo que tuvimos fue cuando tuvimos que ir a negociar con YPF, no a negociar, porque la negociación ya estaba hecha. Mostramos un cuadro tarifario con los valores que se cobraban y ahí nos dijeron que ellos tomaban otro cuadro tarifario. Cuál?, preguntamos. Ellos respondieron: “el de nuestra Agencia que nos pasa tales valores, y nosotros pensábamos en que tenemos que descontar de lo que  ustedes acordaron con el Gobierno. La realidad es que esos cuadros estaban desvirtuados”, dice el presidente de los prácticos.

Tubio entiende que fue a partir de ese preciso momento que empezó el conflicto. “No fue nuestra responsabilidad”, aclara. “Llegamos a ofrecerle a YPF que tomaran cualquier factura al azar para contrastarlas con cualquiera de las facturas que presentamos a las agencias marítimas para observar dónde estaba la diferencia”, sostiene el capitán de ultramar.

A los prácticos, la bonificación pretendida les resultó una ofensa. “No pasa en ningún lugar del mundo que para trabajar tengas que poner plata. Nosotros teníamos un tarifario, en el cual constaba un descuento”, afirma. “A partir de ese momento se empezó a generar una situación de desacuerdo que nos llevó a ofrecerles una facturación directa al Estado y ellos quedaron en verlo, pero dejaron todo como estaba”.

Tubio afirma que, en un principio, el “acuerdo” se dividía en dos partes.  “El primero, sobre todos los buques de bandera nacional afectado al tráfico de hidrocarburos y todo lo que era trafico energético. Llegó el momento de ENARSA y pasó algo parecido cuando los prestadores hicieron los descuentos”.

Consultado sobre la aseveración oficial acerca de que con la licitación por los remolcadores se logró una reducción de costos del orden del 40%, Tubio contesta: “los números están todos dibujados. 40 y pico de qué? Todos los números que dieron en la famosa Conferencia de Defensa de la Competencia estaban errados y no eran ciertos. Ellos hablaron de un ahorro de 44 millones y no llegaron ni a 6”.

Sobre los últimos pasos dados antes del sorpresivo decreto presidencial, el Cap. Tubio asegura que tuvieron una reunión con funcionarios y el Viceministro de Gabinete, Gustavo Lopetegui, oportunidad en la que mostraron en dónde estaban las falencias y los errores verificables al cotejo de facturas.

Ahora, a la espera de la reglamentación del decreto, los prácticos afirman que no pueden esperar 60 días para facturar. “A qué te obligan?”, se pregunta el líder de la Cámara. “Ellos están buscando que hagas algo que no querés y te dicen cómo lo tenés que hacer!”, reniega.

Respecto del decreto en sí, Tubio va más allá: “la forma en que está redactado es una trampa cazabobos, como no nos dieron ningún tipo de alternativa, te dicen qué no tenés que hacer”, en franca alusión al artículo sobre posibles paros. Además, “te dicen que en la factura sólo podemos poner nuestros honorarios por los servicios de practicaje; pero también tenemos gastos administrativos, concernientes al Código de Gestión que impone Prefectura… tenemos otros gastos, movilidad, papel, otros servicios…”, y especula con una motivación que podría estar escondida.

“Lo que están haciendo ellos es abriendo el juego, como ocurrió con los remolcadores”. Entonces, justifica el encono de los prácticos con la medida presidencial. “El servicio de lanchas es realizado por un práctico. De su conocimiento depende el barco y que las condiciones de esa embarcación estén de acuerdo a los estándares mínimos de seguridad, ahora, con el decreto, podría hacerlo Prefectura, pero yo no sé si hay presiones políticas para habilitar embarcaciones… todos sabemos cómo funciona este país. Podría jugar una empresa como Bunge o Cargill. Por ahí cumplen con los cánones de seguridad necesarios”, dice Tubio. “El decreto es para las cerealeras, para que bajen sus costos, no benefician al chacarero ni al camionero ni al país”.

