El flamante gobierno lleva ocho meses en el poder desarmando bombas plantadas por Cristina Kirchner y su golden boy, a la sazón, ministro de Economía, Axel Kicillof.

Si bien los economistas que asumieron en diversas áreas gubernamentales creían estar en conocimiento de todas las trampas y cazabobos sembradas por el dueto, no cesan de asombrarse, dado que no hay una sola área donde no emerja la corrupción. Deudas enormes y cajas vacías es la constante que deben enfrentar los funcionarios, desde la comuna más pobre a la gobernación más rica. El robo y la malversación de fondos tienen sesgo de manual: “Cómo hacerse rico desde la función pública”, dado que la modalidad fue la misma a  lo largo y ancho del país.

La ciudadanía empieza a sentir el gusto amargo de la impunidad que parece sostenerse respecto de jueces y funcionarios. El pabellón Néstor Kirchner en la cárcel de Ezeiza, bautizado así en la creencia de que los jueces ya no temen el peso de la represalia y comenzarían a trabajar a buen ritmo poblando el pabellón de ladrones y corruptos. Esperanzados creíamos que se cumplirían las promesas pre-electorales de ser inflexibles con la corrupción, no importando las jerarquías. Esta creencia se fue diluyendo con el  paso del tiempo. Es evidente que todavía hay hijos y entrenados para los jueces funcionales al gobierno de Cristina Kirchner. Creímos equivocadamente que “no hay nada mejor que un buen susto para despertar a un mamado”. La amenaza de parte del Consejo de la Magistratura, que los juzgados recibirían auditorias para evaluar el comportamiento de los jueces, los movilizó -en un primer momento- exhumando causas que llevaban años sin tratar, pero, pasado el primer susto, la sensación es que los jueces volvieron a lo mismo: vender protección y seguir siendo funcionales a Cristina Kirchner. ¿Volvió el Consejo de la Magistratura a los tiempos de Diana Conti, donde imperaba el paraguas de impunidad para jueces corruptos? Norberto Oyarbide fue salvado primero por el Consejo y, después, sacado de la hoguera por indicación del ministro de Justicia, Germán Garavano, y nada indica que no seguirá en la misma línea con hasta ahora los intocables familia Kirchner y Julio de Vido.

En el editorial del mes de marzo pasado, dábamos cuenta acerca de la necesidad de ser muy precisos en las medidas más antipáticas a tomar ya que, lo que no puede rifar este gobierno, es su credibilidad. Por ello el gabinete tenía la obligación de analizar exhaustivamente los alcances poco felices del aumento en las tarifas, ya que cualquier error es aprovechado por la oposición y los jueces que acompañan. No se analizaron los alcances de las tarifas y como podrían incidir en las economías familiares, tampoco desde la geografía y el potencial cambio de clima. No es lo mismo la Patagonia, en invierno, que Formosa o Misiones, ni los 700 metros cuadrados del departamento de Vila y Pamela David en Recoleta -cuya factura alcanzó los $ 97.00-, que jubilados de la zona del barrio Saavedra, que debían abonar $ 2.700.00 a $ 4.000.00 de gas. Un tema tan sensible a la inflación no tiene excusas para experimentados economistas. Estos errores no alcanzan a los ministros, que no dejan de ser fusibles, pero son trágicos para el presidente de la Nación. En una semana nadie recordará el nombre del ministro, pero recordará perfectamente el nombre del presidente.

Con seguridad este error no resultará gratis para Mauricio Macri. En pocos meses comienzan las campañas electorales de medio tiempo. Por una parte, ganar para Macri es de alguna forma asegurarse ocho años de gobierno, y por otro, asegurar previsibilidad a las esperadas  inversiones extranjeras, imprescindibles para el desarrollo del país

Fuente: www.NetNews.com.ar