-Este ha sido el año en el que la sociedad definitivamente puso su mirada en la Justica. Su prédica de tantos años encontró los oídos dispuestos en la población, pero la gente sigue en su reclamo. Ud. tiene en sus manos dos temas que Argentina necesita resolver: Amia y el asesinato del fiscal federal especial Dr. Alberto Nisman. Le pido una explicación sobre su labor en el avance de ambas causas y cuál es su posición personal sobre la noción de Justicia que tiene el Gobierno Nacional.

En la causa AMIA hay mucho  por hacer. En realidad quien tiene en sus manos la misión de resolverlas es el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Nuestra tarea, en este caso, es colaborar con la investigación y remover los obstáculos que la Justicia pueda encontrar para que se dicte sentencia. Esperamos vencer la inercia que durante años paralizó la investigación de fondo, producida por interferencias, algunas por interés, otras por temor, otras por afectos y compromisos mal entendidos. En el curso de las investigaciones hubo impericia, pero también hubo obscurecimientos voluntarios e intencionales. Despejar esos obscurecimientos nos proporcionará una serie de hipótesis bien armadas que nos acercarán a la verdad.

Existe una postura no escrita, una tradición jurídica, que exige que los imputados estén presentes para que el proceso penal avance. El Gobierno anterior intento romper esta parálisis del juicio por el atentado a la AIMA con el Memorándum firmado con Irán cuyos cuestionamientos han sido públicos y que culminó con una declaración de inconstitucionalidad. Nosotros estamos trabajando en otra alternativa, que ya ha sido conversada con el legisladores del FPV y de otros bloques en el Senado, se trata del juicio en ausencia.

Además, después de una importante tarea de relevamiento, disponemos de una cantidad inmensa de información que hay que articular y dilucidar. Ya estamos terminando de recopilarla, y avanzamos -más lentamente de lo que me gustaría- en su clasificación, análisis y digitalización. Mis expectativas son importantes en relación a lo que esto pueda aportar.

Ambas causas AMIA y Nisman ponen de manifiesto las dificultades que tiene la Justicia argentina para investigar causas complejas vinculadas al poder. También exponen el entramado que existe entre organizaciones delictivas y algunos integrantes de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y el Poder Judicial. En razón de ello, como sociedad, deberíamos pensar qué tipo de Justicia queremos y necesitamos, qué fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia son los que sirven al país, es un debate que hay que darlo.

El caso de Nisman no parece ser diferente, y aunque no nos hemos sumergido todavía en esa investigación por todas las absurdas vicisitudes procesales que ha estado atravesando, la vía debiera ser la misma.

- Como radical y miembro de Cambiemos, ¿cuáles son los logros de este año y cuáles los temas que personalmente le gustaría incentivar? 

En el gobierno nacional, que integro, hay “intuiciones” similares sobre el tema de la Justicia, pero pareciera que no logran ponerse de acuerdo en la vía de abordaje. Como Senador de la Nación integré, en el período 2010-2014, el Consejo de la Magistratura. La experiencia fue reveladora. Mi posición personal es que no debe negociarse con una casta, porque no se puede dialogar genuinamente con quien esgrime en la misma mano sus intereses sectoriales y los principios que debiera estar defendiendo y protegiendo.

En el Gobierno hay mucha gente importante y muy capaz que está oponiendo una fuerte resistencia a dejarse embarcar en las sofisterías y pretextos, con que se encubren las enormes deficiencias del sistema y de la prestación judicial.

La crítica que la sociedad y la prensa descargan sobre el Poder Judicial pone en evidencia la dimensión del problema de la prestación del servicio de justicia en la Argentina.

En términos generales, podría decirse que desde hace años, concretamente desde 2006, el Consejo de la Magistratura ha visto debilitada su función de control de la actuación de los jueces y de valoración de las aptitudes de los postulantes en los concursos de oposición.

Concursos sospechados y la negociación de las denuncias contra magistrados en la Comisión de Disciplina y Acusación (Rafecas, Oyarbide, Bonadío y tantos otros menos conocidos) han caracterizado la actuación del Consejo en los últimos años.

Revertir esta situación requeriría una madurez de los representantes del estamento político, en su conjunto, y del abogadil que, por el momento, no se advierte y esto deja en manos de los representantes del estamento judicial (los jueces) el gobierno real del Consejo y, a partir de esta situación, las cuestiones se dirimen en función de los intereses de las listas que pujan por el control de la Asociación de Magistrados.

La Justicia de nuestro país, en general, es lenta, mala y costosa y el desafío de hacerla eficiente, de calidad y oportuna es uno de los muchos compromisos que la política en general, como expresión de los intereses de la sociedad, tiene que asumir a través de reformas estructurales realizables y de un adecuado control en el proceso de selección y disciplinario de los magistrados.

Agrego al final que también tuvimos hasta hace poco un Gobierno que entendía que los jueces debían ser jueces del poder. Muchos de ellos se sentían más cómodos siendo jueces del poder, que de la ley. Pero claro está que para mejorar nuestra Justicia debemos dejar de lado esa práctica perniciosa para volver a los jueces de la Constitución.

Por. Lic. Marcela Viviana Jaimes.

@MarcelaDesafio

Fuente: www.NetNews.com.ar