La detención de la señora Milagro Sala fue dispuesta por un juez, no por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Por lo tanto, las denuncias sobre censura al gobierno provincial carecen de todo asidero. Ha resurgido, además, a propósito de este caso, una de las más infortunadas frases que se acuñaron en los últimos tiempos: la "criminalización de la protesta".

La protesta, en tanto una de las manifestaciones de la libertad de expresión, es absolutamente libre. Por lo menos, para quienes postulamos una sociedad abierta en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Para quienes nos gobernaron en los pasados 12 años, nutridos de otras vertientes ideológicas, es legítimo, en cambio, que los canales de difusión de las protestas sean restringidos por el Estado. De ahí la preocupación por homogeneizar los medios de comunicación, emplear la censura indirecta (pautas publicitarias disciplinadas) y recurrir a todo tipo de hostigamientos dirigidos a quienes no se plegaban al monocorde discurso oficial.

Pero una cosa es la libertad de expresar ideas e informaciones y otra violar derechos de terceros. Quienes impiden la circulación, se adueñan de espacios públicos o dañan bienes con el fin de dar "visibilidad" a sus reclamos, no están -y no deben estar- protegidos por los jueces, porque si así fuera se estaría cercenando, entre otros, el principio de igualdad ante la ley.

En el caso de Milagro Sala, esas conductas son las más leves que se le pueden imputar. Sabemos que construyó, con la ayuda de Cristina Kirchner, un gobierno paralelo, completamente al margen de la ley, y que dispuso de cuantiosos fondos sin ningún tipo de control. Siempre se dijo que muchas provincias argentinas se comportan como feudos, pero en el Jujuy de Sala ese feudo tenía la particularidad de su desvinculación absoluta respecto del orden jurídico. Sobran los testimonios de la arbitrariedad y el patoterismo en esa estructura de neto corte mafioso.

Los "beneficiarios" de tal sistema, en la medida en que acrediten la existencia de reales necesidades, nada deben temer. Al contrario, son a partir de ahora ciudadanos con derechos, que reciben prestaciones por esa condición, de manera objetiva y neutral, y no rehenes de organizaciones que los utilizan para potenciar sus propios fines.

El gobernador Gerardo Morales, con el abierto respaldo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, está reconstituyendo el Estado de Derecho en Jujuy. En esa empresa lo apoya la gran mayoría de los argentinos. Tal fue el mandato que recibió en las urnas, al imponerse por un margen muy holgado. Con las primeras medidas de desactivación del aparato mafioso de Sala, la imagen de Morales entre los jujeños creció hasta niveles muy altos. Es que son ellos los que conocen de primera mano el autoritarismo de esa organización paraestatal que los hundió en un virtual estado de sumisión debido a sus prácticas prepotentes y patoteriles.

Es muy llamativo que apelen ahora a las formas más refinadas de la democracia republicana quienes o bien promovieron ese estado de cosas o, por lo menos, lo toleraron con su silencio cómplice.

Jujuy, que vive en la Edad Media, quiere entrar al siglo XXI. Nada hay más demostrativo de la enorme confusión de conceptos que se nos quiso inculcar que defender un modelo reaccionario, preconstitucional, con argumentos pretendidamente progresistas. No hay progreso sin ley.

Fuente: @NetNewsArg