El gobierno argentino está pasando por un momento muy difícil. Lo que el individuo de la calle no termina de comprender es a qué cosa le llamamos los economistas una “crisis de deuda”. El crédito es una facilidad que debe guardar relación estricta con la capacidad de pago, la capacidad de generar recursos genuinos, la conducta prudencial del deudor, y la seriedad y consistencia de quienes se obligan a pagar en el futuro, obligaciones contraídas hoy.

Analizando estas variables, los funcionarios que deban negociar el refinanciamiento de las obligaciones soberanas no corren con ventajas. Más bien, deben arrastrar un pesado lastre que los argentinos nos negamos a soltar de una vez. La capacidad de pago de nuestro gobierno está fuertemente limitada. Toda vez que el grueso del gasto público se aplica a financiar erogaciones corrientes en salarios, subsidios y transferencias de recursos destinadas excluyentemente al consumo. La inversión privada neta ha desaparecido, corrida por los Valores Actuales Netos negativos que devienen de descontar flujos de fondos futuros a tasas de interés estratosféricas. Sin inversión, no hay formación de capital, ni crecimiento sostenido, como veremos más adelante. Agrava este tema que los niveles de alícuotas impositivas alcanzan porcentajes extremos, en relación a las bases imponibles que gravan. Eso impacta en la rentabilidad de las empresas. Lo que deprime el valor de las acciones y participaciones sociales. Y empuja a los inversores a otras alternativas, incluso, fuera del país. Quedan muy pocas dudas en relación a que se han superado, claramente los límites que maximizan la recaudación. Y que transitamos cómodamente por la rama descendente de la curva de Laffer.[1]

Como decíamos: La capacidad de generar recursos genuinos de una economía, guarda estricta relación con el stock de capital. Esto en Argentina ha sido negado por décadas. Partidos políticos mayoritarios han levantado la bandera de estar “combatiendo al capital”. Como si eso fuera una reivindicación social de los sectores de menores recursos. Cuando, en verdad, las tasas de acumulación de capital son el verdadero determinante del nivel de salarios. Y eso es lo que hace aumentar los ingresos de los sectores de menores recursos y posibilita la movilidad social. Si lo analizamos con criterio, los incentivos que hacen que un trabajador mexicano, nicaragüense o salvadoreño arriesgue su vida tratando de entrar a los EE.UU. evidencian que no es ni su nivel de capacitación profesional, ni su inclinación y voluntad de trabajo lo que lo condena a salarios de hambre en su país de origen. Todas variables que de ninguna manera cambian cuando cruza una frontera. Sino las bajísimas tasas de capitalización que condenan a la pobreza a las economías en desarrollo. Esto es exactamente lo mismo que les pasa a los migrantes del África subsahariana. Que también arriesgan sus vidas para tratar de llegar a Europa. En la mayoría de los casos, tristemente, en forma infructuosa.[2]

La conducta de las sucesivas administraciones tampoco es algo que pueda dar tranquilidad y confianza a los deudores ni a los inversores. No importa que cambie el partido gobernante. Lo que no cambia es la enfermedad crónica de los gobiernos argentinos de administrar manteniendo un déficit fiscal crónico, muchas veces financiado con emisión monetaria. Eso es visto con alarma por los inversores y los prestamistas que invierten en títulos de riesgo soberano. La emisión dispara una espiral inflacionaria, algo que también se negó por décadas, y que tampoco hoy nadie discute en ningún claustro académico serio. Y la inflación destruye los ahorros, lo cual reduce a su mínima expresión al mercado de fondos prestables. Que es adonde acuden las empresas pequeñas y medianas para obtener fondos para sus necesidades operativas. Ya que no pueden acudir a los mercados internacionales, por su limitada escala. Esto hace caer la productividad de la economía. Y por ende, la recaudación tributaria.

Otro problema que genera la inflación, y que es menos advertido por el ciudadano común, es que hace imposible el cálculo económico. Como dijimos más arriba, las decisiones de inversión de las empresas se toman a partir del descuento de flujos de fondos futuros esperados.[3] Estás proyecciones, son muy difíciles de hacer en un marco de estabilidad monetaria. Y requieren de un altísimo grado de profesionalismo. Son materia de expertos con mucha experiencia en la materia. Pero se tornan técnicamente imposibles en un contexto inflacionario, porque el principal problema de la inflación es que distorsiona la matriz de precios relativos de cualquier economía. Deformando y alterando las relaciones de precios entre los insumos y los productos. Lo que hace imposible determinar la rentabilidad de un proyecto en el mediano plazo. Qué es, precisamente, lo que se necesita conocer, para poder determinar el valor actual neto del proyecto, (VAN). La inflación deja a los empresarios sin herramientas de cálculo, precisamente por el impacto de lo que, en la literatura especializada se denomina “Efecto Cantillon”[4]. Justamente esta distorsión de las relaciones de precios entre los diferentes componentes del proyecto a evaluar[5].

