Domingo, 25 de Septiembre de 2022 | 05:18
PRODUCCIÓN 14.09.2022
Medio Ambiente

Propuestas para una política pública de inversión que impulse el desarrollo sostenible e inclusivo

De acuerdo al último Estudio Económico de América Latina y el Caribe realizado por la CEPAL se proyecta un crecimiento económico para el presente año de 2,7% promedio, en un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas que están golpeando a las economías de la región.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan un panorama económico y social muy complejo en 2022. A un mal desempeño del crecimiento económico se suman las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas sociales. Esta situación se ha traducido en grandes desafíos para la política macroeconómica, que debe conciliar políticas que impulsen la reactivación económica con políticas dirigidas a controlar la inflación y dar sostenibilidad a las finanzas públicas.

Todo este escenario afectará negativamente a los países de la región. A raíz de esta situación la CEPAL considera que para mitigar el impacto y salir de la crisis será necesario que los gobiernos elaboren una acción coordinada de políticas macroeconómicas cuyo objetivo será la aceleración del crecimiento, la inversión, la reducción de la pobreza, la desigualdad y la inflación.


 

Para ello los Gobiernos disponen de distintos instrumentos para apoyar una mirada estratégica del gasto público en inversión que contribuya a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- y la sostenibilidad ambiental. El organismo identifica y analiza a dos de ellos, que de manera conjunta podrían impulsar una recuperación transformadora con sostenibilidad e inclusión en la región: 1) los sistemas nacionales de inversión pública y 2) las estrategias de promoción de la inversión, en particular los incentivos tributarios a la inversión.

 

Los sistemas nacionales de inversión pública son el conjunto de planes y estrategias que implican gastos públicos y que se orientan a la adquisición de capital (ya sea material o inmaterial) por parte del sector público. Incluyen la cartera de proyectos de inversión pública en curso de ejecución o de cierre o en etapa de diseño. Por su parte, los incentivos tributarios a la inversión son los tratamientos tributarios preferenciales con los que se busca incidir en las decisiones de inversión a través de tasas reducidas, deducciones y créditos por inversión, así como depreciaciones aceleradas. Por sus características y objetivos, los sistemas nacionales de inversión pública y los incentivos tributarios a la inversión son instrumentos complementarios que podrían utilizarse en el marco de una estrategia nacional de promoción de la inversión. Con ambos instrumentos se busca incrementar la acumulación de capital para sostener la actividad económica y el empleo, incluyendo en su diseño criterios de focalización que permiten orientar los proyectos de inversión de manera sectorial (en educación, salud, energías renovables no convencionales, movilidad sostenible y espacio urbano, y economía circular, entre otros) o transversal, como ocurre en el caso de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático o fomento de la productividad, entre otros. Tanto en el caso de la inversión pública como de los incentivos fiscales, la justificación del uso de recursos públicos se basa en una serie de argumentos que incluyen, entre otros, la complementariedad con la inversión privada y la posibilidad de atraerla (crowding-in); la posible existencia de fallas de mercado (externalidades, asimetrías de información, competencia imperfecta y economías de escala, entre otras); una heterogeneidad de la estructura productiva que se traduce en que la acumulación de capital se haga a distintos ritmos según la actividad o la región; limitaciones de entorno en términos de infraestructura o de instituciones, o bien la constatación de que existen bajos coeficientes de inversión. En el caso particular de la inversión pública y la acumulación de capital público tiene el potencial de permitir la superación de cuellos de botella que limitan la inversión del sector privado.

 

Tanto las inversiones públicas como los incentivos tributarios tienen beneficios potenciales y costos asociados, por lo que es preciso analizar detenidamente cuál es la combinación optima dados el objetivo de política y el contexto fiscal, económico y político nacional, así como las capacidades de las autoridades para implementarlos de manera eficiente. Esta ponderación puede hacerse a partir de análisis de costo-beneficio de cada instrumento, que incluyan los costos asociados (tanto financieros como administrativos y técnicos) y los beneficios probables para la economía, la sociedad en general y el medio ambiente.

 

En lo referente a la identificación de objetivos y metas comunes, una buena práctica consiste en basarse en los planes nacionales de desarrollo, ya que define una estrategia de mediano y largo plazo para el sector público en su conjunto. Se establece una visión de lo que se quiere lograr como país y las políticas necesarias para alcanzarlo, definiendo indicadores que permitan medir los progresos en ciertos plazos acordados. Inscribir el diseño de las inversiones públicas y de los incentivos tributarios en el plan nacional de desarrollo tiene la ventaja de fortalecer la orientación estratégica de la política de promoción de las inversiones hacia objetivos de desarrollo nacionales. Por ende, podría agilizar la aprobación de iniciativas de inversión, ya que se apoya en un marco de política preestablecido, cuya formulación, además, suele incluir un proceso de consulta ciudadana

 

La CEPAL recomienda que todo proyecto debería incluir flexibilidad a lo largo de toda su cadena, además de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y de inclusión. Otro punto aconsejado en el informe es la implementación de un marco legal entre las partes que garantice solidez y previsibilidad en el largo plazo. Transparencia en todas las etapas del proyecto, auditorías, recopilación de datos y seguimientos para evitar discrecionalidades. En cuanto a la etapa de evaluación de proyectos y los instrumentos de promoción de las inversiones, el organismo recomienda un análisis ex ante de los proyectos a evaluar, haciendo uso de las múltiples técnicas que existen para garantizar la viabilidad, costos, beneficios, estudios ambientales, impacto social, plazos planteados, metas, etc.. y luego un análisis ex post que permite una vez finalizado el proyecto, verificar si todos los estudios previamente considerados, se cumplieron con exactitud o con qué margen de error.

 

Debido a los costos que conllevan este tipo de ejercicios, es posible programar revisiones anuales, que permitan incorporar sus resultados a los procesos anuales de aprobación presupuestaria.

 

Finalmente, es importante contar con mecanismos adecuados de rendición de cuentas ante los organismos competentes para transparentar el uso de los recursos públicos. Las buenas prácticas en esta materia indican que es recomendable la consolidación de la información sobre los proyectos de inversión financiados -ya sea directamente con fondos públicos o mediante beneficios tributarios- en un documento único, que reúna los montos movilizados, los plazos establecidos, las entidades y personas ejecutoras y los resultados alcanzados (incluida una estimación de los beneficiarios indirectos). Esta información debería ser pública, presentarse en un formato que facilite su interpretación por un público no experto y difundirse de forma oportuna, considerando los plazos del proyecto y la necesidad de llevar a cabo revisiones externas.

 

Fuente: www.NetNews.com.ar

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