También pone hincapié en cuestiones básicas como la seguridad del práctico y en su relevo. “Cuando un práctico se cae al agua, en el 80% de los casos, se muere. Hay cosas que son sensibles. Qué se busca, calidad o precio?”.

“Lo que el Gobierno no entiende es lo que entienden la mayoría de los paises civilizados”, argumenta Claudio Tubio, que el practicaje -por sus características-, no puede estar sometido a la competencia, como cualquier otra actividad. Es un sistema que es competitivo, pero nosotros llegamos a un punto que es que tenemos que fijar los parámetros sobre los cuales vamos a trabajar.  Hay que pensar en un servicio de calidad que hace a la seguridad. Nosotros estamos para preservar el medio ambiente, la vida humana y evitar daños físicos a los muelles, a los canales y a los buques, entonces, si vamos a estar sometidos a la competencia, en primer lugar, vamos a terminar siendo rehenes de las empresas, no las vamos a poder fiscalizar ni saber si los buques que navegan las aguas cumplen con los estándares mínimos de seguridad. Estas cosas lógicas no las entienden los economistas. Vos podes someter a las leyes de mercado cualquier cosa, menos la seguridad, porque no tiene precio”.

Otro tópico, que Tubio considera importante, es que el Gobierno no considera con su medida de topes el nivel de inversión o reinversión que tiene que tener una lancha para su funcionamiento.

“Ellos fijan la tarifa, pero sobre que parámetros? Nosotros no aumentamos las tarifas. Está demostrado de que tenemos criterio, que no nos abusamos de la situación. No tuvimos conflictos con los clientes en los últimos 15 años, entonces, para qué te metés a tratar de hacer algo en donde nadie te llamó y no hay quejas? Eso es lo que no se entiende”, se defiende el responsable de la Cámara de Practicaje y, al mismo tiempo, recomienda: “si quieren hacer ahorro, hay que poner las vías de navegación en condiciones, para evitar demoras. En esas demoras se evitan muchísimo más que con lo que están haciendo”, asegura.

Más tarde, va a fondo. “Cuánto aumentaron los valores de los fletes en los graneleros después que bajaron el 30% los remolcadores? 40% aumentaron, es decir, qué injerencia tuvo esa baja de remolques? Ninguna. En definitiva, en qué repercutió? Disminuiste el PBI, porque esta gente estaba aportando impuestos, entonces, vos cobrás menos, pagás menos impuestos, quién es el perjudicado? El tipo que bajó la tarifa y el Estado. A quién favoreció? A nadie. A las cerealeras, ponele, pero es gente que ya tiene un margen de ganancia importante. Seguís favoreciendo al que más tiene, no al que menos tiene. Es ridícula desde la raíz”, sintetiza.

Volviendo a la génesis del conflicto, Tubio analiza: “yo creo que lo más importante es saber escuchar. Si tenés corto circuitos con todos los referentes del medio, si todos son mafiosos o todos están todos equivocados… no sé. Millones de moscas pueden estar equivocadas? Sí… o no.

Respecto de cómo reaccionarán, Tubio responde que están analizando los pasos a seguir, aunque, “de movida vemos que el decreto es anticonstitucional Es un decreto que me castiga por todo lo que hago, me sancionan por todo, me parece que están atacando mis derechos”, confirma. 

Y culmina, “más competencia no significa mejores servicios sino más baratos y estoy convencido de que la calidad se va a resentir, es imposible que no pase. En el caso del practicaje, vos podés elegir quién te presta el servicio, lo que no podés elegir es no usarlo porque es obligatorio, pero nosotros demostramos nuestro profesionalismo, invertimos en la calidad del servicio que prestamos y tenemos un trato más directo con la Prefectura. Este negocio es redituable para el país. Todos tratamos de ponerle el hombro, pero cuando me quieren sancionar me siento defraudado porque uno está haciendo un esfuerzo muy importante que, a lo mejor, mucha gente no lo ve”.  

Fuente: www.NetNews.com.ar