La seriedad y consistencia de quienes toman deuda en los mercados internacionales se evidencia en el cumplimiento puntual, de los plazos y montos pactados. Una continua política de renegociación de montos y alargamiento de los plazos, incluso, bajo la amenaza del incumplimiento liso y llano, impide que las entidades financieras internacionales que han aportado los fondos, los recuperen dentro del marco de sus planes. E impacta fuertemente en la disponibilidad de recursos que pueda tener el sistema financiero local para abastecer a las empresas medianas, que, como se ha dicho, no acceden a los mercados internacionales. Asimismo, produce una astringencia de fondos prestables en el mercado bursátil, que es donde invierten habitualmente los fondos de inversión de riesgo. Y que es la otra vía de financiamiento con  que cuentan las empresas locales, ya sea mediante obligaciones negociables o la negociación de títulos de crédito como pagarés en dólares, cheques de pago diferido o facturas de crédito. Estos mercados también se ven fuertemente reducidos por la mera amenaza de incumplimiento de las obligaciones soberanas. Lo cual afecta el capital de trabajo de las empresas, su productividad, y de nuevo, la recaudación impositiva. Asimismo, produce el aumento de los costos del financiamiento y la consecuente reducción de la rentabilidad de las empresas. Que les  impide acceder a integrar los fondos de maniobra que financian sus necesidades operativas de fondos. De nuevo se reduce la productividad y los volúmenes de producción. Al haber menos producción en relación al activo fijo inmovilizado, esto aumenta la incidencia de los costos fijos sobre los costos unitarios totales. Lo que retroalimenta la caída de rentabilidad.

Esta es la causa principal que reduce los excedentes de producción que las empresas pueden destinar a los mercados de exportación. La presión compradora de estos mercados empuja al alza los precios en los mercados domésticos, por la mencionada reducción de la oferta de bienes y servicios en el mercado local. La disminución de la oferta de bienes, enfrenta un aumento en la oferta de dinero líquido, inyectado por el gobierno, para financiar su gasto desbocado. Esto retroalimenta la inflación, agravando la reducción de las exportaciones y empujando al alza a la cotización de las divisas. Una apreciación de las divisas, la contracara de la devaluación de nuestra moneda, debería impulsar a un aumento de la inversión para aumentar las exportaciones. Lo cual no ocurre, por las razones detalladas anteriormente. Si además, el gobierno pretende imponer mayores retenciones a las exportaciones, para recaudar más e intentar cancelar deuda, solo consigue estrangularse solo. Estas medidas solo logran reducir el volumen del comercio exterior, como ya explicó hacen más de  2 siglos David Hume. Porque no se puede importar sin exportar ni exportar sin importar[6]. Además, el incremento de los aranceles que gravan nuestras exportaciones al exterior, afectan la rentabilidad de la actividad exportadora, la dejan sin fuentes de financiamiento, reducen sus márgenes de endeudamiento en relación a ventas, por el aumento del riesgo soberano y al disminuir las fuentes de generación de ingresos de divisas, condenan a nuestra economía a un cada vez mayor cierre, que la priva de poder incorporar tecnologías, maquinarias de última generación y sigue impactando en la pérdida de competitividad internacional de nuestras empresas.

Urge reducir fuertemente el gasto público improductivo. Revisar a todos los niveles la administración pública nacional, llevando adelante una presupuestación de base cero. Equilibrar el presupuesto, para poder reducir las alícuotas impositivas y retroceder en la curva de Laffer a niveles de razonabilidad fiscal. Detener la emisión monetaria, de modo de dotar al dinero de mayor estabilidad y obligar al gobierno a abandonar esa fuente de financiamiento, mediante la eliminación de la obligatoriedad de pactar todos los contratos en pesos. La utilización de contratos nominados en divisas proporcionará estabilidad de las relaciones insumo producto y mucha mayor certeza en el cumplimiento de las obligaciones crediticias privadas. Esto haría caer las tasas de riesgo país, abaratando el crédito privado e impulsando la inversión y el crecimiento.

[1] https://www.rankia.com/blog/golpe-efecto/4028592-politicas-oferta-curva-laffer-gasto-era-reagan

[2] https://www.youtube.com/watch?v=sXhA8MbaaZA

[3] http://www.fao.org/3/a0323s/a0323s09.htm

[4] https://www.eseade.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/Alonso-Neira.pdf

[5] https://www.cronista.com/columnistas/Banco-Central-el-falsificador-serial-20190130-0061.html

[6] https://bazar.ufm.edu/david-hume-sobre-la-balanza-comercial-pero-en-realidad-sobre-la-moneda-y-el-ajuste-de-los-precios/

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Fuente: www.NetNews.com.ar